Francia vivió este sábado una nueva jornada de movilizaciones convocadas por los chalecos amarillos y organizaciones estudiantiles, bajo un amplio despliegue de seguridad y con restricciones a varias concentraciones. Las autoridades informaron de 135 detenidos y decomisos de objetos potencialmente peligrosos, aunque el ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró hasta la una de la tarde que no se habían producido incidentes de gravedad comparable a los disturbios de la semana anterior.
La jornada se desarrolló en un contexto político y social especialmente delicado para el Gobierno del presidente centroderechista Emmanuel Macron, que dejará el cargo en mayo. Las protestas expresan el malestar por el encarecimiento de la vida y el deterioro de las condiciones en los liceos, pero también se han convertido en un pulso sobre los límites de la autoridad estatal, el uso de la fuerza y la capacidad de las instituciones para garantizar el orden sin restringir derechos fundamentales.
Un dispositivo de seguridad sin precedentes recientes
El Ejecutivo movilizó cerca de 70.000 agentes, unidades policiales especializadas, soldados de la misión Sentinelle, vehículos blindados de la gendarmería y helicópteros. La estrategia había sido anunciada por Nuñez bajo la promesa de actuar con firmeza después de los desórdenes de la semana pasada, que reunieron entre 550.000 y 800.000 personas y dejaron numerosos comercios afectados.
El Gobierno atribuye buena parte de la violencia a grupos de extrema izquierda, entre ellos antifascistas, anarquistas y militantes autonomistas, a los que acusa de haber sido acompañados por delincuentes oportunistas interesados en saquear tiendas. Desde el lunes, las autoridades decretaron toques de queda nocturnos en barrios de varias ciudades y prohibieron manifestaciones que no fueran convocadas por actores considerados legítimos, como los sindicatos.
Choques localizados en varias ciudades
En Lyon, las fuerzas de seguridad utilizaron por la mañana granadas de gases lacrimógenos para dispersar a unas 150 personas que intentaban bloquear el tráfico en una zona donde estaba prohibido concentrarse. En Niza, en el sureste del país, la policía desalojó una plaza mediante cañones de agua. También se registraron incidentes en Lille, Toulouse, Montpellier y Nantes, aunque las autoridades no informaron inicialmente de una alteración generalizada del orden público.
En París, grupos de manifestantes trataron de acceder a la autopista de circunvalación, pero fueron contenidos por la policía. La prefectura cifró en aproximadamente 110.000 el número de participantes en las movilizaciones convocadas en la capital y describió la situación como tranquila. La presencia de blindados se reforzó en torno al Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional, dos puntos considerados especialmente sensibles.
La policía informó del arresto de 135 personas y del decomiso de bolas metálicas, fuegos artificiales y una katana. La cifra de detenciones refleja el nivel de prevención adoptado por las autoridades, pero por sí sola no permite determinar cuántos arrestos estuvieron relacionados con actos violentos, intentos de bloqueo u otras infracciones. Nuñez insistió en que, hasta ese momento, no se había producido un episodio de gran magnitud.
París cambia el recorrido y reabre el debate
Las marchas contra el aumento del costo de vida y en apoyo de los estudiantes fueron autorizadas finalmente en París, Marsella y Lyon. Sin embargo, en la capital las autoridades modificaron a última hora el itinerario previsto. La protesta debía comenzar en la plaza de la Bastilla, un lugar de fuerte carga simbólica, pero fue trasladada a una zona del sureste de París cercana a la autopista de circunvalación.
Ryad Rani, dirigente de la Unión Sindical de Estudiantes de Liceo, cuestionó la decisión antes del inicio de la marcha. A su juicio, permitir o impedir una movilización según el criterio del poder plantea un problema institucional y de derechos. El estudiante de 22 años identificado como “Cas” sostuvo ante AFP que también protestaba por quienes no pudieron manifestarse y calificó la situación de problema de derechos humanos.
En las calles de París se observaron pancartas contra Macron y consignas de rechazo a la policía. Las expresiones de descontento combinaron reivindicaciones sociales inmediatas con una crítica más amplia a la gestión del Gobierno. Esa mezcla dificulta que las autoridades respondan únicamente mediante medidas de seguridad, porque el movimiento reúne demandas económicas, reclamos educativos y oposición a lo que sus participantes consideran una deriva autoritaria.
La presión política se extiende más allá de las protestas
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, pidió a los países europeos afectados este sábado por movilizaciones, entre ellos Francia, España, Italia y Albania, que respeten el derecho de reunión y prioricen la desescalada en las operaciones policiales. Su advertencia introduce una dimensión internacional en un debate que el Gobierno francés presenta principalmente como un desafío de seguridad interna.
La tensión coincidió además con el congreso de la ultraderechista Agrupación Nacional, dirigido por Marine Le Pen en Orleans. Allí se manifestaron al menos 11.000 personas contra el partido, en una ciudad sometida a una vigilancia reforzada por la coincidencia de ambos actos. A seis meses de las elecciones presidenciales, Le Pen encabeza los sondeos, por lo que la conflictividad social puede influir en una campaña marcada por la seguridad, el costo de vida y la confianza en las instituciones.
El viernes, un hombre de 39 años cometió cerca de París un ataque descrito por Macron como terrorista y racista, con un muerto y cinco heridos, antes de ser detenido. El episodio añadió presión a un Gobierno que intenta evitar que la violencia callejera y las amenazas de otra naturaleza se mezclen en una misma percepción de descontrol.
Una movilización que no parece agotarse
Los chalecos amarillos anunciaron una nueva jornada de protesta dentro de siete días contra lo que denominan una deriva autoritaria. El movimiento ya había sacudido el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, y su reaparición muestra que las causas del descontento no han desaparecido. La continuidad de las convocatorias dependerá tanto de la capacidad de los organizadores para mantener movilizaciones pacíficas como de la respuesta policial y de la evolución de las restricciones.
El impacto económico también es visible. Comerciantes instalaron tablones de madera en sus escaparates, algunos decidieron no abrir y otros anunciaron que protegerían personalmente sus negocios ante posibles saqueos. Cerca de 3.000 comercios resultaron afectados el sábado anterior, mientras que los museos del Louvre, Orsay y Picasso y la Ópera de París cerraron de forma excepcional. En medio de este escenario, Moody’s mantuvo el viernes la calificación de la deuda francesa, al considerar probable la aprobación del presupuesto de 2027 y una moderación de las tensiones sociales en los próximos meses. Esa evaluación financiera ofrece un respiro al Gobierno, pero no resuelve el conflicto político que continúa desarrollándose en las calles.