El Gobierno de Giorgia Meloni desplegará 500 militares adicionales en las zonas consideradas más conflictivas de Italia para reforzar el orden público y prevenir nuevos disturbios. La decisión llega después de los episodios violentos registrados el pasado fin de semana en Milán, donde unas 160 personas fueron detenidas o identificadas, en su mayoría jóvenes y varios menores que actuaron con el rostro cubierto.
Más efectivos y arrestos preventivos
La medida, impulsada también por la Liga, socio de la coalición gubernamental, ampliará la denominada Operación Calles Seguras. El Ejecutivo estudia además extender hasta 24 horas la retención preventiva, que permite detener temporalmente a una persona considerada una amenaza antes de una manifestación pública. El Consejo de Ministros prevé aprobar estas y otras iniciativas de seguridad el martes por la tarde.
El presidente de la República, Sergio Mattarella, expresó su plena solidaridad con las fuerzas del orden y los agentes heridos. También reclamó un análisis “inteligente y profundo” para identificar a los responsables de unos focos de violencia que, según advirtió, han surgido de forma inesperada y con actores todavía desconocidos. Su intervención refleja la preocupación institucional por la capacidad de estos grupos para movilizarse rápidamente y alterar el orden en grandes ciudades.
La oposición de centroizquierda cuestiona que la respuesta se concentre en medidas coercitivas sin abordar las causas sociales del malestar. Giuseppe Conte, líder del Movimiento Cinco Estrellas, acusó al Gobierno de ignorar el encarecimiento de los combustibles y las protestas de transportistas, agricultores, trabajadores y estudiantes. El debate queda así planteado entre una estrategia centrada en la prevención policial y la necesidad de responder también a unas tensiones económicas que pueden seguir alimentando la conflictividad.