Israel acudirá a las urnas el próximo 27 de octubre en unas elecciones que, según los sondeos disponibles, no producirán una mayoría parlamentaria clara. Ninguna fuerza parece en condiciones de alcanzar los 61 escaños necesarios para controlar la Knéset, que cuenta con 120 diputados, por lo que el resultado previsiblemente obligará a negociar una nueva coalición. La principal incógnita no es solo quién quedará primero, sino qué alianzas serán posibles y qué precio político tendrán para el próximo Gobierno.
Las encuestas reflejan un empate técnico entre Benjamin Netanyahu y su principal rival, Gadi Eisenkot, dirigente del partido Yashar. En ese escenario, la formación del Ejecutivo dependerá de partidos pequeños, incluidos los ultraortodoxos y las fuerzas nacionalistas y religiosas. El sistema parlamentario israelí, basado en la representación proporcional, favorece la entrada de numerosas formaciones y hace habitual que el primer ministro necesite pactar para mantenerse en el poder. La consecuencia inmediata es que una victoria relativa en las urnas no garantiza una gobernabilidad estable.
Netanyahu busca prolongar su ciclo político
Netanyahu llega a la campaña después de haber encabezado el Gobierno más extremista de la historia reciente de Israel, según sus críticos, y tras acumular 19 años como primer ministro, una duración sin precedentes en el cargo. Su posición, sin embargo, está marcada por una contradicción central: continúa siendo un candidato competitivo pese a que su Gobierno quedó asociado al fallo de seguridad que permitió los ataques de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina del 7 de octubre de 2023.
El primer ministro también afronta tres causas judiciales que han llegado al Tribunal Supremo, así como una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, que lo acusa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Netanyahu rechaza las acusaciones y sostiene que forman parte de una ofensiva política y judicial contra él. Paralelamente, la Corte Internacional de Justicia mantiene abierta una causa sobre la posible comisión de genocidio en Gaza por parte de Israel, un procedimiento que el Gobierno israelí niega y considera carente de fundamento.
La permanencia de Netanyahu en la primera línea electoral muestra que los procesos judiciales y las responsabilidades políticas no se traducen automáticamente en una pérdida de apoyo. Para una parte de sus votantes, la prioridad sigue siendo la seguridad y la continuidad de la respuesta militar. Para sus adversarios, esa misma estrategia ha agravado el aislamiento internacional de Israel y no ha resuelto los objetivos declarados de la guerra. La disputa electoral se desarrolla, por tanto, entre la exigencia de rendición de cuentas y la percepción de que cualquier cambio puede aumentar los riesgos externos.
La cuestión palestina domina la competencia
La campaña se ha desplazado hacia posiciones cada vez más duras respecto a los palestinos. Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir y Avigdor Liberman acusan a Netanyahu de mantener una actitud demasiado complaciente con la causa palestina, mientras que Eisenkot ha prometido que no permitirá la creación de un Estado palestino. La oposición a la solución de dos Estados no es una posición exclusiva de la derecha: el rechazo se ha extendido entre los principales candidatos, aunque existen diferencias sobre la intensidad de la ofensiva militar, la administración de Gaza y el futuro de los territorios ocupados.
Eisenkot, antiguo jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, presenta su candidatura como una alternativa de liderazgo y gestión de la seguridad, pero no como una ruptura con la doctrina militar dominante. Ha asegurado que podría eliminar a Hamás en Gaza en un plazo de 18 meses y califica de irrealista la defensa actual de la solución de dos Estados. También rechaza un Estado binacional con plenos derechos para israelíes y palestinos. Estas propuestas sugieren que una eventual derrota de Netanyahu podría modificar el estilo de gobierno sin alterar necesariamente el marco estratégico del conflicto.
El debate electoral se produce mientras Israel mantiene operaciones militares y una política de presión regional que, según la información de campaña, incluye acciones contra Irán y actuaciones militares en Líbano y Siria. La estrecha coordinación entre Netanyahu y el presidente estadounidense, que ha mostrado públicamente su respaldo al primer ministro, añade una dimensión internacional a la elección. El apoyo de Washington puede reforzar a Netanyahu ante su electorado, pero también implica un coste para la Casa Blanca si el candidato pierde y dificulta la relación con el futuro Gobierno.
La representación árabe, ante una nueva barrera
La controversia más reciente sobre las reglas electorales afectó a los partidos árabes, que representan políticamente a una población equivalente a aproximadamente una quinta parte de los ciudadanos israelíes. En septiembre, el Comité Electoral Central prohibió la participación de Ra’am, también conocida como Lista Árabe Unida, y de la Lista Conjunta, integrada por Hadash, Ta’al y Balad. Las dos agrupaciones suman diez diputados en la legislatura actual.
El Tribunal Supremo revocó finalmente la prohibición, pero el episodio dejó abierta una discusión sobre los límites de la competencia electoral y la igualdad de representación. La exclusión de esos partidos habría privado a una parte significativa de la ciudadanía de una opción política propia. Aunque podrán concurrir, todo apunta a que seguirán al margen de las negociaciones para formar Gobierno, como ha ocurrido tradicionalmente salvo la excepción de 2021. Su influencia podría concentrarse en el número de escaños que obtengan y en su capacidad para condicionar determinadas votaciones, más que en su entrada formal en el gabinete.
Una democracia sometida a una prueba estructural
En los comicios podrán votar unos 7,3 millones de israelíes mayores de 18 años, incluidos los aproximadamente 750.000 colonos residentes en asentamientos situados en el territorio palestino ocupado, según las cifras manejadas en la campaña. En cambio, los adultos de Gaza y Cisjordania no participarán en unas elecciones cuyo resultado puede afectar directamente a sus condiciones de vida. Esta diferencia alimenta el debate sobre el alcance real de la democracia israelí y sobre la separación entre ciudadanía, control territorial y derechos políticos.
El desenlace, por ello, tendrá dos planos. El primero será institucional: determinará si Netanyahu conserva el poder o si Eisenkot logra construir una mayoría alternativa. El segundo será estratégico: definirá si Israel continúa priorizando la vía militar y la expansión de la lógica de seguridad, o si introduce cambios en la gestión del conflicto y en sus relaciones internacionales. En ambos casos, la dependencia de los partidos ultraortodoxos y de las fuerzas más radicales limitará el margen de maniobra del próximo primer ministro. La elección puede cambiar al titular del cargo, pero difícilmente resolverá por sí sola la fractura política y territorial que atraviesa al país.