La entrada de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos, los días 30 y 31 de julio, coincidió con movimientos de buques militares marroquíes en aguas que España considera propias. La coincidencia elevó la tensión bilateral, pero la información disponible no demuestra que ambos episodios formaran parte de una misma operación. Esa distinción resulta clave: hubo una crisis migratoria de escala extraordinaria y, en paralelo, incursiones navales que llevaron a España a reforzar su vigilancia.
Dos episodios simultáneos, sin una conexión acreditada
Una investigación de El País, basada en fuentes conocedoras de los incidentes, sostiene que al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí navegaron sin autorización por aguas de Ceuta. Según esas fuentes, no fueron pasos accidentales: los movimientos se repitieron durante los primeros días de agosto y estuvieron a punto de provocar una colisión entre un patrullero español y otro marroquí. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó la entrada de los buques.
La proximidad temporal con la llegada masiva de migrantes alimentó las preguntas sobre el papel de Rabat. Sin embargo, las fuentes consultadas por el diario no confirmaron una coordinación entre las llegadas por tierra y a nado y las incursiones militares, ni atribuyeron de forma concluyente al Estado marroquí la organización del flujo migratorio. Son fenómenos distintos en naturaleza y cadena de mando; tratarlos como una sola acción excedería lo que permiten afirmar los datos publicados.

La respuesta española buscó disuadir sin escalar
Ante las incursiones, el Estado Mayor de la Defensa reforzó la presencia naval alrededor de la ciudad. El buque de acción marítima Rayo llegó a Ceuta el 3 de agosto desde su base en Las Palmas de Gran Canaria para apoyar las tareas de vigilancia. Como los movimientos continuaron, España envió la fragata Santa María, procedente de Rota. Una avería obligó a reemplazarla por la Navarra, también integrada en la 41.ª Escuadrilla de Escoltas.
El 6 de agosto, las dos fragatas atracaron durante unas horas en Ceuta para trasladar entre ellas al equipo de Infantería de Marina embarcado, según la información de El País. La actuación combinó presencia y disuasión naval con gestiones del Ministerio de Defensa ante las autoridades de Rabat. De acuerdo con las fuentes citadas, las incursiones cesaron después de esas medidas. El objetivo operativo era contener el riesgo de un choque entre fuerzas armadas, no convertir una disputa marítima en una confrontación abierta.
La disputa sobre las aguas da contexto, pero no resuelve la cuestión jurídica
España sostiene que su mar territorial se extiende hasta 12 millas náuticas desde la costa, conforme al marco jurídico marítimo aplicable. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla ni las aguas que España reivindica alrededor de ambas ciudades. Ese desacuerdo de fondo ayuda a explicar la recurrencia de fricciones marítimas, pero no determina por sí solo la calificación legal de cada navegación: esta depende de las circunstancias concretas y de las normas aplicables.
El País ha señalado otros episodios en los que embarcaciones de la Gendarmería marroquí entraron en aguas consideradas españolas durante persecuciones de presuntas narcolanchas. Los movimientos descritos en julio y agosto destacaron, no obstante, por involucrar buques de guerra y producirse durante una crisis especialmente delicada. Marruecos cuenta con una instalación naval en Ksar Sghir, a unos 35 kilómetros al oeste de Ceuta, donde operan unidades de su Marina Real, entre ellas la fragata Mohammed VI y embarcaciones de la clase Sigma.
La vigilancia política continuó después de agosto
La respuesta no se limitó al despliegue naval. Según la investigación, el rey Felipe VI presidió el 8 de septiembre una reunión en el Palacio de la Zarzuela con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y altos mandos militares para analizar la situación de Ceuta. Robles defendió que las tareas de vigilancia y disuasión se desarrollaban dentro de la legalidad y anunció que las denuncias por presuntos malos tratos a migrantes serían remitidas a la autoridad judicial para su examen.
Sánchez afirmó después que la interlocución entre España y Marruecos había sido fluida durante aquellos días y que no se habían repetido incidentes de la misma naturaleza. La crisis dejó, así, dos focos de preocupación relacionados por el contexto, pero no probadamente por su origen: una llegada extraordinaria de personas que puso presión sobre Ceuta y unas incursiones navales que exigieron una respuesta militar cuidadosa. Mantener esa separación evita atribuir intenciones sin pruebas y permite dimensionar lo acreditado: tensión bilateral, refuerzo de la vigilancia y riesgo de colisión, sin evidencia publicada de una operación coordinada.