El coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas pasó de dirigir una operación policial de alto riesgo contra Sebastián Marset a enfrentar seis meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya. La resolución judicial reconfigura el significado público de su participación en la captura del narcotraficante uruguayo: lo que para el exjefe de Inteligencia fue una intervención ejecutada con entrenamiento y convicción, para la Fiscalía constituye ahora parte de una investigación por el presunto retiro irregular de objetos de valor de un inmueble allanado.
De la operación celebrada al expediente penal
El primer anclaje del caso es la distancia entre el resultado operativo y las sospechas que surgieron después. Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, en una intervención que Ferrufino defendió como una acción profesional, planificada bajo presión y ejecutada por personal capacitado. Sin embargo, la investigación no se concentra únicamente en la detención del acusado de narcotráfico, sino en lo ocurrido dentro del inmueble del barrio Las Palmas y en el manejo posterior de unas maletas.
Según la imputación formal, esos objetos no habrían sido registrados ni incorporados de manera regular a los procedimientos de inventario y custodia. La ausencia de una trazabilidad documentada convierte un elemento aparentemente operativo en el centro de una disputa judicial: la Fiscalía sostiene que pudo existir una extracción irregular, mientras Ferrufino rechaza que su conducta pueda interpretarse como un intento de apropiación o encubrimiento.
La hipótesis fiscal incluye la posible existencia de al menos cuatro millones de dólares en efectivo, además de relojes de lujo y otros bienes de valor. La cifra, por su magnitud, eleva la relevancia del expediente, pero no sustituye la necesidad de probar qué objetos existían, quién los tuvo bajo su control, cuándo fueron retirados y por qué no quedaron incorporados formalmente al registro. Precisamente esa cadena de custodia será decisiva para establecer responsabilidades individuales y evitar que la investigación se apoye solo en declaraciones o presunciones.
Ferrufino sostiene que la misión exigía decisión y entrenamiento
El segundo punto clave es la defensa que el coronel hizo de la operación. Durante la audiencia, afirmó que ninguno de los efectivos del Grupo Especial de Acciones Tácticas conocía previamente el destino ni todos los detalles de la misión. A su juicio, esa reserva operativa fue necesaria para preservar el factor sorpresa y permitió que un grupo reducido actuara frente a un objetivo considerado peligroso.
Ferrufino aseguró que, entre los aproximadamente 35.000 policías bolivianos, pocos se habrían atrevido a ejecutar una captura de esas características. Presentó su intervención como el resultado de la preparación profesional, la experiencia y la convicción de cumplir con una tarea institucional. Esa explicación busca separar dos momentos que la investigación ha terminado conectando: la eficacia de la captura y la actuación de los funcionarios durante el allanamiento.
El coronel también pidió que se revise un video remitido a la autoridad judicial. Sostiene que las imágenes pueden mostrar cómo actuó durante una negociación y demostrar que no abandonó el procedimiento para “robar”, como, según su versión, lo plantearon el Ministerio de Gobierno o la Fiscalía. Si el material confirma la secuencia de los hechos, podría ayudar a precisar quién tomó decisiones, qué instrucciones se impartieron y cuál fue el destino de las maletas.
La frase que revela el costo personal del proceso
El tercer anclaje aparece en el impacto que la detención tiene sobre el propio acusado. Ferrufino dijo que no teme principalmente por su vida, sino por la seguridad de sus hijas y su familia. La declaración introduce una dimensión de riesgo que suele quedar fuera de los expedientes: la captura de Marset y las investigaciones posteriores involucran a un personaje con presuntas redes criminales y una capacidad de intimidación que el coronel considera todavía relevante.
Su relato también refleja el deterioro de su posición pública. Recordó que en su momento tomó con humor el comentario de un policía que habría preguntado por qué había sido enviado a una situación en la que podía morir. Ahora, desde una celda y bajo investigación, dijo comprender aquella reacción. La frase resume el giro de su situación: el funcionario que antes representaba la autoridad que ingresó al operativo se presenta hoy como un servidor cuestionado cuya trayectoria, según sus palabras, ha quedado reducida a “un número más” dentro del proceso.
Una prueba para los controles policiales
El cuarto elemento trasciende la situación personal de Ferrufino. La investigación plantea si los protocolos de allanamiento, inventario y custodia fueron suficientes para proteger evidencias y bienes encontrados en una operación contra una figura del narcotráfico. Los delitos atribuidos al coronel incluyen peculado, incumplimiento de deberes, hurto agravado, concusión y cohecho pasivo, acusaciones que deberán sostenerse con pruebas concretas y con una delimitación clara de su participación.
La detención preventiva no equivale a una condena. Su aplicación permite a la Justicia asegurar la presencia del investigado y preservar el desarrollo de las diligencias mientras se esclarecen los hechos, pero el proceso deberá demostrar si hubo una conducta ilícita, quiénes intervinieron y qué ocurrió con los bienes presuntamente retirados. La revisión del video, los registros del operativo, los testimonios de los agentes y la documentación de custodia pueden definir si el caso revela una irregularidad individual o una falla más amplia en el manejo de procedimientos sensibles.
La captura de Marset abrió una causa internacional que ya alcanza a distintos funcionarios públicos. El expediente de Ferrufino añade una pregunta central: si una operación considerada exitosa puede quedar comprometida por la falta de transparencia en sus etapas posteriores. La respuesta dependerá menos del impacto mediático de la captura que de la capacidad de las autoridades para reconstruir, con pruebas verificables, cada decisión tomada dentro del inmueble de Las Palmas.