El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) advirtió este martes a los equipos de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro que la multiplicación de demandas por contenidos en redes sociales puede restringir el debate en la campaña para la segunda vuelta del 25 de octubre. Tras la primera ronda, celebrada el 4 de octubre, el organismo registró 162 recursos judiciales, más del triple que en el mismo periodo de las elecciones de 2022. Las campañas se acusan mutuamente de difundir información falsa y han llevado a las plataformas tecnológicas al centro de una disputa que ahora combina propaganda, moderación y decisiones judiciales.
Una campaña que se traslada a los tribunales
La advertencia del TSE apunta a un riesgo institucional además de electoral: que la resolución de cada controversia sobre publicaciones termine reduciendo el espacio para la discusión política. El tribunal señaló que la “judicialización electoral” puede generar un “riesgo de restricción al debate”, según una nota enviada a la AFP. La cifra de recursos muestra la escala alcanzada por el conflicto, aunque por sí sola no determina qué acusaciones son válidas ni cuánto influyen las decisiones en los votantes.
Uno de los focos de la controversia es el canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, que supera los cuatro millones de seguidores y fue creado por un diputado oficialista para amplificar mensajes políticos. La campaña de Bolsonaro denunció que allí se habría afirmado, entre otras cosas, que su candidato recortaría beneficios sociales. El equipo de Lula rechazó la acusación. Después de que el funcionamiento del canal provocara decisiones contradictorias, el TSE autorizó su operación este martes.
Lula defendió públicamente la iniciativa el lunes y dijo que abriría canales equivalentes para el Ejército, la Marina y la Aeronáutica, porque WhatsApp le parecía una forma barata de hacer campaña. El episodio expone una tensión propia de la comunicación política digital: un canal puede servir para difundir propuestas directamente a millones de personas, pero su alcance también hace más rápida la circulación de afirmaciones disputadas y aumenta la presión para que autoridades y plataformas intervengan.
Meta y Google, bajo escrutinio
La confrontación no se limita al intercambio entre candidatos. El Partido de los Trabajadores denunció una supuesta “interferencia” de Meta por restricciones a sus contenidos en Instagram. El TSE pidió explicaciones a la empresa, que calificó de “falsas” las acusaciones y atribuyó los problemas a fallas técnicas de alcance mundial. La campaña de Lula también afirmó que Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google, le atribuyó declaraciones inexistentes. El material disponible no detalla el alcance de esos incidentes, pero las denuncias trasladan parte de la discusión sobre la equidad electoral a sistemas privados de distribución y generación de información.
Ese desplazamiento vuelve más compleja la tarea de supervisión: las plataformas pueden afectar la visibilidad de los mensajes, mientras los tribunales deben determinar qué medidas corresponden sin convertir la vigilancia de la campaña en una limitación general de la expresión política. La sucesión de acusaciones y respuestas deja además a los votantes ante versiones enfrentadas sobre el funcionamiento de los canales digitales, en un contexto de decisiones que pueden cambiar en pocos días.
Una competencia marcada por las redes
Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llega a la segunda vuelta como favorito tras imponerse por estrecho margen a Lula en el primer turno, según el reporte. En el bando de Lula, que tiene 80 años, la estrategia reciente ha buscado ampliar su presencia entre los jóvenes y adaptarse a formatos de redes sociales: tras perder la primera ronda, convocó a políticos jóvenes con millones de seguidores y participó en videos de campaña con selfies. Hasta entonces, apenas utilizaba celular, de acuerdo con la información publicada.
La derecha, por su parte, reivindica la eficacia de su comunicación en redes y cuenta con varios candidatos influencers que resultaron electos. La disputa por el alcance digital, por tanto, no es un asunto accesorio de esta campaña: se ha convertido en un terreno de competencia política y, al mismo tiempo, en un desafío para la autoridad electoral. Con la votación del 25 de octubre próxima, el equilibrio entre frenar la desinformación y preservar el debate será una de las pruebas centrales para el TSE.