Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana y figura cercana al expresidente Rafael Correa, fue detenida durante la madrugada de este jueves en Canuto, provincia de Manabí, en el marco del caso denominado “Laberinto”, que investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y en el gasto publicitario de su campaña presidencial de 2023. La Fiscalía también mantiene abierta contra ella la investigación “Caja Chica”, relacionada con un supuesto manejo irregular de fondos y con la presunta entrada de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar aquella campaña.
González confirmó su situación a través de un mensaje difundido en sus redes sociales y calificó de “absurda” la acusación por lavado de dinero. La política aseguró que responderá “con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben” y presentó el procedimiento como parte de una persecución política. Hasta el momento, la detención constituye una medida dentro de una investigación fiscal y no una condena judicial.
Dos investigaciones sobre el financiamiento electoral
El expediente “Laberinto” se concentra en posibles anomalías en la financiación política y en los gastos destinados a publicidad durante las elecciones presidenciales de 2023. La investigación coloca el foco en la forma en que se obtuvieron, administraron y utilizaron los recursos de la campaña, un aspecto especialmente sensible en un país donde las organizaciones políticas afrontan controles cada vez más estrictos sobre sus aportes y desembolsos electorales.
El caso “Caja Chica”, iniciado a comienzos de año, tiene un alcance distinto. La Fiscalía atribuye a González y a la Revolución Ciudadana una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero. La hipótesis fiscal sostiene que habrían ingresado fondos ilícitos en efectivo desde Venezuela para respaldar la candidatura de González en 2023. La existencia de estas dos investigaciones amplía el riesgo judicial para la dirigente y para el partido, aunque las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante pruebas y decisiones de los tribunales.
La detención se produce además en un contexto de fuerte polarización entre el correísmo y el Gobierno de Daniel Noboa. González responsabilizó al mandatario de estar detrás de las acciones contra su movimiento y acusó a su administración de haber llevado al país a una situación de “violencia y corrupción totales”. También denunció un deterioro de las libertades y una persecución política permanente, afirmaciones que forman parte de su respuesta política a la investigación y que deberán contrastarse con las actuaciones judiciales.
Una dirigente central de la oposición
González, abogada nacida en Quito en 1977 y criada en Canuto, es una de las dirigentes más identificadas con el proyecto político de Correa. Fue candidata de la Revolución Ciudadana en las elecciones extraordinarias de 2023, convocadas después de que el entonces presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional mediante el mecanismo conocido como “muerte cruzada”. En aquella contienda llegó a la segunda vuelta, pero perdió frente a Noboa.
La dirigente volvió a competir contra el actual mandatario en las elecciones de 2025, esta vez para un periodo presidencial completo, y volvió a ser derrotada. Correa y González cuestionaron el resultado y denunciaron un supuesto fraude, aunque el texto de la denuncia original no aportó pruebas concluyentes que respaldaran esa acusación. La repetición del enfrentamiento electoral consolidó a González como la principal figura pública del correísmo después del propio Correa, quien permanece fuera de Ecuador y enfrenta procesos judiciales.
Antes de asumir ese papel, González ocupó distintos cargos en el aparato estatal durante los gobiernos correístas. Fue coordinadora de Agenda Estratégica de la Presidencia, viceministra de Gestión Turística, secretaria general del Despacho Presidencial y secretaria nacional de la Administración Pública. También ejerció funciones consulares en España y trabajó en la administración pública de Quito. Esa trayectoria la vinculó directamente con la gestión de Correa y contribuyó a convertirla en una dirigente de confianza dentro de Revolución Ciudadana.
El impacto político de la detención
La detención llega cuando la organización atraviesa dificultades institucionales. Revolución Ciudadana se encuentra suspendida a petición de la Fiscalía, una situación que complicó los intentos de González de inscribir este año una candidatura para la prefectura de Manabí con esa formación. La dirigente buscó hacerlo mediante otro partido, pero no logró concretar su postulación.
El nuevo episodio judicial puede afectar la capacidad del correísmo para reorganizarse y seleccionar liderazgos, pero también puede reforzar su discurso de confrontación con el Gobierno. Para la Fiscalía, el desafío será demostrar que las irregularidades investigadas constituyen delitos y establecer la responsabilidad concreta de González. Para la dirigente, el proceso supone defenderse ante acusaciones que podrían comprometer su trayectoria y, al mismo tiempo, sostener la oposición política que la convirtió en la rival electoral más visible de Noboa.
El caso también vuelve a colocar el financiamiento de las campañas en el centro del debate ecuatoriano. La investigación no solo determinará el futuro judicial de González; puede influir en la credibilidad de los partidos, en los controles sobre el dinero electoral y en la disputa política entre el correísmo y el Gobierno. Mientras avanzan las diligencias, la presunción de inocencia seguirá siendo el límite indispensable para evaluar el alcance de las acusaciones.