La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes de “muy irresponsable” el operativo antidrogas realizado en abril en Chihuahua con la participación de agentes estadounidenses que, según las investigaciones oficiales, no contaban con la autorización exigida por la legislación mexicana. La operación terminó con la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos, después de que el vehículo en el que viajaban cayera por un barranco en la Sierra Tarahumara.
El caso cobró una nueva dimensión tras la detención, el sábado, del entonces fiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui, señalado por presuntas irregularidades vinculadas con la operación. Sheinbaum sostuvo que el problema no se limita al resultado trágico del despliegue, sino que abarca la forma en que fue autorizado y ejecutado, así como la posible vulneración de competencias reservadas a las autoridades federales mexicanas.
Un operativo cuestionado desde su origen
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria afirmó que la participación de agentes extranjeros en un operativo en territorio mexicano requería una autorización que no fue obtenida. También cuestionó que funcionarios estatales acudieran a una instalación clandestina de drogas sintéticas, ya que la investigación y persecución de ese tipo de delitos corresponde a las autoridades federales.
“Fue muy irresponsable, por decirlo menos”, declaró Sheinbaum. La presidenta añadió que no solo se habría permitido la intervención de agentes estadounidenses “en contra de la ley” durante una operación terrestre, sino que además el procedimiento se habría desarrollado sin respetar los límites institucionales aplicables. Su crítica apunta a dos niveles distintos: la presencia de personal extranjero en tareas de seguridad y la decisión de una fiscalía estatal de intervenir en un asunto fuera de sus atribuciones.
El despliegue tuvo lugar en abril en la comunidad de El Pinal, dentro de la Sierra Tarahumara. De acuerdo con la información difundida, agentes de Chihuahua participaron en una acción contra un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas. Al regresar del lugar, el vehículo sufrió un accidente y cayó a un barranco. En el siniestro murieron dos agentes estadounidenses y dos servidores públicos mexicanos.
Dos investigaciones y una acusación más amplia
La Fiscalía de Chihuahua obtuvo una orden de aprehensión contra Jáuregui por presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público. Paralelamente, la Fiscalía General de la República consiguió otra orden por el delito de traición a la patria. La acusación federal se relaciona, según Sheinbaum, con la supuesta autorización de una intervención extranjera sin permiso y en actividades que correspondían a instituciones mexicanas.
La coexistencia de ambas investigaciones refleja la dimensión estatal y federal del caso. Por un lado, se examina si el exfiscal incumplió sus obligaciones administrativas y legales; por otro, se analiza si sus decisiones afectaron la soberanía y el marco nacional que regula la cooperación con gobiernos extranjeros. La presidenta señaló que las dos fiscalías colaboran y advirtió que existen otras pesquisas contra Jáuregui que todavía no han sido detalladas públicamente.
Jáuregui renunció al cargo el 27 de abril, después de reconocer fallos institucionales en los sistemas de información y supervisión relacionados con la colaboración con los agentes estadounidenses. La fecha de su salida, posterior al operativo y al accidente, se ha convertido en uno de los puntos relevantes de la cronología, aunque las autoridades aún no han presentado públicamente todos los detalles sobre quién autorizó cada paso de la misión.
La cooperación internacional bajo escrutinio
La legislación mexicana permite la cooperación con agentes extranjeros bajo determinadas condiciones, pero impide que estos participen directamente en operativos de seguridad dentro del territorio nacional sin la autorización correspondiente. Esa distinción es central para el caso: el intercambio de información o la asistencia técnica no equivale necesariamente a conceder facultades operativas sobre el terreno.
El señalamiento de Sheinbaum sugiere que la investigación buscará determinar si se cruzó esa línea y si la fiscalía estatal actuó sin controles suficientes. El accidente, además de provocar la muerte de cuatro personas, puso de manifiesto los riesgos de una operación cuya cadena de mando y alcance legal no estarían claramente definidos. La falta de coordinación entre instituciones puede generar consecuencias operativas, pero también dificultar la atribución de responsabilidades cuando se producen resultados fatales.
La presidenta cuestionó especialmente que un fiscal, cuya función es procurar justicia, hubiera sido presuntamente el primero en incumplir la legislación. “¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley?”, planteó. La declaración coloca el caso en un plano institucional: más allá de la responsabilidad individual de Jáuregui, el Gobierno federal examina si existieron fallas de supervisión dentro de la administración estatal.
El caso en el contexto de las tensiones con Washington
La investigación ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen una relación marcada por la cooperación contra el narcotráfico, pero también por desacuerdos sobre soberanía y seguridad. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que partes del territorio mexicano están controladas por organizaciones criminales y ha sostenido que transmitió esa preocupación a Sheinbaum. La mandataria, por su parte, ha defendido la capacidad de México para enfrentar al crimen organizado y ha rechazado cualquier intervención unilateral extranjera.
En ese contexto, el operativo de Chihuahua adquiere una importancia política adicional. Una colaboración no autorizada puede alimentar en Washington la percepción de que la presencia de sus agentes es necesaria, mientras que en México puede ser vista como una violación de los límites nacionales y de los procedimientos institucionales. La investigación deberá establecer los hechos con precisión: quién tomó las decisiones, qué información conocían las autoridades, qué autorización existía y por qué una fiscalía estatal asumió funciones federales.
Por ahora, Sheinbaum ha respaldado las acciones judiciales contra el exfiscal y ha dejado abierta la posibilidad de nuevas acusaciones. El avance de las pesquisas determinará si el caso fue producto de decisiones individuales, de una falla de coordinación entre instituciones o de un esquema más amplio de cooperación irregular. La respuesta será relevante no solo para esclarecer la muerte de los cuatro funcionarios, sino también para definir las reglas con las que México permitirá futuras operaciones conjuntas contra el tráfico de drogas.