La discusión sobre el servicio público en la República Dominicana no debería comenzar con la lealtad a un gobierno, a un partido o a una autoridad determinada. Debería empezar por una pregunta más básica: ¿para quién existe el Estado? La respuesta está contenida en la Constitución y en las leyes, pero todavía no se refleja de manera constante en la experiencia de quienes acuden a una oficina pública, solicitan información o esperan una solución. El desafío no es únicamente normativo; es convertir principios jurídicos en conductas verificables.
La ley existe, pero la ciudadanía mide su cumplimiento
La Ley 41-08 de Función Pública promueve la profesionalización del servicio estatal, mientras el artículo 138 de la Constitución establece principios como eficacia, objetividad, igualdad, transparencia y economía. La Ley 107-13, por su parte, reconoce derechos de las personas en su relación con la Administración Pública, entre ellos recibir orientación clara, un trato digno, respuestas oportunas y decisiones fundamentadas.
El problema aparece en la distancia entre ese marco y lo que ocurre en la práctica. Una institución puede exhibir reglamentos, manuales e indicadores, pero si el ciudadano enfrenta filas interminables, requisitos que el propio Estado ya posee o respuestas imprecisas, la legalidad queda reducida a una declaración formal. La calidad de la gestión pública se comprueba en el punto de contacto con la población, donde el derecho deja de ser una promesa y se convierte en una experiencia concreta.
Cada cambio político no debería borrar la memoria del Estado
La diferencia entre gobierno y Estado resulta decisiva. El gobierno es temporal y puede cambiar cada cuatro años; el Estado, en cambio, debe conservar capacidades, conocimientos y responsabilidades más allá de los ciclos electorales. Cuando una nueva administración sustituye indiscriminadamente equipos técnicos, no solo modifica nombres: también puede perder experiencias, relaciones institucionales, aprendizajes y proyectos que requirieron años para consolidarse.
La carrera administrativa responde precisamente a esa necesidad de continuidad, mediante la profesionalización, la estabilidad y el desarrollo de quienes cumplen los requisitos legales. No todos los cargos tienen el mismo régimen ni pueden considerarse permanentes, pero esa distinción no justifica que cada relevo político obligue a las instituciones a comenzar desde cero. El costo de esa pérdida de conocimiento no suele aparecer de inmediato en un informe presupuestario. Se manifiesta en retrasos, decisiones menos informadas, servicios discontinuos y recursos públicos utilizados para reconstruir capacidades que ya existían.
Preservar la memoria institucional tampoco significa proteger la ineficiencia. La estabilidad legítima debe estar acompañada de evaluación, formación pertinente y responsabilidad. El objetivo es que el mérito y el desempeño tengan más peso que la cercanía política, y que una transición de gobierno permita revisar prioridades sin destruir la capacidad técnica acumulada.
La lealtad institucional tiene límites jurídicos
En una administración democrática, la lealtad no puede confundirse con obediencia ciega. Un servidor público está obligado a respetar la Constitución, cumplir las leyes, proteger los recursos colectivos y actuar con honestidad e imparcialidad. Si una instrucción contradice la legalidad, ejecutarla automáticamente no constituye disciplina: puede convertirse en una forma de irresponsabilidad.
Ese criterio profesional necesita respaldo desde la dirección institucional. Resulta difícil exigir integridad a los empleados cuando las decisiones de contratación, compras, autorizaciones o rendición de cuentas se toman sin transparencia. La ética pública no se demuestra mediante frases colocadas en las paredes, sino en la manera en que se justifican las decisiones, se corrigen errores y se protegen los procedimientos frente a presiones indebidas.
También corresponde al Estado cuidar a quienes sostienen diariamente sus servicios. En oficinas, hospitales, escuelas, municipios y organismos técnicos, muchos empleados trabajan bajo sobrecarga administrativa, limitaciones de recursos y procesos deficientes. La exigencia de excelencia debe acompañarse de condiciones dignas, capacitación útil, evaluaciones justas y mecanismos de protección frente a decisiones arbitrarias. Un entorno que castiga a quien señala una irregularidad termina premiando el silencio y debilitando la institución.
Modernizar es resolver, no trasladar la burocracia a una pantalla
La profesionalización no se mide por la cantidad de diplomas acumulados, sino por la capacidad de transformar conocimientos en resultados. Capacitar sobre calidad del servicio no sirve de mucho si las personas siguen esperando durante horas. Digitalizar un trámite tampoco representa una modernización real cuando conserva los mismos pasos innecesarios, exige documentos disponibles en las bases estatales o simplemente convierte el formulario de papel en una pantalla.
La transformación pública requiere integrar tres elementos: personas competentes, procesos eficientes y herramientas adecuadas. Si falta cualquiera de ellos, la tecnología puede ocultar el problema sin resolverlo. Por eso los indicadores deben medir más que actividades realizadas o presupuesto ejecutado. Deben mostrar cuántos problemas se resolvieron, cuánto tiempo se ahorró a la ciudadanía, qué trámites fueron eliminados y qué mejoras sobrevivieron a un cambio de administración.
El ciudadano no está solicitando un favor cuando reclama información, presenta una queja o gestiona un servicio. Está ejerciendo un derecho o cumpliendo un procedimiento previsto por la ley. Expresiones como «vuelva mañana», «eso no me corresponde» o «tiene que hablar con alguien de arriba» pueden reflejar dificultades reales, pero no deberían convertirse en la respuesta definitiva de una institución organizada. Un buen servidor público quizá no siempre pueda decir que sí; sí debe poder explicar, orientar y actuar dentro de sus competencias.
La República Dominicana necesita medir el Estado desde la realidad de quienes reciben sus servicios. Fortalecer el ingreso por mérito, proteger la memoria institucional, simplificar procesos, rendir cuentas y reconocer mejoras comprobables son decisiones administrativas, pero también compromisos democráticos. Servir no consiste en ocupar un cargo ni en administrar recursos como si fueran propios. Significa ejercer una responsabilidad limitada por la ley y orientada al bienestar colectivo. La pregunta decisiva ya no es si se entiende ese principio, sino si las instituciones están dispuestas a aplicarlo todos los días.