Indonesia lleva tres meses respirando una mezcla de gases, cenizas y partículas procedentes de los incendios forestales de Borneo. La emergencia, sin embargo, no se limita a la calidad del aire. La nube tóxica ha cerrado escuelas, disparado las enfermedades respiratorias, afectado a unos 40 millones de personas y convertido la gestión del fuego en una disputa política que alcanza directamente al presidente Prabowo Subianto. Las protestas que comenzaron en agosto se han intensificado durante la última semana, coincidiendo con el segundo aniversario de su llegada al poder, y ya se extienden por más de media docena de ciudades.
La imagen más visible es la de calles cubiertas por una calima amarilla y naranja, con una visibilidad reducida hasta extremos que parecen irreales. Pero la dimensión decisiva de la crisis se encuentra en los datos menos espectaculares: 306.309 residentes de las siete provincias más afectadas han padecido infecciones respiratorias agudas durante los dos últimos meses, según las autoridades médicas. Casi la mitad de ellos, 146.037, eran menores de diez años. Save the Children calcula, además, que más de 1,4 millones de estudiantes han tenido que continuar su formación a distancia, mientras unos 12.800 centros educativos permanecen cerrados en Sumatra y Borneo.
El humo dejó de ser un fenómeno estacional
Indonesia conoce desde hace décadas los incendios asociados a la estación seca, que normalmente comienza en abril. Lo que diferencia esta temporada es la convergencia de varios factores que han transformado un problema recurrente en una crisis prolongada. El fenómeno de El Niño ha reducido las lluvias, debilitado la formación de nubes y extendido los periodos de sequía. El calentamiento global ha elevado la probabilidad de condiciones extremas. Sobre ese terreno seco actúan la tala mediante quema, la degradación acumulada de los bosques y la expansión de actividades agrícolas vinculadas al aceite de palma y al suministro de madera.
La primera conclusión que se desprende de esta combinación es que el fuego no puede explicarse únicamente como una catástrofe meteorológica. La falta de lluvia ayuda a que los incendios se propaguen, pero no decide por sí sola dónde se encienden, qué empresas operan en las zonas afectadas ni por qué las turberas y los bosques degradados continúan siendo tan vulnerables. La consigna repetida por los manifestantes, “Esto no es un desastre natural, sino político”, resume una disputa sobre la responsabilidad: el clima puede intensificar el incendio, pero las decisiones sobre uso del suelo determinan buena parte de su alcance.
La distancia entre los cálculos oficiales y las estimaciones independientes ha agravado esa desconfianza. El último recuento del Gobierno, elaborado en julio y ya desactualizado, sitúa en aproximadamente 2.020 kilómetros cuadrados la superficie quemada. Nusantara Atlas, una plataforma de datos abiertos, eleva la destrucción forestal a unos 19.166 kilómetros cuadrados. No se trata de una diferencia técnica menor. Una medición u otra modifica la percepción de la emergencia, la asignación de recursos, las posibles indemnizaciones y la evaluación de la responsabilidad administrativa. Cuando el Estado comunica cifras muy inferiores a las observadas por organizaciones independientes, el debate deja de centrarse solo en apagar el fuego y pasa a incluir la credibilidad institucional.
La respuesta estatal choca con una emergencia de salud pública
El Ejecutivo sostiene que ha desplegado tropas terrestres, aeronaves y voluntarios, y afirma que contener los incendios constituye su “máxima prioridad”. También insiste en que la solución definitiva depende de la lluvia. El argumento es meteorológicamente comprensible, pero políticamente insuficiente. La lluvia puede extinguir focos concretos, no corregir la planificación territorial, perseguir a quienes queman áreas protegidas ni garantizar atención sanitaria para una población expuesta durante semanas a contaminantes.
La negativa de Subianto a declarar los incendios como desastre natural tiene consecuencias operativas y simbólicas. Una declaración de ese tipo permitiría concentrar más recursos, coordinar de forma extraordinaria a las administraciones y hacer más contundentes las medidas de emergencia. Al no adoptarla, el Gobierno conserva mayor margen de control sobre la respuesta y evita reconocer una dimensión de crisis que podría comprometer su balance político. Esa cautela administrativa puede convertirse, sin embargo, en un coste mayor si la exposición continúa y las enfermedades respiratorias dejan secuelas crónicas.
Los especialistas médicos han advertido que las cifras oficiales podrían subestimar la magnitud real del problema. Muchas personas no acuden a un centro sanitario, especialmente en zonas rurales o alejadas, y los registros de infecciones agudas no captan necesariamente los efectos prolongados sobre el sistema respiratorio, el desarrollo infantil o la salud cardiovascular. La carga tampoco se distribuye de forma uniforme. Los niños, los ancianos, las personas con asma y quienes trabajan al aire libre soportan una exposición desproporcionada, mientras las familias con más recursos pueden reducirla mediante filtros, desplazamientos temporales o atención privada.
El cierre de escuelas revela una segunda dimensión de la emergencia. La enseñanza telemática evita que los estudiantes permanezcan en aulas contaminadas, pero traslada el coste a los hogares. No todos disponen de conexión estable, dispositivos suficientes o adultos capaces de acompañar las clases. La interrupción afecta especialmente a las comunidades rurales y a los menores que ya enfrentan barreras económicas. La contaminación, por tanto, no solo provoca una crisis sanitaria inmediata: también puede ampliar desigualdades educativas que tardarán años en revertirse.
El conflicto real se libra sobre el modelo de producción
La relación entre los incendios y la industria del aceite de palma es uno de los puntos más controvertidos. El sector genera empleo, exportaciones y actividad económica en territorios donde las alternativas productivas son limitadas. Las empresas y parte de las autoridades regionales sostienen que no todos los incendios pueden atribuirse a grandes compañías y recuerdan que también existen quemas realizadas por pequeños agricultores. Esa objeción es relevante: una política que castigue indiscriminadamente a toda la cadena puede perjudicar a comunidades que dependen de ella.
Pero la existencia de múltiples actores no diluye la responsabilidad empresarial ni la del Estado. Las plantaciones y concesiones operan sobre un territorio cuya transformación puede aumentar la inflamabilidad del suelo, alterar los ciclos hídricos y facilitar la propagación del fuego. Las empresas tienen más capacidad que los pequeños productores para prevenir incendios, conservar franjas de protección, vigilar sus terrenos y financiar sistemas de respuesta. Si el control se limita a los autores materiales de una quema, el sistema seguirá sancionando episodios aislados sin modificar los incentivos que hacen rentable degradar el bosque.
El caso de Singapur introduce una presión jurídica y comercial que puede cambiar ese equilibrio. La ministra de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Grace Fu, afirmó que una investigación vinculaba parte del humo observado en Singapur con incendios en terrenos pertenecientes a siete empresas indonesias, dedicadas principalmente al suministro de madera. El Gobierno singapurense ha anunciado notificaciones preventivas y mantiene abiertas opciones como las multas o las acciones judiciales.
La amenaza transfronteriza tiene dos efectos. En el plano diplomático, obliga a Yakarta a responder no solo ante su ciudadanía, sino también ante países vecinos afectados por la contaminación. En el plano empresarial, puede elevar el riesgo reputacional y legal de las compañías que abastecen mercados internacionales. Los compradores de madera, papel, aceite de palma y otros productos tendrán más incentivos para exigir trazabilidad, certificaciones y pruebas de prevención. La consecuencia puede ser una mejora de los estándares, aunque también existe el riesgo de que las empresas trasladen operaciones a zonas menos vigiladas o que los costes recaigan sobre pequeños proveedores sin capacidad de adaptación.
La calle convierte el aire en una cuestión de legitimidad
Las protestas juveniles no se explican únicamente por la intensidad de la calima. La Generación Z está utilizando la crisis ambiental como una forma de evaluar los dos primeros años de la presidencia de Subianto. Los mensajes “Tenemos derecho a respirar” y “Si nosotros ardemos, vosotros arderéis con nosotros” vinculan la salud cotidiana con una crítica más amplia al rumbo del país. El incendio funciona como un símbolo de promesas incumplidas: el Estado aparece movilizado cuando la emergencia ya es visible, pero ausente durante los años de degradación que la hicieron posible.
El Gobierno enfrenta así un dilema. Una respuesta más dura contra las empresas puede satisfacer a los manifestantes y mejorar la posición internacional de Indonesia, pero puede generar resistencia entre gobiernos regionales, trabajadores y sectores exportadores. Una respuesta centrada en tropas y aeronaves permite exhibir acción inmediata, pero no resuelve la causa estructural. Y una declaración de desastre nacional puede liberar recursos, aunque también convertiría oficialmente el episodio en una crisis política de primer orden.
La demanda colectiva presentada por Nafas Kalbar contra el Ejecutivo eleva el conflicto a otro nivel. La coalición de organizaciones civiles acusa al Gobierno de no haber prevenido la emergencia, pese a que la llegada de El Niño era previsible, y de no haber frenado la propagación de los incendios. El proceso puede obligar a examinar mapas de concesiones, permisos, controles y decisiones presupuestarias. Incluso si no prospera, contribuirá a fijar una cuestión decisiva: si la prevención ambiental es una obligación exigible o una promesa política sin consecuencias jurídicas claras.
Lo que puede ocurrir después de que desaparezca la calima
La presión internacional y doméstica probablemente conducirá a medidas de emergencia, pero su alcance dependerá de si se actúa sobre el territorio o solo sobre los síntomas. En el corto plazo cabe esperar más cierres escolares, restricciones para actividades al aire libre, refuerzo de la atención respiratoria y nuevos operativos aéreos y terrestres. También es probable que aumenten las investigaciones sobre las empresas señaladas por Singapur y que se acelere la publicación de mapas de incendios y concesiones.
El riesgo más importante es que las primeras lluvias produzcan una falsa sensación de normalidad. Si el fuego se apaga sin revisar los permisos, la gestión de las turberas y los métodos de preparación agrícola, el próximo episodio seco encontrará las mismas condiciones. La crisis actual podría convertirse entonces en un ciclo: incendios, contaminación regional, cierres de escuelas, promesas de control y regreso de la actividad económica sin cambios profundos.
Existe también un riesgo económico. Las sanciones o demandas internacionales pueden afectar a exportadores que no hayan demostrado una trazabilidad suficiente, incluso cuando no sean responsables directos de un incendio. Las empresas más transparentes podrían beneficiarse de la diferenciación, mientras las pequeñas explotaciones quedarían expuestas a intermediarios que les impongan nuevos requisitos sin ofrecer financiación. La transición hacia una producción libre de deforestación necesitará crédito, asistencia técnica y protección laboral; de lo contrario, la regulación puede castigar a los eslabones más débiles sin frenar a los actores con mayor capacidad de influencia.
La prueba para la presidencia de Subianto no será únicamente extinguir los focos actuales. Será demostrar que el Estado puede medir el daño con transparencia, proteger a los menores, exigir responsabilidades a quienes controlan el territorio y coordinarse con los países afectados. La nube tóxica ha cruzado fronteras, pero también ha hecho visibles las conexiones entre clima, salud, agricultura, justicia y poder. Cuando el aire vuelva a aclararse, la cuestión decisiva será si Indonesia habrá resuelto la emergencia o simplemente habrá aprendido a esperar la siguiente lluvia.