Francia afronta este sábado una nueva jornada de movilizaciones bajo una presión excepcional: el Gobierno ha desplegado 70.000 policías y gendarmes, numerosas ciudades han prohibido las concentraciones y el temor a nuevos saqueos ha llevado a comerciantes de París a proteger sus escaparates. La protesta estudiantil, el movimiento de los chalecos amarillos y las marchas sindicales confluyen en un escenario marcado por la inseguridad, la disputa política y un atentado de signo racista que ha elevado todavía más la tensión.
70.000 agentes para contener una amenaza que desborda la protesta
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostiene que el riesgo de disturbios sigue siendo elevado, sobre todo por la posible actuación de grupos radicales de extrema izquierda y de delincuentes ajenos a las convocatorias oficiales. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha prometido una respuesta “implacable” contra saqueadores y alborotadores, después de que la semana anterior los episodios de vandalismo causaran daños en unos 3.000 comercios.
La dimensión del dispositivo de seguridad revela que las autoridades ya no interpretan las movilizaciones solo como una disputa social. La preocupación central es que las marchas funcionen como cobertura para acciones violentas contra comercios, edificios públicos o fuerzas del orden. Esa lectura explica la decisión de blindar zonas comerciales y centros de poder, pero también alimenta las críticas de la izquierda, que denuncia una restricción desproporcionada de las libertades, y de la derecha, que acusa al Gobierno de no haber prevenido los disturbios anteriores.
El miedo ha tenido además un efecto inmediato en la economía urbana. Vidrieros, carpinteros y empresas de seguridad privada reciben más encargos de los que pueden atender. Los primeros reparan cristales rotos o instalan paneles de madera; los agentes privados son contratados para vigilar establecimientos ante la percepción de que la policía no podrá responder a todas las llamadas. También ha aumentado la demanda de productos de autodefensa sin licencia, como los aerosoles, mientras algunos medios próximos a la extrema derecha difunden la idea de armar a los comerciantes o formar milicias, una deriva que podría agravar el riesgo de enfrentamientos.
París transforma el recorrido en una cuestión de control territorial
En la capital, la disputa entre los organizadores y la prefectura se ha concentrado en el itinerario. Los manifestantes pretendían marchar desde la Bastilla hasta la Ópera Garnier, un trazado que atravesaba áreas comerciales muy expuestas y se aproximaba al Elíseo. Finalmente, aceptaron el recorrido impuesto entre la Bastilla y la plaza de la Nación, después de que la policía recordara por megafonía que la concentración original estaba prohibida.
La decisión no es meramente logística. Desviar la marcha hacia un itinerario conocido por las fuerzas de seguridad permite alejarla de los grandes bulevares, de las instituciones centrales y de los puntos con mayor concentración de comercios. La Bastilla permanecía con tráfico y el metro seguía abierto, mientras los antidisturbios controlaban los accesos. En paralelo, el Louvre, los museos de Orsay y Picasso y el Palacio de Versalles cerrarán sus puertas. El toque de queda nocturno se mantendrá hasta el lunes en las zonas de la plaza de la República y Les Halles.
La prohibición de manifestaciones no sindicales afecta especialmente a los chalecos amarillos y a las organizaciones estudiantiles, aunque las autoridades asumen que algunos de sus integrantes podrían incorporarse individualmente a las marchas autorizadas. Marsella, Lyon, Le Havre, Rouen, Le Mans, Montpellier, Grenoble, Niza, Toulon y Perpiñán han vetado las concentraciones, y en Marsella el transporte público permanecerá suspendido durante 24 horas. El objetivo es reducir los puntos de fricción, pero la fragmentación de las protestas puede desplazar la tensión hacia espacios menos previsibles.
El atentado de Trappes añade una fractura identitaria
La situación se agravó el viernes con un ataque en Trappes, a unos 30 kilómetros al oeste de París. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, después de que un individuo disparara desde su vehículo. El presunto autor, Kevin T., de 39 años y con antecedentes por delitos comunes, fue detenido. La Fiscalía Antiterrorista informó además de que había preparado un dispositivo trampa en su domicilio, aparentemente para activarlo con la llegada de los agentes.
El carácter xenófobo atribuido al atentado introduce una dimensión especialmente peligrosa en una movilización ya atravesada por la polarización política. El ataque puede alimentar represalias, discursos de odio y sospechas generalizadas contra comunidades concretas, precisamente cuando las ciudades están más militarizadas y los canales de comunicación pública se encuentran sometidos a una fuerte presión. La prioridad de las autoridades será impedir que un hecho criminal se convierta en un detonante colectivo.
Los estudiantes mantienen la presión mientras la ultraderecha prepara su escenario
La reunión entre Emmanuel Macron y los sindicatos estudiantiles no ha desactivado las protestas. Los representantes reconocen algunos avances, pero reclaman medidas concretas y mantienen como objetivo la derogación total de la reforma del acceso a la universidad. También exigen mejores condiciones de estudio en los institutos y la sustitución de profesores. La apertura del presidente a modificar el sistema no satisface a un movimiento que considera insuficientes las concesiones parciales.
El malestar estudiantil se cruza con una crisis política de mayor alcance. En Orléans, a unos 130 kilómetros de París, la Agrupación Nacional celebra un congreso para presentar oficialmente la candidatura presidencial de Marine Le Pen, a unos seis meses de las elecciones. Las autoridades esperan entre 20.000 y 30.000 opositores, frente a unos 10.000 simpatizantes previstos por el partido, y desplegarán cerca de 3.000 agentes. Las manifestaciones destinadas a boicotear el congreso han sido prohibidas, aunque sí se autorizará la marcha sindical vinculada a la protesta nacional.
La comparación con Mayo del 68 aparece en el discurso de los estudiantes, pero el contexto actual es distinto: la movilización social convive con una extrema derecha electoralmente consolidada, una crisis de seguridad y una administración que limita el espacio público para evitar nuevos disturbios. Francia llega así al sábado con las calles bajo vigilancia, los comercios atrincherados y una pregunta política abierta: si las restricciones contienen la violencia o terminan ampliando la distancia entre el poder y una sociedad movilizada.