La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha solicitado a la Comisión Europea que examine si la regularización masiva de migrantes aprobada por el Gobierno español vulnera la normativa comunitaria. La petición, formulada este viernes en Bruselas, reaviva la presión de varios socios europeos sobre Pedro Sánchez y sitúa en el centro del debate la posible contradicción entre conceder residencia legal a personas que entraron irregularmente y la estrategia común de reforzar las fronteras y acelerar las expulsiones.
Frederiksen sostiene que la medida española va contra la orientación migratoria que defiende actualmente una amplia mayoría de países de la UE. La Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, deberá estudiar el asunto, aunque la petición danesa no implica por sí misma que Bruselas haya iniciado un procedimiento ni que haya concluido que España incumple las reglas europeas.
El choque entre políticas nacionales
«Alguien entra ilegalmente en un país y, de repente, se le permite quedarse legalmente», dijo Frederiksen tras participar en un desayuno sobre migración organizado por Dinamarca, Italia y Países Bajos. A su juicio, ese trato se aparta de una política europea orientada a combatir la migración irregular. La dirigente pidió que la Comisión siga estudiando las consecuencias de que un Estado adopte una decisión distinta a la línea que siguen otros miembros.
La discusión no es únicamente jurídica. Los críticos de Madrid argumentan que una regularización amplia puede enviar una señal que anime nuevas llegadas, al reducir la expectativa de que la entrada irregular termine necesariamente en una devolución. Sin embargo, en las declaraciones difundidas en la cumbre no se aportaron pruebas de una relación causal entre la medida española y la llegada de migrantes a Ceuta. El canciller austríaco, Christian Stocker, reconoció que no sabía si existía una conexión directa, aunque sostuvo que la decisión pudo influir en el contexto.
Stocker afirmó que legalizar a personas en situación irregular no fue «una buena señal» mientras Europa intenta proteger sus fronteras y obtener la cooperación de terceros países. Su argumento refleja la inquietud de los gobiernos que consideran que las decisiones nacionales pueden repercutir más allá de las fronteras del país que las adopta. Pero esa preocupación política no demuestra, por sí sola, que la regularización haya causado la presión migratoria en Ceuta.
Ceuta y la respuesta europea
La petición de Frederiksen llega en medio de las críticas por la avalancha migratoria registrada en Ceuta. Varios dirigentes responsabilizan, al menos parcialmente, a la política española y la describen como un posible «efecto llamada». La controversia ya había quedado plasmada en una carta enviada el 1 de agosto por 22 jefes de Estado y de Gobierno, que cuestionaron el carácter unilateral de la medida y su compatibilidad con la estrategia europea.
En la cumbre, los líderes también debatieron una reforma anunciada por Von der Leyen para responder a situaciones como la de Ceuta. La propuesta, que la presidenta de la Comisión prevé presentar antes de fin de año, permitiría en determinadas circunstancias suspender el asilo y facilitar devoluciones masivas. Los participantes en el desayuno migratorio respaldaron la iniciativa, que todavía debe concretarse y pasar por el proceso comunitario correspondiente.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió una vigilancia estricta de las fronteras exteriores y pidió revisar las normas para hacer más eficaces los procedimientos de detención de migrantes en situación irregular mientras se tramita su expulsión. Su posición conecta la crisis fronteriza con otro objetivo de los gobiernos críticos: reducir el tiempo y las dificultades administrativas que, a su juicio, obstaculizan las devoluciones.
Presión política y examen pendiente
El primer ministro checo, Andris Babis, elevó el tono al acusar a Sánchez de querer sustituir a la población por migrantes para conservar el poder. La afirmación, formulada a su llegada al Consejo Europeo, fue una acusación política y no estuvo acompañada de pruebas en las declaraciones recogidas. Su dureza contrasta con el argumento más institucional de Frederiksen, centrado en pedir a la Comisión que evalúe la compatibilidad de la política española con el marco europeo.
La diferencia será relevante para el debate que sigue: una evaluación jurídica tendrá que determinar qué obligaciones comunitarias son aplicables y si la regularización las contraviene; las afirmaciones sobre sus efectos en las llegadas requieren, en cambio, evidencia que permita distinguir correlación de causalidad. Por ahora, Bruselas ha recibido una petición de examen y los líderes han expresado respaldo a una reforma futura. Ni la revisión solicitada ni la propuesta anunciada equivalen todavía a una conclusión legal sobre España.