Alberto Núñez Feijóo ha situado los disturbios registrados en Barcelona en el centro de su discurso de precampaña y los ha vinculado con una disputa política más amplia sobre la seguridad, la estabilidad institucional y el rumbo del país. Durante la presentación en Salamanca de los cabezas de lista del PP al Congreso, el líder popular acusó a Pedro Sánchez de “jugar con fuego” y sostuvo que el Gobierno y sus aliados estarían alentando la tensión ante la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Barcelona como símbolo de una batalla política
La primera cifra que condiciona el debate es la de 128 detenidos, entre ellos 72 menores, tras una concentración juvenil convocada a través de las redes sociales que terminó con enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, incendios y ataques a comercios. La policía autonómica investiga además si parte de los saqueos pudo organizarse previamente mediante grupos de mensajería. Estos datos convierten los incidentes en algo más que un episodio de orden público: plantean preguntas sobre la capacidad de anticipación policial, la coordinación institucional y el uso de plataformas digitales para convocar acciones violentas.
Feijóo ha condenado los disturbios y ha expresado su solidaridad con vecinos, comerciantes y agentes. Su respuesta política, sin embargo, va más allá de la condena. Al afirmar que “como han perdido la calle, quieren incendiarla”, atribuye al Ejecutivo una responsabilidad indirecta en el clima de confrontación, una acusación que eleva la tensión partidista y que no aparece acompañada, en el discurso difundido, de pruebas concretas sobre una implicación gubernamental en los hechos. La formulación permite al PP presentar la seguridad como una línea divisoria electoral, pero también expone al candidato a la exigencia de distinguir entre la crítica política y la atribución de responsabilidades verificables.
El mensaje de firmeza se extiende a Ceuta
El dirigente popular ha conectado los sucesos de Barcelona con otros conflictos recientes, entre ellos el escrache a Santiago Abascal en A Coruña, y ha reprochado a determinados dirigentes que, a su juicio, justifiquen la violencia cuando procede de sectores afines. La conexión busca construir un patrón nacional: para Feijóo, la confrontación política no estaría limitada a una ciudad ni a una protesta concreta, sino que reflejaría una degradación de las reglas de convivencia.
En esa misma lógica ha incorporado la situación de Ceuta. Al inicio de su intervención envió un abrazo a las mujeres ceutíes que se manifiestan en Madrid para reclamar mayor seguridad y respaldo del Estado. Frente a la “barbarie” de los disturbios, contrapuso el “civismo” de esas movilizaciones y aseguró que su compromiso con la ciudad autónoma sigue plenamente vigente. La referencia tiene una doble función: proyecta una imagen de autoridad en materia de seguridad y refuerza la presencia del PP en un territorio donde la protección estatal, la frontera y la relación con las instituciones centrales poseen un peso especialmente sensible.
Feijóo ha anunciado que visitará Barcelona la próxima semana junto al alcalde de Badalona y cabeza de lista por esa provincia, Xavier García Albiol. El desplazamiento pretende convertir la solidaridad expresada en Salamanca en una acción política visible y ofrecer respaldo directo a los sectores más afectados. También servirá para comprobar si el PP consigue trasladar el debate desde las imágenes de los disturbios hacia propuestas concretas de prevención, protección del comercio y respuesta judicial.
Vivienda e impuestos: la promesa de ampliar la base propietaria
El segundo gran anclaje de su intervención ha sido económico. Feijóo ha presentado el encarecimiento de la vivienda, la inflación y la presión fiscal como síntomas de un deterioro que atribuye a la gestión del Gobierno. Su compromiso más cuantificable es la construcción de un millón de viviendas, con el objetivo de aumentar la oferta y facilitar el acceso a la propiedad. La propuesta intenta responder a una de las principales dificultades sociales del momento: la distancia creciente entre los ingresos de los hogares y el coste de comprar o alquilar una vivienda.
La expresión “nueva generación de propietarios” resume una apuesta política reconocible del PP, pero el resultado dependerá de elementos que el discurso no ha detallado por completo: disponibilidad de suelo, colaboración entre administraciones, plazos de construcción, financiación y equilibrio entre vivienda libre y protegida. Aumentar la oferta puede aliviar los precios, aunque el efecto no es automático ni inmediato. La credibilidad de la promesa estará vinculada a la capacidad de convertir el objetivo numérico en un calendario, una distribución territorial y mecanismos de acceso para jóvenes y familias.
Junto a la vivienda, el candidato ha prometido una rebaja inmediata de impuestos dirigida inicialmente a jóvenes, familias y autónomos. Feijóo sostiene que el esfuerzo de los contribuyentes debe traducirse en servicios públicos más eficaces. Esa combinación plantea una tensión habitual en cualquier programa de gobierno: reducir ingresos fiscales y, al mismo tiempo, mejorar prestaciones y capacidad de gestión exige precisar qué gastos se revisarán, qué ingresos se conservarán y cómo se protegerá el equilibrio presupuestario.
Pensiones, auditoría y renovación interna
El tercer eje económico e institucional se apoya en dos compromisos. El primero es mantener la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC, una garantía que Feijóo ha calificado de “innegociable”. También ha prometido proteger el futuro del sistema para los jóvenes y evitar que las prestaciones se conviertan en una “moneda de cambio” política. La formulación busca dirigirse simultáneamente a dos electorados: los pensionistas, preocupados por su poder adquisitivo, y las generaciones más jóvenes, inquietas por la sostenibilidad futura del modelo.
El segundo compromiso es una auditoría general de las cuentas públicas para esclarecer el destino del dinero de los contribuyentes. Feijóo ha presentado esta medida como parte de un Estado “más limpio y ligero” y ha reclamado a sus candidatos respeto, decencia y vocación de servicio. La auditoría puede funcionar como herramienta de transparencia y control, aunque su impacto dependerá de su independencia, del alcance de la revisión y de la publicación de resultados verificables. Sin esos elementos, corre el riesgo de quedar reducida a una consigna de regeneración.
La renovación de las candidaturas pretende respaldar esa imagen de gestión. El PP ha sustituido a 31 de sus 52 cabezas de lista al Congreso, el 59,6% respecto a 2023, con una presencia destacada de alcaldes y responsables autonómicos. Feijóo presenta esa experiencia territorial como garantía de eficacia, mientras pide no dar ningún voto por ganado ni por perdido. Su alternativa queda así definida en tres planos conectados: firmeza frente a la violencia, alivio económico para hogares y empresas, y una administración sometida a mayor control. El cambio que ofrece, ha defendido, debe ser “tranquilo y reformista”, una fórmula orientada a diferenciarse tanto de la continuidad del actual Ejecutivo como de cualquier salida basada exclusivamente en la confrontación.