El dato que mejor resume la nueva etapa estratégica es también el que más incomoda a los gobiernos: el gasto militar mundial alcanzó el año pasado los 2,9 billones de dólares, una cifra récord, pero el aumento de los presupuestos no ha producido una sensación equivalente de seguridad. La advertencia formulada en Barcelona por Karim Haggag, director del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), no cuestiona la necesidad de proteger a los Estados frente a amenazas reales. Cuestiona una premisa más profunda: que la acumulación de capacidades militares, por sí sola, pueda resolver conflictos cuya naturaleza es política, económica, tecnológica y social.
Europa concentra buena parte de esa contradicción. Los 22 miembros europeos de la OTAN gastaron conjuntamente 559.000 millones de dólares el año pasado, un 14% más que en 2024. La cifra supera ampliamente los 190.000 millones atribuidos al gasto militar ruso. Sin embargo, la diferencia presupuestaria no se ha traducido en tranquilidad. La guerra de Ucrania continúa condicionando la política de seguridad del continente, la amenaza de acciones híbridas se percibe como más cercana y la confianza en Estados Unidos como garante automático de la defensa europea se ha debilitado.
El problema, por tanto, no es que Europa gaste demasiado en defensa en términos absolutos ni que toda inversión militar sea inútil. El problema es la distancia entre el volumen del gasto y la seguridad que los ciudadanos reciben a cambio. Cuando el desembolso crece con rapidez, pero las causas de la confrontación permanecen intactas, la política de defensa corre el riesgo de convertirse en una respuesta cuantitativa a un problema que exige decisiones cualitativas.
La paradoja de los 559.000 millones
La comparación entre el gasto europeo y el ruso es políticamente poderosa, pero no basta para medir el equilibrio estratégico. Los presupuestos no son unidades intercambiables. Incluyen estructuras militares diferentes, costes laborales distintos, tipos de cambio, capacidad industrial, reservas de munición, experiencia operativa, sistemas de inteligencia y grados desiguales de coordinación. La suma de los presupuestos europeos puede ser muy superior y, aun así, producir menos capacidad inmediata de la que sugiere la cifra agregada si se distribuye entre numerosos ejércitos con equipos, doctrinas y cadenas logísticas no plenamente compatibles.
Esta es la primera conclusión relevante: el gasto militar europeo tiene un problema de conversión. La cuestión decisiva no es cuánto dinero se asigna, sino cuánto de ese dinero se transforma en disuasión creíble, disponibilidad operativa y capacidad de decisión conjunta. Comprar plataformas de armas sin resolver las carencias de mantenimiento, personal, munición, defensa aérea, comunicaciones seguras y transporte estratégico puede elevar el presupuesto sin elevar en la misma proporción la seguridad.
La urgencia derivada de la guerra de Ucrania favorece las adquisiciones rápidas y políticamente visibles. Los gobiernos pueden anunciar nuevos aviones, misiles o vehículos blindados con mayor facilidad que explicar programas de entrenamiento, reformas administrativas o acuerdos de interoperabilidad cuyos resultados tardarán años en ser perceptibles. La presión electoral y la necesidad de responder a una opinión pública alarmada empujan hacia inversiones que ofrecen una señal inmediata de firmeza, aunque no siempre sean las más eficaces para reducir vulnerabilidades concretas.
La segunda conclusión es que el rearme puede generar una dinámica de inseguridad incluso cuando sus promotores lo presentan como defensivo. Si un Estado interpreta el aumento de capacidades de otro como preparación para una confrontación futura, responderá con más gasto, despliegues o medidas de presión. El resultado puede ser una espiral en la que cada actor afirma estar reaccionando a una amenaza y, al mismo tiempo, contribuye a hacerla más probable. La disuasión funciona cuando comunica límites y propósitos comprensibles; pierde eficacia cuando se mezcla con ambigüedad, retórica maximalista o ausencia de canales de contacto.
La guerra híbrida desborda el presupuesto militar
La experiencia europea muestra que la seguridad ya no se decide únicamente en el campo de batalla. Los ataques contra infraestructuras críticas, la manipulación informativa, las operaciones cibernéticas, la presión sobre cadenas de suministro, el sabotaje y la instrumentalización de los flujos migratorios forman parte de un repertorio de coerción difícil de responder con sistemas de armas convencionales. La advertencia de Haggag sobre la guerra híbrida apunta precisamente a esa transformación: una sociedad puede estar mejor armada y continuar siendo vulnerable si sus redes energéticas, instituciones, empresas estratégicas y sistemas de información carecen de protección suficiente.
Esta evolución altera también el reparto de responsabilidades. La defensa deja de ser una tarea exclusiva de los ministerios militares y pasa a involucrar a autoridades civiles, operadores de telecomunicaciones, compañías energéticas, fabricantes de tecnología y medios de comunicación. Un ataque digital contra un hospital, una campaña coordinada de desinformación durante unas elecciones o la interrupción de un cable submarino no se resuelven con más tanques. Exigen protocolos de respuesta, supervisión democrática, cooperación entre agencias y capacidad para atribuir los hechos sin precipitar una escalada.
El sector privado tiene aquí una posición ambivalente. Las empresas de defensa y las compañías tecnológicas pueden aportar innovación, sensores, inteligencia artificial y sistemas de protección más rápidamente que las estructuras públicas. Pero el crecimiento de la demanda militar también crea incentivos para ampliar programas, prolongar contratos y presentar cada vulnerabilidad como una oportunidad de negocio. Sin controles rigurosos, la urgencia estratégica puede reducir la competencia, elevar los costes y hacer que las decisiones de compra respondan más a intereses industriales nacionales que a una evaluación común de las amenazas.
El dilema político: disuasión necesaria, diplomacia debilitada
Los gobiernos europeos tienen razones concretas para aumentar el gasto. La guerra de Ucrania ha demostrado que los conflictos convencionales de alta intensidad no pertenecen únicamente al pasado, mientras que la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense obliga a revisar supuestos que durante décadas se consideraron estables. Para los países situados en el flanco oriental de la OTAN, reducir la inversión en defensa sin obtener garantías alternativas podría parecer una apuesta temeraria. La disuasión, desde esta perspectiva, requiere demostrar que una agresión tendría un coste demasiado alto.
Ese argumento no es incompatible con la crítica del Sipri. La disuasión militar puede ser necesaria y, a la vez, insuficiente. Su eficacia depende de que el adversario comprenda la señal, crea en la voluntad política de emplear los medios disponibles y tenga claro qué salida existe para evitar una confrontación. Si solo se incrementan las capacidades, pero se deterioran los instrumentos diplomáticos, los mecanismos de control de armamentos y los canales de comunicación, se fortalece el componente coercitivo sin construir una vía de desescalada.
Las instituciones multilaterales son el punto más frágil de esta ecuación. Haggag advierte que los organismos capaces de facilitar soluciones de largo plazo pierden peso en un entorno dominado por relaciones transaccionales y victorias rápidas. El diagnóstico tiene consecuencias prácticas: cuando los acuerdos internacionales dejan de ofrecer previsibilidad, cada país intenta protegerse por su cuenta; cuando todos actúan así, disminuye el espacio para negociar reglas comunes. La seguridad colectiva se transforma gradualmente en una suma de estrategias nacionales, más costosas y menos coordinadas.
Para los contribuyentes, la controversia no se limita al tamaño de la factura. También concierne a la calidad del debate público. Un presupuesto de defensa creciente puede desplazar recursos de la protección civil, la ciberseguridad, la energía, la investigación o la cohesión social. No existe una relación automática entre gasto militar y bienestar, pero tampoco entre gasto militar y empobrecimiento. El resultado depende de las prioridades, de la transparencia de las adquisiciones y de si la política de seguridad reduce riesgos o simplemente responde a ellos una vez que se han agravado.
Tres cambios que pueden redefinir el rearme europeo
El primer cambio probable será el paso desde el rearme nacional hacia una discusión más intensa sobre la capacidad industrial europea. Si el continente mantiene presupuestos elevados, crecerá la presión para fabricar más munición, sistemas de defensa aérea, drones, sensores y componentes tecnológicos dentro de Europa. Esta tendencia puede reducir dependencias externas y sostener empleos cualificados, pero también puede fragmentar el mercado si cada Estado protege a sus propios proveedores. Sin compras coordinadas y estándares comunes, el aumento del gasto podría reproducir la dispersión que limita la eficacia operativa.
El segundo cambio será la incorporación de la resiliencia civil como criterio central de seguridad. Los gobiernos tendrán que medir no solo cuántas armas poseen, sino cuánto tiempo pueden mantener funcionando sus redes eléctricas, hospitales, puertos, satélites, sistemas financieros y comunicaciones bajo presión. Esta ampliación puede mejorar la protección de la población y distribuir mejor los recursos, aunque exige una coordinación institucional más compleja y una relación transparente con empresas privadas. También plantea un riesgo: que la etiqueta de seguridad nacional se utilice para reducir controles parlamentarios o justificar restricciones desproporcionadas.
El tercer cambio afectará al vínculo transatlántico. Una Europa menos segura de la permanencia estadounidense tenderá a elevar su autonomía militar, pero autonomía no significa necesariamente separación. El desafío consistirá en desarrollar capacidades propias sin duplicar de manera ineficiente las estructuras de la OTAN ni enviar señales de ruptura que aumenten la incertidumbre. La falta de claridad sobre el reparto de cargas puede ser tan desestabilizadora como la falta de recursos. Una alianza funciona no solo por sus arsenales, sino por la previsibilidad de sus compromisos.
Los riesgos de confundir preparación con seguridad
El primer riesgo es presupuestario. Los programas de defensa tienen ciclos largos, costes de mantenimiento crecientes y tendencia a superar las previsiones iniciales. Si los gobiernos comprometen recursos durante décadas para responder a una emergencia inmediata, pueden quedar atrapados en sistemas poco adaptables cuando cambien las amenazas. El segundo es industrial: una expansión rápida de la producción puede concentrar contratos en pocos grupos, debilitar la competencia y crear dependencias nuevas bajo la apariencia de autonomía estratégica.
El tercer riesgo es político. Presentar cualquier crítica al rearme como ingenuidad o desarme puede empobrecer el debate y dificultar la evaluación de resultados. La pregunta responsable no es si Europa debe defenderse, sino qué combinación de capacidades militares, diplomacia, control de riesgos, protección civil y cooperación económica ofrece mayor seguridad por cada recurso empleado. Una estrategia que no admita esa pregunta puede aumentar el gasto y reducir, paradójicamente, la capacidad de corregir errores.
La advertencia del Sipri llega cuando las amenazas son suficientemente graves como para hacer inevitable una inversión defensiva, pero también suficientemente complejas como para volver peligrosa una respuesta basada solo en el volumen de armas. Europa puede necesitar más medios militares; lo que no puede permitirse es creer que esos medios sustituyen la resolución de conflictos, la diplomacia o la fortaleza institucional. La verdadera prueba del nuevo ciclo de gasto no será el tamaño de los presupuestos, sino si logra reducir la probabilidad de guerra sin convertir cada aumento de seguridad de un país en una amenaza para los demás.