La segunda vuelta presidencial de Brasil, prevista para el 25 de octubre, no solo enfrenta dos proyectos políticos antagónicos. También coloca en disputa el rumbo ambiental de la mayor economía de América Latina y, con él, el futuro de la Amazonía. Luiz Inácio Lula da Silva defiende la continuidad de una política de control de la deforestación, aunque mantiene su apuesta por el petróleo como fuente de financiación para la transición energética. Flávio Bolsonaro promete conservar los bosques, pero su discurso y su vínculo con el legado de su padre alimentan dudas sobre el alcance real de esa promesa.
El fuego devolvió el ambiente al centro de la campaña
La primera señal de alarma llegó con el repunte de los incendios. Durante las dos primeras semanas de octubre se registraron más de 1.600 focos en el estado de Amazonas, dentro de la Amazonía Legal, un aumento del 253% frente al mismo periodo del año anterior. En todo el bioma, los incendios se triplicaron desde el 4 de octubre, cuando Brasil celebró la primera vuelta presidencial, después de que el año se hubiera mantenido cerca de mínimos históricos.
El Gobierno de Lula ha denunciado indicios de una acción deliberada y ha anunciado recursos para combatir el fuego. Sus adversarios, entre ellos el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, utilizaron la emergencia para acusar al Ejecutivo de haber abandonado la región. El episodio revela una tensión central: un desastre ambiental puede ser al mismo tiempo una crisis ecológica y un arma electoral. La especialista Natalie Unterstell advierte que presentar los incendios como prueba absoluta del fracaso gubernamental, o los avances contra la deforestación como señal de que el problema está resuelto, distorsiona una realidad mucho más compleja.
Una cifra histórica favorece a Lula, pero no cierra el debate
El segundo anclaje de la contienda es un dato que el Gobierno utiliza como principal argumento de gestión: la deforestación amazónica cayó, entre agosto de 2025 y julio de 2026, a su nivel anual más bajo desde el inicio de los registros, en 1988, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. La cifra confirma que la fiscalización y las políticas de protección pueden producir resultados medibles después del fuerte deterioro registrado en años anteriores.
Sin embargo, la mejora no equivale a una solución definitiva. La meta de Lula es alcanzar la deforestación neta cero en 2030, lo que exigiría compensar cualquier pérdida legal o ilegal de bosque mediante restauración. Ese objetivo enfrenta obstáculos políticos: la derecha fortaleció su presencia en el Congreso y el agronegocio conserva una influencia decisiva entre los legisladores conservadores. Además, el descenso de la tala convive con incendios, invasiones territoriales, minería ilegal y una presión económica que hace rentable destruir la selva para determinados sectores.
La contradicción se extiende a la política energética. Lula impulsa la exploración petrolera en la Amazonía y frente a sus costas, con el argumento de que los ingresos de los hidrocarburos permitirán financiar la transición hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles. Para sus críticos, esa lógica mantiene una fractura difícil de sostener: Brasil reduce la deforestación mientras amplía actividades que agravan el calentamiento global que vuelve más vulnerable a la propia selva.
El legado de Jair Bolsonaro pesa sobre la candidatura de Flávio
Flávio Bolsonaro asegura que frenaría la deforestación ilegal para 2029 y que crearía incentivos económicos para conservar y restaurar los bosques. Pero su propuesta carece de detalles sobre fiscalización, protección territorial y control de las actividades extractivas. El énfasis en lo “ilegal” abre una interrogante relevante: si cambia la definición de lo permitido, parte de las prácticas hoy perseguidas podría quedar fuera del alcance de las autoridades.
La duda no nace únicamente de la retórica electoral. Durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, la deforestación amazónica aumentó cerca de un 60% y se talaron alrededor de 45.000 kilómetros cuadrados, según datos oficiales. También se debilitaron los mecanismos de control, no se demarcó ninguna nueva tierra indígena y la minería ilegal contribuyó a la crisis humanitaria que afectó al pueblo yanomami.
Flávio ha defendido varias decisiones de la administración de su padre y ha descrito los fenómenos extremos como eventos cíclicos, una posición que alimenta el temor de un retorno del negacionismo climático. El riesgo señalado por especialistas no es solamente que se modifique una ley, sino que se debiliten las instituciones encargadas de aplicarla. En la Amazonía, la distancia entre una norma y su cumplimiento determina si una reserva permanece protegida o se convierte en una nueva frontera de extracción.
Minería, agricultura y clima estrechan el margen de maniobra
El cuarto anclaje está en la presión acumulada sobre las comunidades y los ecosistemas. Durante su campaña, Flávio Bolsonaro prometió conceder a los pueblos indígenas mayor autonomía para decidir si destinan sus tierras a la agricultura, el arrendamiento o la minería. La propuesta se presenta como una defensa de la libertad de decisión, pero choca con la experiencia de comunidades que llevan años resistiendo la presión de agricultores, empresas y redes dedicadas a la extracción ilegal de oro.
La crisis climática añade una urgencia que ningún gobierno podrá eludir. La sequía histórica de 2023 dejó ríos en niveles extremadamente bajos, aisló comunidades, provocó mortandad de peces y afectó el transporte, el acceso al agua, la alimentación y la salud. Con el regreso previsto de El Niño en 2026, se anticipan menos lluvias y más incendios, condiciones capaces de deteriorar simultáneamente los bosques y la vida cotidiana de millones de personas.
Por eso, la elección no se limita a escoger entre dos estilos de administración ambiental. Define qué relación tendrá Brasil con la Amazonía: si será tratada como un patrimonio climático cuya protección exige límites a la explotación, o como un activo económico estratégico sometido a nuevas fronteras agrícolas, mineras y petroleras. Lula llega con resultados verificables, pero también con una contradicción energética; Flávio, con promesas generales y un legado político que genera desconfianza. En ambos casos, el desafío será convertir el discurso electoral en instituciones capaces de resistir la presión económica y la aceleración del clima.