Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que el Partido Popular mantiene conversaciones con Vox para evitar que el Senado quede bajo el control del bloque progresista después de las elecciones generales del 29 de noviembre. La fórmula sobre la mesa contempla que la formación de Santiago Abascal no presente candidaturas en algunas circunscripciones a cambio de que sus dirigentes puedan acceder posteriormente a puestos de senador por designación autonómica. El acuerdo, que Génova y Bambú negocian con discreción, busca coordinar el voto de la derecha en territorios donde la división entre ambas fuerzas podría facilitar la victoria de las candidaturas de izquierdas.
El calendario añade presión a las conversaciones. El plazo para registrar las listas electorales termina el lunes, por lo que cualquier entendimiento que afecte a la presentación de candidaturas debe cerrarse en los próximos días. Feijóo se ha mostrado confiado en que pueda alcanzarse una fórmula común, aunque ha evitado presentarla como un pacto cerrado. Su advertencia central es que sería un error permitir que el “sanchismo” controle la Cámara Alta “de forma directa o indirecta”.
Una negociación condicionada por el reparto territorial
La propuesta del PP parte de una premisa electoral concreta: en las circunscripciones donde el voto de la derecha se distribuye entre varias listas, la suma de sus apoyos puede no traducirse en una mayoría de escaños. La retirada de Vox en determinados territorios permitiría concentrar el respaldo en la candidatura popular, mientras que la compensación se articularía mediante senadores designados por las comunidades autónomas. Esa salida no equivale a un intercambio automático de escaños, pero sí abre una vía para que Vox mantenga presencia institucional aunque no concurra en todas las provincias.
El alcance real de la oferta dependerá de dos decisiones que todavía deben concretarse: en qué circunscripciones estaría dispuesto Vox a no competir y qué garantías políticas recibiría a cambio. La primera cuestión afecta directamente a la capacidad del PP para transformar una candidatura unificada en más senadores. La segunda se relaciona con la confianza entre dos partidos que cooperan en algunos gobiernos autonómicos, pero mantienen una competencia abierta por el liderazgo de la derecha.
Feijóo ha descrito la negociación en términos de responsabilidad institucional. “Ellos saben hasta dónde podemos llegar, ellos saben que tenemos sentido de Estado”, afirmó en una entrevista en la cadena COPE. El líder popular añadió que, si el entendimiento es recíproco y cada parte actúa teniendo en cuenta sus posibilidades, habrá que “buscar alguna fórmula”. El lenguaje empleado refleja que el PP pretende presentar el acuerdo como una decisión orientada a la mayoría parlamentaria, mientras Vox deberá valorar si la retirada en algunas provincias fortalece o debilita su posición ante sus electores.
El Senado, objetivo prioritario de los bloques
La iniciativa del PP se produce después de que el PSOE y otras formaciones de izquierdas alcanzaran un acuerdo para concurrir conjuntamente al Senado en 47 circunscripciones. El pacto fue presentado el viernes desde Ferraz como un “acuerdo histórico” y pretende reducir la dispersión del voto progresista en una cámara donde la coordinación de las candidaturas puede tener un efecto decisivo. Las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE han reclamado ahora que todos los partidos participantes mantengan la misma responsabilidad y el mismo compromiso que permitieron cerrar el entendimiento.
La coincidencia temporal de ambos movimientos confirma que el Senado se ha convertido en una pieza estratégica de la campaña antes incluso de que se abran oficialmente las urnas. Los partidos no están negociando únicamente la composición de sus listas, sino también la arquitectura parlamentaria que podría surgir el día después de las elecciones. La disputa supera, por tanto, la suma de candidaturas: afecta a la capacidad de cada bloque para aprobar iniciativas, condicionar la agenda legislativa y proyectar una imagen de mayoría política.
En este escenario, la coordinación territorial adquiere más importancia que la fuerza agregada de cada partido en el conjunto del país. Una formación puede obtener un respaldo relevante a escala nacional y, sin embargo, perder representación si sus votos quedan divididos en circunscripciones donde el sistema favorece a las listas más competitivas. De ahí que el PP trate de convertir el acuerdo con Vox en una herramienta de concentración electoral y que la izquierda haya optado por una estrategia similar en 47 territorios.
Vox debe decidir entre presencia y capacidad de influencia
Para Vox, la negociación plantea un equilibrio delicado. Presentarse en todas las provincias garantiza visibilidad y permite medir su fuerza sin intermediarios, pero también puede reducir las posibilidades de que el bloque conservador logre una mayor representación en determinadas circunscripciones. No concurrir en algunas de ellas podría facilitar senadores afines al PP, aunque exigiría confiar en que la designación autonómica posterior compense la renuncia electoral y que esa compensación sea políticamente verificable.
Para Feijóo, el riesgo es distinto. Un acuerdo territorialmente limitado podría ser insuficiente para impedir que la izquierda conserve o alcance una posición dominante en la Cámara Alta. Además, cualquier cesión a Vox tendría que presentarse de forma compatible con el objetivo del PP de aparecer como la principal alternativa de gobierno. La negociación se mide así en dos planos simultáneos: el número potencial de senadores y la autoridad política con la que cada partido llegará a la campaña.
El cierre de las listas convertirá en hechos concretos las conversaciones mantenidas hasta ahora bajo reserva. Si el PP y Vox alcanzan un entendimiento, la clave estará en su alcance territorial y en las garantías asociadas a la designación autonómica. Si no lo hacen, ambos bloques concurrirán con estrategias separadas, mientras la izquierda intentará aprovechar el acuerdo alcanzado en 47 circunscripciones. En cualquiera de los dos casos, la batalla por el Senado será uno de los primeros indicadores de la capacidad de los partidos para transformar alianzas electorales en poder parlamentario.