Las elecciones presidenciales brasileñas llegaron a su tramo decisivo bajo una combinación especialmente peligrosa: un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, dificultades para acceder a los centros de votación y una respuesta tardía de las autoridades electorales. En una contienda en la que cada voto podía alterar el resultado, la logística dejó de ser un asunto secundario y pasó a formar parte de la disputa política.
Un país dividido ante un margen mínimo
Alrededor de 160 millones de brasileños estaban llamados a votar en unas elecciones de alcance internacional y con dos candidaturas sometidas a elevados niveles de rechazo. Las últimas encuestas habían dibujado un escenario prácticamente igualado: Datafolha llegó a situar a Flávio Bolsonaro por delante, con un 51% frente al 49% de Lula, apenas un día después de registrar un empate del 50%.
Ese margen estrecho convertía la participación en el factor determinante. En la primera vuelta, unos 33 millones de electores no acudieron a las urnas, y una parte significativa de ellos reside en barrios periféricos o populares, donde las distancias y la dependencia del transporte público pueden decidir si el voto llega a contarse. La campaña de Lula necesitaba una movilización elevada para compensar la ventaja que las encuestas atribuían a su rival; cualquier obstáculo en esas zonas podía tener un efecto electoral directo.
La importancia de este dato excede la aritmética. Cuando una elección se decide por una diferencia reducida, la abstención deja de ser solamente una expresión de apatía o desinterés. Puede reflejar desigualdades concretas en el acceso a los colegios electorales. En ese contexto, una interrupción del transporte no afecta por igual a todos los ciudadanos: golpea con mayor intensidad a quienes viven lejos, carecen de vehículo privado y dependen de servicios municipales.
El transporte público se convierte en campo de batalla
Los fallos graves del transporte en una decena de ciudades provocaron largas esperas y dificultades para llegar a los centros de votación. La Constitución brasileña contempla la gratuidad del transporte durante las jornadas electorales precisamente para reducir el impacto de la desigualdad territorial en las grandes ciudades y en el extenso interior del país. Por eso, la insuficiencia del servicio no puede interpretarse como una simple molestia administrativa.
La controversia se agravó porque muchos gobiernos municipales están alineados con el candidato de la derecha, mientras que los votantes de los barrios más afectados constituyen una base esencial para Lula. No estaba claro si los problemas obedecían a una estrategia deliberada para dificultar la participación, como denunciaban sectores vinculados al oficialismo, o a las fuertes tormentas registradas en São Paulo y otras ciudades del sureste. La falta de una explicación rápida y verificable alimentó ambas hipótesis.
El antecedente de las elecciones de 2022 reforzó la sospecha. Entonces, el ayuntamiento bolsonarista de Salvador de Bahía restringió la circulación de autobuses durante la votación, una actuación que llevó a las autoridades electorales a ordenar la detención del secretario de Transporte. La comparación no demuestra que ahora se haya repetido la misma conducta, pero sí explica por qué una deficiencia logística adquirió de inmediato una dimensión política y judicial.
Una decisión tardía con consecuencias políticas
Ante las protestas de ambos candidatos, las autoridades electorales prolongaron el cierre de las urnas hasta las nueve de la noche, las dos de la madrugada en España. La medida pretendía permitir que votaran quienes habían quedado atrapados por los problemas de movilidad, pero fue anunciada con retraso. Esa demora abrió una segunda crisis: la decisión podía corregir parcialmente el perjuicio, aunque también dejaba espacio para que las campañas cuestionaran el procedimiento y la validez del resultado.
El analista Oliver Stuenkel, de la Fundación Getulio Vargas, advirtió de que cada hora reducía la probabilidad de que el candidato perdedor reconociera la derrota esa misma noche. Su preocupación apunta al verdadero riesgo institucional: no solo que el recuento sea ajustado, sino que una parte del electorado considere ilegítimo el proceso que lo produce.
La autoridad electoral necesitaba actuar con rapidez y ofrecer una explicación transparente sobre el alcance de la prórroga, los municipios afectados y las garantías para contabilizar los votos. Al no hacerlo con suficiente antelación, permitió que una medida destinada a proteger la participación fuese presentada también como una fuente de incertidumbre. En unas elecciones tan polarizadas, la percepción de improvisación puede ser casi tan dañina como el problema original.
La confianza institucional, bajo presión
La desconfianza se extendió además al Tribunal Supremo Electoral por la figura de su presidente, Kassio Nunes Marques, considerado cercano a Flávio Bolsonaro. Las acusaciones relacionadas con el escándalo del Banco Master y otras controversias personales, mencionadas durante la jornada, no prueban por sí mismas una manipulación electoral. Sin embargo, en un ambiente ya marcado por denuncias de fraude y por el intento de golpe posterior a la victoria de Lula en 2022, cualquier duda sobre la imparcialidad de la máxima autoridad electoral adquiere una gravedad extraordinaria.
El jurista Thiago Bottino sostuvo que lo ocurrido no bastaba para invalidar las elecciones, aunque reconoció que la confianza en el proceso había quedado dañada. Stuenkel fue más lejos al señalar que el Tribunal Supremo podía no estar en condiciones de ejercer el mismo papel estabilizador que desempeñó cuatro años antes. La cuestión central, por tanto, no es únicamente quién gana, sino si los ciudadanos aceptan como legítimo al Gobierno resultante.
Las intervenciones de los candidatos también buscaron influir en esa batalla por la legitimidad. Flávio Bolsonaro votó en el norte de Río de Janeiro con un discurso de moderación y cambio, dirigido a los electores cansados del bolsonarismo más radical y de una situación económica y social percibida como insatisfactoria. Lula votó en el barrio industrial de São Paulo donde trabajó de joven y recordó su trayectoria obrera, mientras intentaba convertir el comentario de su rival, que lo llamó “Nueve dedos” en el debate, en un motivo de movilización para los trabajadores.
El resultado dependerá finalmente del recuento, pero la estabilidad política se decidirá también en la interpretación de ese recuento. Si la diferencia es estrecha y los problemas de transporte quedan sin esclarecer, la disputa puede prolongarse más allá de la noche electoral. Brasil no afronta solo una elección competida: afronta la prueba de si sus instituciones todavía pueden producir un resultado aceptado por una sociedad profundamente dividida.