La apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén, el 14 de octubre, no es solo un cambio de domicilio diplomático. La decisión del presidente Abelardo De La Espriella revierte la ruptura decretada por el Gobierno de Gustavo Petro en 2024, después de la ofensiva israelí en Gaza, y coloca a Bogotá en una posición distinta frente a uno de los asuntos más sensibles de la política internacional. El acto, encabezado por los cancilleres Omar Bula y Gideon Saar, escenificó la voluntad de restablecer vínculos; su ubicación, sin embargo, convierte esa voluntad en una señal que excede la relación bilateral.
La embajada estará dirigida por Tania Gilinski. Bula describió la reapertura como un paso concreto para restaurar una relación que, a su juicio, nunca debió interrumpirse. Gilinski, por su parte, presentó a Israel como socio estratégico para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia transnacional organizada. Durante la visita, Bula entregó además el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamás. Son gestos distintos, pero convergen en una narrativa oficial: reconstruir cooperación, reconocer vínculos humanos y sustituir el distanciamiento por una asociación activa.
La dirección de la embajada también es una postura
El elemento que da dimensión internacional a la decisión es Jerusalén. Israel ocupó Jerusalén Oriental en 1967 y posteriormente la anexionó; esa anexión no es reconocida por la mayoría de la comunidad internacional. Los palestinos reivindican la parte oriental de la ciudad como capital de un futuro Estado independiente. Por ello, instalar allí una embajada no equivale a una gestión logística: puede interpretarse como respaldo a la posición israelí sobre la ciudad, aunque Bogotá no haya presentado en el anuncio citado una nueva formulación completa de su política sobre el estatus final de Jerusalén.
El precedente de Estados Unidos muestra que la ubicación es una decisión política, no una convención neutral. Que algunos países mantengan allí sus representaciones no elimina la controversia ni convierte la práctica en consenso. Para Colombia, el cambio tiene un valor simbólico particularmente alto porque llega tras una ruptura motivada explícitamente por Gaza. La secuencia —romper relaciones bajo Petro, reanudarlas bajo De La Espriella y trasladar la sede— transforma un desacuerdo sobre la conducta militar israelí en una redefinición visible de prioridades diplomáticas.
La segunda señal fue el reconocimiento, anunciado en agosto por la administración de De La Espriella, de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Consideradas juntas, ambas decisiones sugieren que no se trata únicamente de reactivar canales consulares o comerciales. El Gobierno parece buscar una alineación política más estrecha con Israel. Esa lectura puede fortalecer la confianza de Jerusalén en la durabilidad del acercamiento, pero también expone a Bogotá a críticas de quienes entienden que la política exterior debe preservar distancia frente a disputas territoriales no resueltas.
La cooperación promete beneficios, pero no garantiza resultados
La defensa de la decisión se apoya en un argumento práctico: Colombia enfrenta redes de narcotráfico y delincuencia organizada, e Israel es presentado por la embajadora como un socio con experiencia relevante en seguridad. La cooperación podría incluir intercambio de información, capacitación y coordinación frente a amenazas transnacionales. Sin embargo, el anuncio de una alianza no demuestra por sí mismo que existan acuerdos operativos, protocolos de protección de datos o resultados medibles. Sin esos elementos, la palabra “estratégico” corre el riesgo de ser una etiqueta política antes que una capacidad institucional.
Para las fuerzas de seguridad colombianas, el beneficio potencial dependerá de que la cooperación responda a necesidades concretas y se integre con controles legales y civiles. El narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado no son fenómenos intercambiables: requieren marcos jurídicos, capacidades investigativas y mecanismos de supervisión distintos. Un intercambio de inteligencia mal delimitado puede generar riesgos de privacidad, errores de identificación o dependencia de proveedores externos. La eficacia, por tanto, no debería medirse por la cercanía diplomática, sino por resultados verificables y garantías para las personas afectadas.
También hay un interés económico y tecnológico posible, aunque el material disponible no anuncia contratos ni cifras de comercio que permitan cuantificarlo. La normalización puede facilitar contactos empresariales y abrir espacio a acuerdos en innovación o seguridad, pero esas oportunidades no son automáticas. La inestabilidad regional, la percepción de riesgo reputacional y los cambios de gobierno pueden pesar más que una ceremonia en la decisión de invertir. Para empresas colombianas con actividad en mercados árabes o con socios atentos a la cuestión palestina, el nuevo posicionamiento podría exigir una gestión diplomática y comercial más cuidadosa.
Una política exterior que puede cambiar con cada gobierno
El contraste entre Petro y De La Espriella deja al descubierto un problema de continuidad. La ruptura de 2024 vinculó la relación bilateral a la ofensiva en Gaza; la reapertura actual la presenta como un retorno necesario y como una oportunidad de cooperación. Las dos administraciones han usado decisiones de alto impacto simbólico para expresar prioridades distintas. Cuando esos virajes dependen principalmente de la orientación presidencial, aliados y socios pueden preguntarse cuánto durará el nuevo rumbo y qué ocurrirá si una futura administración vuelve a modificarlo.
Para Israel, la embajada ofrece reconocimiento político y una presencia diplomática en una ciudad cuya soberanía es objeto de disputa. Para el Gobierno colombiano, proyecta una ruptura deliberada con la política de su antecesor y acerca al país a un socio que considera útil en seguridad. Para los palestinos y sus partidarios, en cambio, la ubicación puede leerse como una desatención a sus reivindicaciones sobre Jerusalén Oriental. Ninguna de estas lecturas queda anulada por el lenguaje de reconciliación bilateral: son consecuencias simultáneas de una misma decisión.
La entrega del pasaporte a Bohbot aporta otra dimensión. Reconoce la situación de un ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamás y permite al Gobierno subrayar su deber de protección consular. Pero el gesto individual no resuelve el debate sobre la guerra ni sustituye una posición más amplia sobre la protección de civiles, la liberación de rehenes y el derecho internacional. La política exterior tendrá que sostener ambos planos: atender casos concretos de sus ciudadanos y formular principios coherentes ante un conflicto que divide a sus interlocutores.
La prueba será la consistencia, no la ceremonia
En los próximos meses, el alcance real del giro se verá en decisiones menos visibles: la agenda de consultas bilaterales, la firma de instrumentos de cooperación, la conducta de Colombia ante resoluciones multilaterales y la claridad de su postura sobre Jerusalén y Gaza. Si la relación se limita a símbolos, su efecto práctico será reducido, aunque el coste reputacional de la ubicación permanezca. Si se traduce en acuerdos, el Gobierno tendrá que explicar sus objetivos, sus salvaguardas y los resultados esperados para que la cooperación no quede blindada frente al escrutinio público.
El principal riesgo es la contradicción entre una política de alineamiento y la aspiración de conservar margen de mediación o interlocución con actores diversos. Un segundo riesgo es que la relación quede expuesta a nuevos cambios internos: una alternancia presidencial podría revertirla otra vez, erosionando la credibilidad colombiana. Un tercero es que la cooperación en seguridad avance más rápido que los controles democráticos y jurídicos necesarios. La apertura en Jerusalén inaugura, así, una etapa cuya medida no será solo la cercanía con Israel, sino la capacidad de Bogotá para sostener una política comprensible, consistente y responsable ante sus socios y su propia sociedad.