El Gobierno francés anunció toques de queda parciales en varios puntos del país para contener una ola de disturbios y saqueos que dejó más de 2.500 detenidos, alrededor de 1.000 agentes heridos y al menos 3.000 comercios afectados. La decisión llega después de una protesta contra el alto costo de la vida que derivó en incendios, vehículos quemados, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con la policía en varias ciudades.
Respuesta de emergencia, sin estado de excepción
El primer ministro Sébastien Lecornu descartó por ahora declarar el estado de emergencia y optó por restricciones territoriales y nocturnas. Marsella prohibió las manifestaciones entre el mediodía y las 20H00, mientras Denain, cerca de la frontera belga, ya aplica un toque de queda nocturno hasta el domingo. La lista completa de zonas afectadas se anunciará durante la jornada.
El presidente Emmanuel Macron reconoció fallos en la gestión policial y pidió nuevos métodos operativos para frenar las barricadas y los saqueos. Sin embargo, su discurso televisado, seguido por 16,7 millones de personas, se concentró en atribuir la violencia a grupos de ultraizquierda y delincuentes, sin presentar medidas inmediatas para aliviar el malestar social que originó las protestas.
Una crisis con impacto político y económico
La presión sobre el Gobierno aumenta a seis meses de las elecciones presidenciales. La oposición ultraderechista acusa al poder de haber perdido el control, mientras el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, sostiene que la violencia refleja la degradación de un movimiento social impulsado por el deterioro de las condiciones de vida. Los “chalecos amarillos” ya convocaron nuevas movilizaciones para el sábado y continúan las protestas estudiantiles.
Las autoridades anunciaron desempleo parcial y un fondo de apoyo para los comerciantes, pero esas medidas no resuelven la causa central del conflicto. La crisis también afecta la confianza financiera: Francia enfrenta un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros para 2027 y un aumento del rendimiento de su deuda. Bruselas pidió proteger la protesta pacífica, mientras Alemania advirtió sobre posibles nuevos disturbios. El riesgo político excede así el orden público: una mayor movilización podría fortalecer a Marine Le Pen y agravar la incertidumbre económica europea.