La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que el aumento del salario mínimo para 2027 se limite a la inflación más dos puntos porcentuales. Su presidente, Juan José Sierra, advirtió que un incremento superior al 10 %, como los aplicados recientemente, podría elevar la presión sobre las empresas y acelerar el cierre de negocios, especialmente entre las pequeñas y medianas.
Más costos en una economía estancada
La petición empresarial llega antes de la discusión que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) prevé iniciar en noviembre, con una decisión esperada para diciembre. Coparmex sostiene que el contexto económico ya no permite repetir aumentos de dos dígitos: sus encuestas muestran que las compañías han pasado de expandirse a resistir, mientras la informalidad alcanza a más de la mitad de la fuerza productiva.
El argumento central del sector privado es que el salario mínimo enfrentará una presión adicional desde enero de 2027, cuando comenzará la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La reforma, que se aplicará entre 2027 y 2030, implicará mayores costos laborales por hora y podría afectar primero a las empresas con menor margen financiero. Entre el 90 % y el 95 % de las compañías afiliadas a Coparmex pertenecen a ese segmento.
El Gobierno mantiene una prioridad distinta. El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, señaló que la propuesta oficial se definirá en las mesas de negociación y recordó el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el salario mínimo permita comprar 2,5 canastas básicas, frente a las casi dos que cubre actualmente. La discusión, por tanto, enfrentará dos criterios: preservar la capacidad de compra de los trabajadores y evitar que el ajuste salarial, combinado con la reducción horaria, incentive la informalidad.
La postura de Coparmex coincide con la del Consejo Coordinador Empresarial, que también propuso ajustar el salario únicamente con base en la inflación. El salario mínimo aumentó 13 % en 2026, dentro de una política de recuperación cuyo poder adquisitivo acumula un avance de 154,2 % desde 2018. La próxima negociación definirá si esa estrategia continúa al mismo ritmo o entra en una fase de moderación.