Las elecciones israelíes del 27 de octubre han adquirido para los palestinos una dimensión que excede con mucho el resultado de una contienda partidista. En Gaza y Cisjordania, donde millones de personas no tienen derecho a votar ni capacidad efectiva para influir en la formación del gobierno israelí, el nombre del próximo primer ministro se interpreta como una variable de seguridad, acceso humanitario, movilidad, empleo y supervivencia económica. La expectativa palestina de que Benjamin Netanyahu sea derrotado no nace de la confianza en que su principal rival, Gadi Eisenkot, vaya a impulsar de inmediato un Estado palestino, sino del cálculo de que un cambio de gobierno podría detener algunas de las políticas que han convertido la ocupación y la guerra en una presión cotidiana.
La paradoja central es evidente: los palestinos esperan que una elección ajena modifique su realidad porque las instituciones propias han perdido capacidad de protegerlos. La Autoridad Palestina se encuentra debilitada financieramente y políticamente; Gaza permanece fragmentada, devastada y bajo control militar israelí en amplias zonas; y las decisiones esenciales sobre fronteras, permisos, recaudación fiscal y ayuda dependen de Israel o de actores internacionales. En ese contexto, la elección israelí funciona para muchos palestinos como un referéndum indirecto sobre el grado de coerción que deberán soportar durante los próximos cuatro años.
La diferencia que los palestinos sí perciben
El contraste entre Netanyahu y Eisenkot no se presenta como una elección entre guerra y paz. Ambos han rechazado, según el marco político descrito, la creación inmediata de un Estado palestino y ambos consideran necesario mantener fuertes restricciones sobre Hamás y sobre el movimiento de mercancías hacia Gaza. La diferencia se sitúa en otro nivel: la intensidad de la ocupación, la relación con los colonos, la disposición a cooperar con los planes internacionales para Gaza y la posibilidad de aliviar la presión económica sobre Cisjordania.
Ese matiz explica por qué palestinos como Haitham Abdel Jaber expresan la esperanza de que Netanyahu pierda aunque no esperen beneficios directos de Eisenkot. Tras ser hospitalizado por una agresión durante la cosecha de aceitunas, Abdel Jaber no describió al opositor como un aliado palestino; lo presentó como una oportunidad para reducir el deterioro. La lógica es defensiva, no programática. Cuando el umbral de daño es tan elevado, una mejora limitada puede adquirir un valor político enorme.
La guerra en Gaza constituye el principal factor de esa percepción. Según funcionarios sanitarios locales citados en la información, los ataques israelíes posteriores al alto el fuego han causado más de 1.400 muertos, mientras Israel ha ampliado el área que controla. El ejército israelí sostiene que sus operaciones se dirigen contra militantes de Hamás y buscan proteger a las comunidades israelíes cercanas. Para la población civil, sin embargo, la distinción entre objetivo militar y consecuencias humanitarias se vuelve abstracta cuando las familias viven entre edificios destruidos, desplazamientos repetidos y servicios médicos insuficientes.
El caso de Saed Abu Aita ilustra la dimensión personal de esa devastación. Vive con un fragmento de metralla en el pecho y asegura que un ataque israelí mató a su padre y a sus dos hijas. No ha podido visitar sus tumbas porque se encuentran en una zona de Gaza bajo control israelí. Para personas en esa situación, una elección no puede resolver la pérdida ni garantizar justicia, pero sí puede determinar si habrá más ataques, más ayuda o alguna posibilidad de regresar a una vivienda.
Cisjordania: la violencia local se ha convertido en política de Estado
En Cisjordania, la presión no procede únicamente de las operaciones militares. Los puestos de avanzada levantados por colonos, muchos ilegales incluso según la legislación israelí, han alterado el equilibrio territorial y la seguridad de comunidades palestinas enteras. El robo de ganado, la tala de olivos, los incendios y las agresiones durante la cosecha anual afectan simultáneamente a la propiedad, la identidad cultural y los ingresos familiares.
La expansión de más de cien asentamientos anunciada recientemente por Netanyahu no es un gesto simbólico. Cada nuevo núcleo de población israelí puede fragmentar las comunicaciones palestinas, dificultar la continuidad territorial y aumentar la dependencia de carreteras, permisos y controles administrados por Israel. La consecuencia acumulativa es más importante que cada asentamiento considerado por separado: la posibilidad de un acuerdo territorial futuro se vuelve más difícil mientras la realidad sobre el terreno se reorganiza de manera permanente.
La primera idea que suele subestimarse es que la violencia de los colonos no constituye solo un problema de orden público, sino un mecanismo de transformación territorial. Si los ataques expulsan a familias de zonas rurales, reducen la agricultura y hacen inviable el regreso, el desplazamiento produce efectos equivalentes a una política de anexión gradual, aunque no siempre exista una declaración formal. Por eso la promesa de Eisenkot de desmantelar asentamientos situados en áreas que los acuerdos interinos reservaban a la Autoridad Palestina puede ser relevante incluso si no incluye un compromiso con la soberanía palestina plena.
La disputa sobre la respuesta estatal también revela un conflicto dentro de Israel. El ejército y la policía pueden presentar los enfrentamientos como “fricciones” entre dos comunidades, mientras los palestinos y las organizaciones de derechos humanos denuncian una violencia sistemática y una impunidad estructural. La detención de al menos diez israelíes tras ataques contra palestinos, un fotógrafo estadounidense y diplomáticos europeos demuestra que las autoridades pueden intervenir. La cuestión política es si esas intervenciones serán excepcionales o si formarán parte de una estrategia sostenida de prevención y sanción.
El estrangulamiento económico tiene efectos políticos más profundos
La dimensión económica conecta Gaza y Cisjordania. Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, la prohibición generalizada de que los palestinos trabajen en Israel ha eliminado una fuente esencial de ingresos para miles de familias. Al mismo tiempo, Israel ha retenido fondos fiscales destinados a la Autoridad Palestina, acusándola de utilizar ese dinero para financiar el terrorismo. Los funcionarios palestinos niegan la acusación, pero el resultado práctico es el mismo: la administración que paga salarios, mantiene servicios y gestiona ciudades se acerca a la insolvencia.
Nasser Osaily, empresario de Hebrón, describe el problema desde la economía real. Afirma que las autoridades le deben millones de dólares en reembolsos asociados a negocios con donantes extranjeros, mientras los comerciantes que alquilan sus locales ya no pueden pagar con normalidad porque los consumidores tienen menos dinero. La cadena es directa: retención de ingresos, menor liquidez institucional, caída del empleo y contracción del consumo. La crisis deja de ser una disputa presupuestaria y se convierte en un proceso de descomposición social.
La segunda conclusión es que la política económica israelí puede producir una dependencia paradójica. Al debilitar a la Autoridad Palestina, reduce su capacidad de gobernar y de cooperar en seguridad, pero también aumenta la necesidad de que Israel administre directamente más aspectos de la vida palestina. Esa dinámica beneficia a quienes sostienen que no existe un socio palestino fiable, porque la debilidad resultante se utiliza como prueba de la propia tesis. Sin embargo, también eleva los costos de ocupación, multiplica los puntos de fricción y reduce los incentivos palestinos para preservar instituciones que no pueden proteger sus ingresos.
Los asesores de Eisenkot prometen aliviar la presión económica y evitar la apertura de un nuevo frente en Cisjordania. Para la población palestina, esa promesa tendría valor inmediato: permitiría pagar salarios, sostener comercios y preservar comunidades rurales. Pero no resolvería la causa estructural de la dependencia. Sin cambios en el régimen de permisos, la recaudación fiscal, la expansión de asentamientos y el control territorial, cualquier alivio podría ser reversible y quedar sometido a la siguiente crisis de seguridad.
La variable que puede frustrar las expectativas palestinas
El debate electoral israelí sigue dominado por la seguridad de los ciudadanos israelíes, no por la situación humanitaria palestina. Tras los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, una parte amplia del electorado considera que mantener el control militar, restringir el movimiento de mercancías y continuar los ataques contra Hamás es una condición de supervivencia nacional. Esa percepción limita el margen de cualquier gobierno opositor. Eisenkot podría buscar una cooperación más estrecha con la Junta de Paz para Gaza y respaldar un plan de reconstrucción, pero tendría que hacerlo sin parecer dispuesto a conceder a Hamás una capacidad militar renovada.
La tercera idea es que un cambio de primer ministro puede modificar la gestión del conflicto sin modificar su arquitectura. Si la coalición que sustituye a Netanyahu mantiene la premisa de que la seguridad israelí exige control territorial indefinido, las diferencias aparecerán en los métodos: más coordinación internacional, mayor control de los colonos, permisos económicos selectivos y una política humanitaria más organizada. Para los palestinos, eso podría reducir sufrimientos concretos, pero no alteraría la desigualdad de poder que origina la crisis.
Además, la política israelí no depende exclusivamente del primer ministro. Los aliados de extrema derecha, entre ellos Bezalel Smotrich, han pedido endurecer la represión en Cisjordania y mantener condiciones precarias en Gaza para privar a la población de esperanza. Si esas fuerzas conservan una posición determinante en la coalición, podrían bloquear concesiones, impedir el desmantelamiento de puestos de avanzada y convertir cualquier apertura humanitaria en una disputa interna. La derrota de Netanyahu, por tanto, no garantizaría una derrota de la agenda que lo ha respaldado.
Después del 27 de octubre, tres escenarios plausibles
El primer escenario es una transición limitada. Un nuevo gobierno frenaría algunas expansiones, actuaría con más firmeza contra la violencia de los colonos y facilitaría la cooperación internacional para reconstruir Gaza. La ayuda humanitaria mejoraría y la Autoridad Palestina recibiría parte de los fondos retenidos. Sería el escenario más favorable para los palestinos, aunque seguiría dejando intactos el bloqueo, la fragmentación territorial y la ausencia de una ruta política hacia la autodeterminación.
El segundo es la continuidad con un rostro distinto. Eisenkot podría asumir el gobierno, pero mantener restricciones severas sobre Gaza, operaciones militares contra Hamás y una política de seguridad basada en el control israelí. En Cisjordania, las promesas contra los extremistas podrían producir algunas detenciones sin detener la expansión de asentamientos. Este desenlace reduciría el deterioro más visible, pero mantendría la frustración y podría generar la percepción de que el cambio electoral fue puramente cosmético.
El tercer escenario es una escalada. Si Netanyahu conserva el poder o si una coalición rival depende de los sectores más radicales, Gaza podría quedar sometida a condiciones destinadas deliberadamente a impulsar la emigración, mientras Cisjordania sería tratada como un nuevo frente militar. La retención fiscal, la expansión de puestos de avanzada y los ataques de colonos podrían intensificarse. En ese caso, la elección no solo frustraría las expectativas palestinas: también aumentaría la probabilidad de nuevos ciclos de violencia, desplazamientos forzados y aislamiento internacional.
La mayor amenaza transversal es que las expectativas creadas por la elección superen la capacidad real de cualquier gobierno para producir cambios. Si los palestinos interpretan la derrota de Netanyahu como el comienzo de una reparación y después encuentran más controles, más bombardeos o más asentamientos, la decepción puede alimentar la radicalización. Para Israel, el riesgo consiste en confundir la ausencia de una solución inmediata con la ausencia de una alternativa política. La estabilidad que algunos votantes buscan mediante la fuerza puede volverse más frágil cuando la población sometida no ve ninguna vía institucional para modificar su destino.
Los palestinos no están eligiendo a Eisenkot. Están intentando decidir, desde fuera de las urnas, qué versión del poder israelí administrará sus fronteras, sus ingresos, sus cultivos y sus posibilidades de reconstrucción. Su esperanza no es la confianza en un acuerdo cercano, sino el deseo de detener una trayectoria que consideran intolerable. El resultado del 27 de octubre mostrará si Israel entiende esa demanda como una señal de alarma o únicamente como un asunto interno de seguridad. Esa diferencia determinará si la elección abre un margen de contención o consolida una crisis cada vez más difícil de revertir.