Un juez mexicano impuso prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno, acusado de traición a la patria por la participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas. El exfuncionario permanecerá en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano mientras se define si será vinculado formalmente a proceso.
La audiencia clave será el 24 de octubre
El caso se origina en una operación realizada en abril en la Sierra Tarahumara para inspeccionar un presunto laboratorio de metanfetaminas. Dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente de carretera cuando regresaban del lugar. La presencia de los extranjeros no contaba, según la acusación, con la autorización exigida por la legislación mexicana.

La audiencia celebrada el martes fue suspendida para que la defensa revisara el expediente y posteriormente se reanudó. La próxima comparecencia federal está prevista para el sábado 24 de octubre, cuando el juez deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal por traición a la patria. La prisión preventiva, por tanto, no constituye todavía una condena, pero mantiene al exfiscal recluido durante una etapa decisiva de la investigación.
La defensa cuestiona el vínculo directo
El abogado Héctor Villasana afirmó que ninguno de los más de 150 datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República relaciona directamente a Jáuregui con la operación. Sostuvo que la acusación se basa principalmente en el cargo que ocupaba y no demuestra que conociera la presencia de los agentes estadounidenses. También señaló que una declaración incorporada al expediente indica que esa participación no fue comunicada a los mandos superiores de la Fiscalía de Chihuahua.
El exfiscal enfrenta además en Chihuahua cargos por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, con una audiencia prevista para el 22 de octubre. Ambos procedimientos reflejan que el caso no se limita a la actuación de agentes extranjeros: también pone bajo escrutinio los controles institucionales, la cadena de mando y la responsabilidad de las autoridades mexicanas en operaciones conjuntas contra el narcotráfico.