Francia llega al tramo final del segundo mandato de Emmanuel Macron atrapada entre dos urgencias que se refuerzan mutuamente: unas finanzas públicas cada vez más costosas y una sociedad que reclama mayor inversión en educación, servicios públicos y protección frente al encarecimiento de la vida. Con las elecciones presidenciales previstas para abril de 2027, la disputa presupuestaria dejó de ser un asunto técnico y se convirtió en uno de los ejes centrales de la próxima contienda política.
El deterioro fiscal es visible en los principales indicadores. Las previsiones sitúan el déficit público en el 5,4% del producto interno bruto, muy por encima del límite del 3% establecido por las reglas de la zona euro. La deuda pública alcanzaría el 119,3% del PIB, el nivel más alto desde que comenzó a elaborarse esta estadística en 1978. Al mismo tiempo, la prima de riesgo francesa llegó a su máximo desde 2011, una señal de que los inversionistas exigen una compensación mayor para mantener deuda del país.
El mercado encarece la factura del Estado
La presión se refleja en el mercado de bonos. Los títulos franceses OAT a diez años ofrecen un rendimiento cercano al 5%, mientras que los bonos alemanes Bund con el mismo vencimiento rondan el 3,4%. La diferencia no implica que Francia haya perdido el acceso al financiamiento, pero sí que debe pagar más por cada nueva emisión y por la renovación de los vencimientos existentes.
El ministro de Economía, Roland Lescure, reconoció que el país todavía cuenta con la confianza suficiente para colocar su deuda, aunque advirtió que el mayor costo constituye una señal de alarma. En un contexto de endeudamiento elevado, una subida sostenida de los intereses puede absorber recursos que el Estado necesitaría para educación, sanidad, infraestructura o políticas sociales. El problema, por tanto, no se limita al tamaño de la deuda: también afecta la capacidad de maniobra del presupuesto futuro.
Un ajuste que choca con las demandas de la calle
El primer ministro Sébastien Lecornu pretende reducir el déficit al 5% del PIB en 2027 mediante recortes en el tamaño y las inversiones del Estado. La propuesta responde a la presión de las instituciones europeas y al temor de una rebaja de la calificación crediticia francesa, pero entra en conflicto directo con las movilizaciones estudiantiles y sociales que recorren el país.
Los estudiantes denuncian el deterioro de las condiciones en los liceos y en los centros de educación media. Los sindicatos y sectores vinculados al movimiento de los chalecos amarillos reclaman medidas contra el costo de la vida y cuestionan la reducción de servicios públicos. El Gobierno anunció 1.200 millones de euros adicionales para educación en el presupuesto de 2027, pero Lecornu dejó claro que esa ampliación deberá compensarse con recortes en otras áreas.
Ese planteamiento alimenta el desacuerdo porque transforma cualquier concesión social en una disputa por recursos escasos. Sophie Binet, dirigente de la CGT, sostiene que las demandas sindicales no han sido atendidas. La continuidad de las protestas muestra que el Ejecutivo no ha logrado convencer a los manifestantes de que la consolidación fiscal pueda realizarse sin deteriorar las condiciones de vida.
La restricción que impone el euro
Francia tampoco dispone de una salida tradicional para aliviar parte de la presión: no puede devaluar unilateralmente su moneda. Como miembro de la zona euro, no controla la política monetaria ni puede utilizar el tipo de cambio para recuperar competitividad o reducir el peso real de sus obligaciones. Esa limitación obliga a concentrar el ajuste en el gasto, los impuestos, el crecimiento y las reformas estructurales.
El analista Alejandro Chafuen sostiene que el país está atrapado entre una moneda que no puede debilitar y un electorado que rechaza los recortes. A su juicio, una reducción de regulaciones y de impuestos orientada a liberar la actividad empresarial podría generar un impulso de confianza que un ajuste contable por sí solo no produciría. La propuesta, sin embargo, enfrenta una dificultad inmediata: bajar impuestos puede reducir los ingresos públicos antes de que el crecimiento compense esa pérdida.
El economista Joe Brusuelas advierte que, si no aparece pronto un plan creíble de consolidación fiscal, el deterioro de la deuda podría agravarse hasta obligar al Banco Central Europeo a intervenir mediante compras de bonos franceses. Esa posibilidad no constituye una solución automática. Una intervención europea podría contener el contagio financiero, pero también estaría condicionada a compromisos de disciplina fiscal y no eliminaría los desequilibrios estructurales de Francia.
La deuda entra en la campaña presidencial
La proximidad de las elecciones convierte cada decisión presupuestaria en una apuesta política. Los partidos intentan responder a una pregunta que atraviesa todo el espectro ideológico: cómo reducir la deuda sin trasladar el costo principal a los ciudadanos.
Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, propone que el Banco Central Europeo congele parcialmente la deuda francesa que mantiene, calculada en 600.000 millones de euros. Raphaël Glucksmann plantea reducir las ayudas públicas a las empresas y las exenciones fiscales para elevar la recaudación. Los ex primeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal defienden una revisión de la estructura de costos del Estado y recortes de gasto.
Marine Le Pen, favorita en las encuestas según el escenario descrito, afirma que podría ahorrar 150.000 millones de euros, principalmente mediante una reducción de los gastos destinados a la atención de migrantes. Estas propuestas reflejan diagnósticos muy distintos y, sobre todo, diferentes grupos sociales llamados a asumir el esfuerzo. El debate electoral podría intensificarse a medida que los candidatos definan qué partidas proteger y cuáles sacrificar.
El margen de error se estrecha
La combinación de intereses más altos, crecimiento insuficiente y demandas sociales persistentes puede producir un círculo difícil de romper: el encarecimiento de la deuda obliga a recortar, los recortes alimentan la protesta y la inestabilidad política eleva nuevamente la percepción de riesgo. La amenaza no es solo contable. Si el mercado duda de la capacidad de París para aprobar y ejecutar un programa fiscal sostenible, el costo financiero puede aumentar antes de que las medidas tengan efecto.
El próximo presidente francés heredará, cualquiera que sea su orientación política, una presión fiscal excepcional y decisiones postergadas durante años. La cuestión central ya no es si habrá ajustes, sino cómo se repartirán y si conseguirán preservar la inversión necesaria para que la economía crezca. En esa tensión entre disciplina financiera y legitimidad social se decidirá buena parte del futuro político y económico de Francia.