El gobierno de Iztacalco, encabezado por la alcaldesa morenista Lourdes Paz Reyes, redujo 23.87 por ciento el presupuesto destinado a servicios de vigilancia en 2026, al mismo tiempo que la demarcación registró sus cifras más altas de la última década en carpetas de investigación por narcomenudeo y extorsión. La partida pasó de 152 millones 680 mil 415 pesos en 2025 a 116 millones 234 mil 597 pesos este año, una disminución de 36 millones 445 mil 818 pesos.
La reducción presupuestal ocurre en un contexto de creciente presión delictiva. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las carpetas por narcomenudeo aumentaron de 52 en 2016 a 229 al cierre de 2025, primer año de Paz Reyes al frente de la alcaldía. El incremento, de 340.38 por ciento, colocó a Iztacalco por encima de los registros correspondientes a administraciones anteriores.
Más delitos con menos recursos
La información entregada por la alcaldía vía transparencia muestra que la contracción del gasto no fue compensada por una mayor eficiencia comprobable en la atención de seguridad. Durante enero, febrero y marzo de 2025, la administración local no asignó ni ejerció recursos para pagar servicios de vigilancia, pese a que en esos tres meses se iniciaron 753, 762 y 907 carpetas de investigación por distintos delitos, respectivamente.
El patrón se repitió en enero y febrero de 2026, meses en los que tampoco se ejerció presupuesto para vigilancia. En ese periodo se contabilizaron 654 y 741 indagatorias por toda clase de ilícitos. La ausencia de gasto en los primeros meses del año resulta relevante porque coincide con una demanda sostenida de atención policial y no con una disminución documentada de la actividad delictiva.
Además, entre marzo y abril de este año la alcaldía dejó sin ejercer hasta 28 millones 459 mil 428 pesos que la Dirección de Finanzas había presupuestado para vigilancia. En esos dos meses se acumularon mil 673 carpetas de investigación por delitos diversos, un promedio de 27.4 casos diarios. El subejercicio no demuestra por sí mismo que cada peso no gastado se traduzca automáticamente en un delito adicional, pero sí evidencia una brecha entre los recursos previstos y la respuesta institucional desplegada.
Extorsión, el otro foco de alarma
La extorsión presentó un crecimiento todavía más pronunciado. Según el SESNSP, las carpetas iniciadas por este delito pasaron de 27 en 2024 a 95 en 2025, un aumento de 630.77 por ciento. El resultado fue el más elevado de los últimos 10 años para Iztacalco y coincidió con el primer ciclo anual de la actual administración.
La estadística refleja denuncias formalmente integradas en carpetas de investigación, por lo que no necesariamente representa la totalidad de los casos ocurridos. La extorsión suele enfrentar altos niveles de subregistro debido al temor de las víctimas, la presión de grupos delictivos y la desconfianza en las autoridades. Aun con esa limitación, el salto registrado constituye una señal de deterioro que requiere explicar si obedeció a un aumento real de los hechos, a una mayor disposición a denunciar o a ambos factores.
Una detención reciente ilustra la posible conexión entre mercados de droga y cobro de piso. El 14 de octubre, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en Iztacalco a dos hombres que llevaban 221 paquetes con distintos tipos de presunto narcótico. La dependencia informó que ambos posiblemente formaban parte de una célula dedicada a distribuir droga y realizar cobros de piso y extorsiones.
Quejas vecinales y puntos de venta
En redes sociales, un habitante de la colonia Agrícola Oriental aseguró haber reportado más de 300 veces la venta constante de droga en la Privada San Pablo, entre Calle 6 y Calle 5, frente a la primaria General Juan de la Luz Enríquez. El vecino afirmó que las transacciones ocurrían a menos de cien metros de dos escuelas y que incluso había observado a menores relacionados con la compra o consumo de sustancias.
La última queja mencionada fue publicada el 15 de octubre. El testimonio no sustituye una investigación ministerial ni permite determinar por sí solo la responsabilidad de funcionarios, pero muestra la distancia entre los reportes ciudadanos y la percepción de respuesta oficial. Cuando las denuncias se repiten sin una intervención visible, el problema deja de ser únicamente policial y se convierte también en una falla de coordinación, seguimiento y comunicación con la comunidad.
Los datos disponibles plantean una contradicción central para la política de seguridad en Iztacalco: mientras aumentan los delitos de alto impacto y se multiplican las alertas vecinales, el presupuesto de vigilancia disminuye y parte de los recursos autorizados permanece sin utilizar. La prioridad inmediata no sólo consiste en recuperar el gasto, sino en justificar cómo se asignan los fondos, medir sus resultados y garantizar que las zonas cercanas a escuelas y corredores comerciales reciban atención verificable.