La Pre-COP31 celebrada en Fiji entre el 5 y el 8 de octubre no fue únicamente una reunión preparatoria para la próxima cumbre climática. Fue una disputa política sobre quién define las prioridades de la agenda global y sobre quién debe asumir los costos de una crisis que ya está alterando la vida cotidiana de millones de personas. Al reunir a líderes, ministros y negociadores de más de 100 países en Nadi, con actividades de alto nivel en Tuvalu, el encuentro trasladó el debate desde los grandes compromisos diplomáticos hacia los territorios donde el calentamiento global se expresa como pérdida de vivienda, inseguridad alimentaria, interrupción de servicios y desplazamiento.
Nueve años después de que Fiji presidiera la COP23, el país volvió a ocupar un lugar simbólico y estratégico como portavoz de los Estados más vulnerables. La Declaración de Taku Pakasoa condensó cuatro exigencias: preservar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius, ampliar y simplificar el financiamiento climático, reconocer la función de los océanos y garantizar que las comunidades afectadas participen en las decisiones. La importancia del documento no reside solo en su lenguaje político, sino en que conecta una meta climática global con necesidades concretas de adaptación.
El 1,5 °C dejó de ser una consigna diplomática
La defensa del límite de 1,5 °C suele presentarse como una discusión técnica entre gobiernos y científicos. Para los pequeños Estados insulares del Pacífico, sin embargo, es una frontera vinculada a la supervivencia territorial. Cada fracción adicional de calentamiento incrementa la presión sobre los sistemas costeros, la disponibilidad de agua, la agricultura, la infraestructura y la capacidad de las comunidades para permanecer en sus lugares de origen. Tuvalu, elegido como escenario de parte de las actividades de la Pre-COP31, representa precisamente esa condición: un territorio cuya exposición al aumento del nivel del mar convierte la política climática internacional en una cuestión inmediata.
La lógica de los países vulnerables es difícil de refutar. Si las emisiones continúan acumulándose, la adaptación se vuelve más costosa, menos eficaz y, en algunos territorios, físicamente insuficiente. Un dique puede reducir el impacto de una inundación, pero no resuelve por sí solo la salinización del suelo, la pérdida de fuentes de agua o la erosión de las costas. El problema no es únicamente cuánto dinero se invierte, sino si las medidas adoptadas siguen siendo viables cuando los riesgos se intensifican.
El primer gran mensaje de Fiji es, por tanto, que el objetivo de 1,5 °C funciona también como un límite económico y social. Superarlo no implica únicamente mayores temperaturas promedio: significa elevar el costo de proteger ciudades, carreteras, escuelas, redes de agua y sistemas agrícolas. Los gobiernos que hoy consideran la acción climática una carga presupuestaria pueden enfrentar mañana obligaciones fiscales mucho mayores por reconstrucción, asistencia humanitaria y pérdida de productividad.
La brecha financiera es también una brecha de poder
La segunda cuestión decisiva es el financiamiento. Los países vulnerables no están pidiendo solamente nuevos anuncios de cooperación, sino un cambio en la forma en que los recursos se movilizan y se distribuyen. El acceso al financiamiento climático continúa siendo lento, complejo y burocrático. Para un Estado con instituciones limitadas, poca capacidad técnica y escaso margen fiscal, preparar proyectos, cumplir requisitos, negociar condiciones y esperar desembolsos puede consumir años, mientras la emergencia ocurre en cuestión de días.
Esta demora produce una desigualdad menos visible que la diferencia entre emisiones históricas, pero igualmente determinante: quienes menos contribuyeron al calentamiento global suelen tener menos capacidad para acceder a los fondos destinados a enfrentarlo. El reclamo del Pacífico plantea así una discusión sobre gobernanza. No basta con aumentar los montos prometidos si los mecanismos de aprobación están diseñados para administraciones con equipos especializados, sistemas estadísticos robustos y capacidad de endeudamiento.
La consecuencia sectorial es amplia. La falta de financiamiento previsible dificulta que los gobiernos planifiquen obras hidráulicas, modernicen sistemas de alerta temprana, protejan cultivos o reubiquen infraestructura crítica. También afecta a empresas locales y organizaciones comunitarias, que suelen ejecutar proyectos de adaptación, pero carecen de garantías para sostenerlos más allá de los ciclos de cooperación internacional. La adaptación necesita continuidad; los fondos fragmentados y temporales producen respuestas fragmentadas y temporales.
Hay una controversia de fondo entre los países donantes y los receptores. Los primeros suelen exigir controles, indicadores y salvaguardas para evitar el uso ineficiente de los recursos. Los segundos responden que esos controles, cuando son excesivos, terminan excluyendo a los territorios con mayores necesidades. Ambas preocupaciones son legítimas. El desafío consiste en establecer mecanismos de transparencia que no conviertan la rendición de cuentas en una barrera de entrada. La eficiencia del financiamiento no debe medirse solo por la precisión administrativa del desembolso, sino por la rapidez con que reduce riesgos reales.
Guatemala comparte el problema, aunque no comparta el océano
La distancia geográfica entre Fiji y Guatemala no elimina las similitudes estructurales. En el Corredor Seco, las sequías recurrentes presionan la producción de alimentos y los ingresos rurales. Las tormentas tropicales dañan viviendas, caminos, puentes y sistemas de agua. La inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad de comunidades rurales muestran que el cambio climático no actúa como un fenómeno aislado: amplifica desigualdades preexistentes y golpea con más fuerza a quienes tienen menos ahorros, menor acceso a seguros y menos alternativas de empleo.
La referencia a Guatemala es especialmente relevante porque obliga a distinguir entre mitigación y adaptación. La reducción de emisiones es indispensable para limitar el deterioro futuro, pero incluso el cumplimiento de los objetivos climáticos más ambiciosos no eliminará los impactos que ya están incorporados al sistema climático. El país necesita reducir riesgos actuales y simultáneamente participar en la transición energética y productiva. Concentrar toda la política en la mitigación dejaría desprotegidas a las comunidades que ya enfrentan pérdidas; concentrarla solo en la emergencia impediría abordar las causas del problema.
El dato de que el cambio climático afecta a tres millones de guatemaltecos y que 123 municipios se encuentran en una categoría de “muy alta vulnerabilidad” revela una dimensión territorial que no puede resolverse desde la capital ni mediante programas uniformes. La exposición de cada municipio depende de sus fuentes de agua, sus cultivos, la calidad de sus caminos, la ubicación de sus viviendas y la capacidad de sus autoridades para responder. Una política de adaptación eficaz debe dirigir recursos según el riesgo y no según la facilidad administrativa para ejecutar proyectos.
La primera conclusión aplicable a Guatemala es que la adaptación debe pasar de ser un capítulo secundario de la política ambiental a convertirse en una prioridad de planificación nacional. Eso implica vincularla con agricultura, salud, educación, infraestructura, ordenamiento territorial y protección social. Una carretera que se reconstruye sin considerar nuevas rutas de escorrentía puede volver a quedar inutilizada; una escuela que no cuenta con agua segura puede dejar de operar durante una sequía; un programa agrícola que distribuye semillas sin atender la disponibilidad hídrica puede trasladar el riesgo al productor.
Las comunidades no son beneficiarias pasivas
La Pre-COP31 también introdujo una corrección importante al lenguaje tradicional de la cooperación climática. Las comunidades vulnerables no deben ser tratadas únicamente como receptoras de asistencia o víctimas de desastres. En muchos casos poseen conocimiento sobre ciclos de lluvia, manejo del suelo, conservación del agua y uso sostenible de recursos naturales que las instituciones públicas no han integrado suficientemente en sus políticas.
Reconocer ese papel no significa idealizar las soluciones locales ni sustituir la responsabilidad estatal. Una comunidad puede identificar con precisión los riesgos de su territorio y, aun así, carecer de recursos para construir infraestructura o responder a una emergencia de gran escala. La combinación más eficaz es una alianza entre conocimiento local, capacidad técnica pública y financiamiento estable. Excluir a las poblaciones afectadas produce proyectos formalmente correctos, pero poco útiles en la práctica; incluirlas sin apoyo institucional limita el alcance de sus iniciativas.
Este punto tiene implicaciones para la industria de la construcción, la agricultura y los servicios públicos. Las obras resilientes requieren diseños adaptados al contexto y mantenimiento permanente. La agricultura necesita pasar de una lógica centrada exclusivamente en el rendimiento inmediato a otra que considere la variabilidad climática, la conservación del suelo y la diversificación de ingresos. Las empresas de agua y energía, por su parte, tendrán que incorporar escenarios de interrupción y demanda extrema en sus inversiones. La adaptación no es un mercado separado: está transformando las condiciones básicas de operación de numerosas actividades económicas.
El océano como infraestructura climática
El reconocimiento del papel de los océanos constituye otra de las señales relevantes de la reunión. Para los Estados insulares, el mar es fuente de alimento, transporte, empleo, identidad cultural y protección ambiental. Pero también es el espacio donde se acumulan presiones derivadas del calentamiento, la acidificación, la contaminación y la degradación de ecosistemas costeros. Proteger los océanos no puede reducirse a una política de conservación aislada de las estrategias económicas y climáticas.
La salud de manglares, arrecifes y otros ecosistemas costeros puede disminuir la exposición a tormentas y contribuir a la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, la degradación de esos sistemas aumenta la dependencia de obras artificiales, cuya construcción y mantenimiento suelen ser más caros. La discusión plantea una oportunidad para combinar infraestructura natural e infraestructura convencional, siempre que las decisiones se basen en evidencia y no en la idea simplista de que un ecosistema puede reemplazar cualquier obra de protección.
Para Guatemala, que no es un Estado insular pero tiene costas en el Pacífico y el Caribe, esta perspectiva también es pertinente. La protección de zonas costeras, cuencas y ecosistemas marino-costeros se relaciona con la pesca, el turismo, la seguridad alimentaria y la reducción de daños ante tormentas. Ignorar esa conexión puede trasladar costos ambientales a comunidades que dependen directamente de esos recursos y, al mismo tiempo, reducir la capacidad de recuperación económica después de un evento extremo.
La próxima etapa: de las declaraciones a la ejecución
La prueba de la Declaración de Taku Pakasoa no estará en la fuerza de sus formulaciones, sino en su capacidad para influir en las decisiones de la COP31. Los países vulnerables intentarán convertir cuatro prioridades políticas en compromisos verificables: más recursos para adaptación, procedimientos de acceso más simples, mayor reconocimiento de los océanos y participación efectiva de las comunidades. La resistencia aparecerá previsiblemente en torno al volumen de financiamiento, la responsabilidad de los países con mayores emisiones y el equilibrio entre subvenciones y préstamos.
Un riesgo central es que la adaptación quede subordinada a proyectos de mitigación más visibles para los inversionistas. La transición energética ofrece oportunidades tecnológicas y financieras que pueden atraer capital privado, mientras que reforzar una red de agua rural o mejorar una escuela en una zona expuesta produce beneficios sociales esenciales, pero menos rentables de forma inmediata. Si los criterios financieros dominan sin correcciones públicas, los recursos se concentrarán en los proyectos con mayor retorno comercial y no necesariamente en los territorios con mayor vulnerabilidad.
Otro riesgo es la denominada mala adaptación: medidas que reducen un peligro a corto plazo, pero crean nuevos problemas en el futuro. Una obra que protege una zona urbana puede aumentar la erosión en otra; una expansión agrícola puede deteriorar la fuente de agua que sostiene a varias comunidades; una reubicación sin empleo ni servicios puede convertir la reducción del riesgo físico en una crisis social. La presión por mostrar resultados rápidos puede empujar a los gobiernos a elegir soluciones visibles antes que estrategias integrales.
El escenario más probable para los próximos años combina avances parciales y conflictos persistentes. Habrá más inversión en alertas tempranas, infraestructura resistente, gestión del agua y agricultura adaptada, pero seguirá abierta la disputa sobre quién paga y quién decide. Los países del Pacífico buscarán consolidar su liderazgo moral y técnico, mientras América Latina intentará demostrar que sus vulnerabilidades no son casos nacionales aislados, sino parte de una misma crisis de desarrollo.
Fiji ha colocado una advertencia precisa sobre la mesa: la vulnerabilidad no puede seguir siendo utilizada como argumento para esperar, sino como criterio para actuar primero. Para Guatemala, la lección no consiste en copiar las políticas de un Estado insular, sino en reconocer que la adaptación requiere planificación territorial, financiamiento accesible, participación comunitaria y coordinación entre sectores. La crisis climática ya está afectando la producción, los servicios y la seguridad de millones de personas. La pregunta decisiva para la próxima cumbre no será si los países vulnerables necesitan protección, sino si la comunidad internacional está dispuesta a organizar sus recursos y sus reglas alrededor de esa urgencia.