La campaña “Un litro de gasolina para Cuba”, promovida por la Liga Cultural Antifascista con respaldo visible de funcionarios, escritores y figuras vinculadas al Gobierno mexicano, puede convertirse en algo más que una iniciativa de recaudación cultural. Su alcance financiero inmediato parece limitado: vender 40.000 estampas a 25 pesos mexicanos permitiría reunir unos 40.000 litros de combustible. Sin embargo, el verdadero efecto de la propuesta se sitúa en otro terreno: vuelve a colocar la relación entre México y el Gobierno cubano en el centro del debate público, mezcla la solidaridad política con recursos y espacios institucionales, y plantea dudas sobre la viabilidad legal, logística y humanitaria de enviar combustible a una isla sometida a restricciones energéticas y comerciales.
El proyecto llega después de otras iniciativas de apoyo, como la campaña Luz para Cuba, orientada a financiar paneles solares, y la recaudación impulsada en marzo por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para adquirir alimentos, medicinas, petróleo y gasolina. La ampliación del programa Sembrando Vida a Ciego de Ávila refuerza la percepción de que la cooperación mexicana hacia Cuba no constituye un episodio aislado, sino una línea sostenida de política exterior y de acción política. Para sus promotores, esa continuidad demuestra solidaridad con la población cubana. Para sus críticos, puede representar una utilización de instituciones públicas y figuras oficiales para sostener a un gobierno extranjero sin mecanismos suficientes de rendición de cuentas.
Una campaña pequeña con una carga política considerable
La recaudación propuesta tiene una dimensión material modesta frente a las necesidades de Cuba. El combustible reunido en un mes difícilmente resolvería los problemas estructurales de generación eléctrica, transporte o distribución de alimentos que enfrenta la isla. Tampoco está claro si la cantidad anunciada sería suficiente para llenar un buque, ni qué tipo de embarcación, permisos, seguros, puerto de salida y acuerdos de recepción serían necesarios. Paco Ignacio Taibo II habló de buscar un barco si las circunstancias políticas permiten debilitar el embargo estadounidense, pero no explicó quién asumiría la operación ni bajo qué marco jurídico.
La importancia de la campaña, por tanto, reside sobre todo en su capacidad de movilización simbólica. El precio de cada estampa convierte una donación individual en un gesto sencillo y visible, mientras que la venta en las librerías del Fondo de Cultura Económica extiende la iniciativa a una red vinculada a una institución pública. Esa combinación puede aumentar la participación ciudadana y dar legitimidad social a la causa, pero también dificulta separar la actividad de un colectivo político de las funciones ordinarias de una entidad estatal dedicada a la edición y distribución de libros.
El respaldo de personas que ocupan cargos públicos añade otra capa de complejidad. Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios del Gobierno de Ciudad de México, participa como integrante del grupo promotor, mientras Taibo II dirige el FCE. Aunque su intervención pudiera presentarse como una acción personal o cultural, su posición institucional puede generar la impresión de que la campaña cuenta con apoyo oficial. Esa percepción tendría consecuencias sobre la confianza pública, especialmente si no se publican reglas claras para la recepción, administración y destino de los fondos.
Solidaridad internacional y límites de la acción humanitaria
La campaña puede producir beneficios concretos si logra canalizar recursos hacia necesidades verificables. Cuba atraviesa una crisis energética que afecta los servicios públicos, la movilidad, la actividad productiva y la vida cotidiana. Una ayuda externa, aunque sea limitada, podría aliviar temporalmente la situación de determinadas comunidades o instituciones. La cooperación agrícola mexicana también podría aportar capacitación, semillas, insumos y maquinaria a productores de Ciego de Ávila, siempre que existan controles independientes para verificar la entrega y medir los resultados anunciados.
Además, la participación de artistas y escritores cubanos puede abrir espacios de intercambio cultural en un momento de fuerte polarización política. Las obras vendidas podrían ofrecer ingresos a creadores y favorecer una conversación pública sobre la situación de la isla. El componente cultural permite que la ayuda no se reduzca a una transferencia de bienes, sino que se vincule con la expresión artística, la memoria y los lazos históricos entre ambos países.
Pero la etiqueta humanitaria no elimina la necesidad de controles. El combustible es un producto estratégico y su traslado internacional está sujeto a normas aduaneras, marítimas, ambientales, financieras y de seguridad. Si la operación pretende sortear sanciones estadounidenses, bancos, aseguradoras, navieras y proveedores podrían negarse a participar por temor a sanciones secundarias o a riesgos reputacionales. La falta de un plan público puede transformar una campaña bien intencionada en una promesa difícil de cumplir, con el consiguiente desgaste para sus organizadores y para quienes realizaron donaciones.
El problema de la transparencia no es secundario
El antecedente de las campañas anteriores vuelve especialmente relevante la trazabilidad. En el caso del programa de distribución de 2,5 millones de libros anunciado por el FCE, medios independientes señalaron que en la librería Tuxpan, en La Habana, no se observaban nuevos ejemplares durante varios meses. Un funcionario del Fondo afirmó después que parte de la colección había llegado a Cuba, pero aclaró que la institución no se encargaba de distribuir los libros en el extranjero. Esa diferencia entre anunciar una ayuda y demostrar su llegada muestra la importancia de publicar calendarios, responsables y comprobantes verificables.
Para la campaña de gasolina sería necesario conocer, como mínimo, la entidad legal que recibirá el dinero, la cuenta bancaria utilizada, el costo administrativo de la operación, el proveedor del combustible, el punto de entrega y la autoridad cubana o internacional responsable de su distribución. También debería aclararse si los fondos se devolverían en caso de que el traslado resultara imposible. Sin esa información, los donantes no podrían distinguir entre una contribución destinada a una operación real y una acción principalmente propagandística.
La eventual participación de las librerías del FCE plantea otra pregunta: si los locales públicos funcionan como puntos de venta, ¿se trata de una actividad institucional o de una colaboración excepcional con una organización política? La respuesta debería estar respaldada por acuerdos publicados y criterios aplicables a cualquier grupo que solicite apoyo. De lo contrario, podría surgir la acusación de que el acceso a la infraestructura estatal depende de la cercanía ideológica con el Gobierno.
Riesgos para México y para la relación con Washington
La iniciativa también puede tener efectos diplomáticos. México ha defendido tradicionalmente la cooperación con Cuba y el rechazo a medidas unilaterales de presión. Esa postura es coherente con su política de no intervención y con su crítica al embargo. No obstante, una operación para trasladar gasolina podría ser interpretada en Estados Unidos como un intento de eludir restricciones, sobre todo si utiliza empresas, bancos o rutas comerciales con vínculos estadounidenses. Aunque el volumen sea pequeño, el riesgo no depende únicamente de la cantidad, sino de la forma en que se realice la transacción.
La cercanía temporal con las elecciones estadounidenses puede intensificar la lectura política del caso. El propio discurso de los promotores vincula la posibilidad de enviar combustible con un eventual debilitamiento del embargo tras los comicios. Esa expectativa introduce una incertidumbre que no depende de México ni de Cuba. Un cambio en Washington podría abrir algunas vías diplomáticas, pero también endurecer controles si el tema cubano se convierte en un recurso de campaña. Basar la logística en un escenario electoral incierto puede retrasar la ayuda y elevar los costos.
Para el Gobierno mexicano, el apoyo a Cuba ofrece una oportunidad de reafirmar su autonomía diplomática y su identidad latinoamericanista. A la vez, puede generar tensiones con sectores que reclaman que los recursos públicos se concentren en problemas nacionales, como la inseguridad, el suministro energético o la pobreza rural. La aportación personal anunciada por Claudia Sheinbaum busca marcar una diferencia entre el dinero de la presidenta y el presupuesto público, pero la participación de funcionarios y dependencias mantiene abierta la discusión sobre los límites entre convicción personal y política de Estado.
Lo que puede definir el desenlace
El futuro de la campaña dependerá menos de su capacidad para vender estampas que de su capacidad para demostrar resultados. Si los promotores publican informes financieros, explican las restricciones aplicables y consiguen una vía legal de entrega, la iniciativa podría consolidarse como una expresión legítima de solidaridad ciudadana. También podría impulsar mecanismos de cooperación más sostenibles, como proyectos de energía solar, asistencia agrícola y apoyo directo a comunidades, cuya eficacia pueda medirse con mayor facilidad que una entrega puntual de combustible.
Si, por el contrario, se mantienen las declaraciones generales y no aparecen documentos sobre la operación, el proyecto corre el riesgo de quedar reducido a una acción simbólica. En ese escenario, las donaciones podrían convertirse en un indicador de apoyo político más que en una solución para la crisis energética cubana. La ausencia de transparencia afectaría no solo a la campaña, sino también a futuros programas de cooperación mexicana en la isla.
La cuestión central no es si México debe mantener vínculos con Cuba, sino bajo qué condiciones debe hacerlo. La ayuda internacional puede ser válida y necesaria cuando responde a necesidades verificables, respeta la ley y llega a los destinatarios sin intermediaciones opacas. En una relación marcada por afinidades políticas, la mejor protección para los beneficiarios, los donantes y las instituciones mexicanas será separar el gesto solidario de la propaganda, someter cada operación a controles públicos y medir sus resultados más allá del impacto de su lanzamiento.