El Parlamento griego aprobó este jueves una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027. La iniciativa, promovida por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, salió adelante con los votos de Nueva Democracia, partido que dispone de mayoría absoluta en la Cámara, y convierte a Grecia en uno de los países europeos que plantea una restricción nacional más amplia sobre el uso de estas plataformas por parte de adolescentes.
La norma obligará a las empresas tecnológicas a impedir el acceso de los usuarios que no hayan alcanzado la edad mínima establecida. El Gobierno les ha concedido dos meses y medio para implantar sistemas de verificación suficientemente fiables, aunque ha fijado una condición central: la comprobación de la edad no podrá comprometer los datos personales ni la privacidad de quienes utilicen los servicios digitales.
Una prohibición con un plazo de aplicación definido
La entrada en vigor el próximo 1 de enero ofrece a las plataformas un periodo limitado para adaptar sus procedimientos de registro, acceso y control. En la práctica, las compañías tendrán que determinar la edad de sus usuarios sin convertir ese proceso en una recopilación masiva de información sensible. El equilibrio entre eficacia y protección de datos será uno de los principales criterios para evaluar la aplicación de la ley.
La decisión no establece únicamente una recomendación dirigida a las familias, sino una obligación que recaerá también sobre las empresas que operan las redes sociales. Esa diferencia puede modificar el reparto de responsabilidades habitual en el entorno digital: los padres seguirán teniendo un papel relevante en la supervisión de sus hijos, pero las plataformas deberán asumir medidas técnicas para evitar que los menores accedan a sus servicios.
La exigencia de preservar la privacidad introduce una dificultad técnica y jurídica considerable. Un sistema basado en documentos de identidad, reconocimiento facial o perfiles detallados podría verificar la edad con mayor precisión, pero también aumentaría los riesgos asociados al almacenamiento, la circulación y el uso posterior de esos datos. Por eso, el debate no se limitará a saber si los controles funcionan, sino a determinar qué información pueden exigir las empresas y durante cuánto tiempo pueden conservarla.
El impacto inmediato en las familias
Para los hogares con menores de 15 años, la ley supondrá un cambio en la forma de comunicarse, informarse y relacionarse en internet. Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de muchos adolescentes y, en numerosos casos, también de sus vínculos escolares y sociales. La prohibición obligará a las familias a revisar qué servicios utilizan sus hijos, cómo se organizan sus conversaciones y qué alternativas emplean para mantener el contacto con sus compañeros.
La aplicación de la medida también puede generar conflictos difíciles de resolver. Los menores podrían intentar acceder a las plataformas mediante cuentas de terceros, datos falsos o herramientas destinadas a ocultar su ubicación y su edad. Si los controles resultan demasiado débiles, la prohibición perdería eficacia; si son excesivamente invasivos, podrían afectar a usuarios legítimos y ampliar la exposición de datos personales. La forma en que el Gobierno regule las excepciones, las reclamaciones y la supervisión será determinante para evitar resultados desiguales.
Además, la edad cronológica no refleja por sí sola el nivel de madurez digital de cada usuario. La norma parte de un límite general porque necesita un criterio verificable y aplicable a gran escala, pero esa simplificación no elimina la responsabilidad de las familias, los centros educativos y las propias plataformas de promover hábitos seguros. La restricción puede reducir parte de la exposición de los menores, aunque no sustituye la educación sobre privacidad, acoso, manipulación de contenidos o uso problemático de las pantallas.
Presión para las empresas tecnológicas
Las compañías deberán adaptar sus sistemas de alta y autenticación a una obligación que puede afectar de manera diferente a cada plataforma. Las redes con servicios de mensajería, vídeo, entretenimiento o comunidades abiertas tendrán que determinar qué espacios quedan incluidos en la prohibición y cómo aplican el control sin bloquear indebidamente a mayores de edad. También necesitarán procedimientos para corregir errores, atender reclamaciones y responder ante intentos de elusión.
El reto tiene una dimensión económica además de tecnológica. Implantar mecanismos de verificación, auditar su funcionamiento y garantizar el cumplimiento de las reglas de privacidad puede elevar los costes operativos, especialmente para empresas que no disponen de infraestructuras propias. Al mismo tiempo, una aplicación estricta en Grecia podría impulsar cambios de alcance europeo si otros gobiernos consideran que la protección de los menores requiere obligaciones similares.
Una medida que amplía el debate europeo
La ley griega llega en un momento en que la relación entre menores y redes sociales ocupa un lugar destacado en las discusiones sobre salud, educación y derechos digitales. Sus defensores sostienen que establecer una edad mínima clara permite reducir la exposición temprana a contenidos perjudiciales y limita la capacidad de las plataformas para captar la atención de usuarios muy jóvenes. Sus críticos previsiblemente centrarán sus objeciones en la dificultad de controlar el acceso, el riesgo de desplazar a los menores hacia espacios menos visibles y la protección de la privacidad.
El resultado de Grecia será observado más allá de sus fronteras porque combina tres elementos que suelen entrar en tensión: una prohibición general, una obligación directa para las empresas y un requisito estricto de protección de datos. El éxito de la medida dependerá menos del anuncio político que de la capacidad de convertir esos principios en controles verificables, proporcionales y respetuosos con los derechos de los usuarios. Desde enero de 2027, la experiencia griega servirá como referencia para valorar hasta dónde pueden llegar los gobiernos europeos al regular el acceso de los menores a las redes sociales.