La demanda por difamación presentada por Ronen Bar contra Benjamín Netanyahu es, además de un pulso personal, una disputa sobre quién debe responder por los fallos que precedieron al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. El exdirector del Shabak reclama tres millones de shékels y sostiene que el primer ministro le atribuye responsabilidades mientras difunde de forma selectiva información de seguridad. Netanyahu niega esa versión y acusa a Bar de no alertarlo a tiempo. En vísperas de las elecciones del 27 de octubre, el litigio convierte la responsabilidad por la mayor sorpresa de seguridad reciente de Israel en un asunto judicial y electoral.
La dimensión institucional es central. Bar afirma que, al no haberse creado una comisión estatal de investigación, los tribunales son el lugar donde podrá esclarecerse la verdad. Sin embargo, un proceso por difamación no sustituye necesariamente una investigación pública: su objeto es determinar si hubo declaraciones ilícitas y daños, no reconstruir de forma exhaustiva la cadena de decisiones ni evaluar todos los fallos operativos. La disputa puede revelar documentos y testimonios, pero también dejar sin respuesta preguntas que requieren acceso amplio a archivos y un mandato independiente.
Alertas sin una decisión común
El expediente de Bar sitúa el desacuerdo en una secuencia que comienza en 2022. Según su relación, avisó a Netanyahu sobre las actividades de Yahia Sinwar, el riesgo de una confrontación en varios frentes y el deterioro de la disuasión israelí. En julio de 2023 transmitió una “alerta estratégica de guerra”, aunque reconoció que los servicios no podían precisar el día ni la hora; en septiembre pidió actuar contra dirigentes de Hamas. Esas comunicaciones, tal como las presenta el exjefe, describían una amenaza creciente, pero no aportaban una predicción operacional exacta del ataque.
Esta distinción importa para evaluar la inteligencia. Una alerta estratégica señala que las condiciones se vuelven peligrosas; una alerta táctica permite adoptar medidas concretas en un momento y lugar determinados. La ausencia de la segunda no invalida la primera, pero sí plantea qué opciones preventivas estaban disponibles y quién debía valorar el coste de actuar. La pregunta no es solo si alguien conocía el plan preciso, sino cómo se procesaron señales acumuladas y por qué no bastaron para elevar la preparación.
El Gobierno sostiene que, semanas antes del ataque, los organismos de seguridad describían a Hamas como disuadido y que la falta de preparación demuestra que no existía un aviso concreto. Bar replica que Netanyahu defendió una política de “calma a cualquier precio”, incluida la continuidad de permisos de trabajo para unos 20.000 gazatíes y de la ayuda económica catarí, mientras restringía la libertad de acción en Gaza. El choque enfrenta dos explicaciones que no son excluyentes: pudo haber errores de evaluación dentro de los servicios y, a la vez, decisiones políticas que redujeran las posibilidades de responder a señales de peligro.
La fractura interna como factor de seguridad
En 2023, Israel atravesaba protestas masivas contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno. Bar afirma que advirtió de que esa división, sumada a la inestabilidad palestina, podía acercar al país a una “tormenta perfecta”. Según su relato, Netanyahu interpretó algunas advertencias de los jefes de seguridad como intentos de frenar la reforma. Si esa percepción condicionó la recepción de información, el caso expone un riesgo que trasciende la rivalidad entre dirigentes: cuando las instituciones pierden confianza mutua, una alerta puede leerse como presión política en vez de como una señal que exige respuesta.
La consecuencia potencial afecta también a la supervisión democrática. Sin una investigación estatal con mandato amplio, las acusaciones públicas pueden sustituir el examen institucional por versiones interesadas de los hechos. La demanda de Bar ofrece un cauce para impugnar afirmaciones concretas; la posible inmunidad parlamentaria de Netanyahu, mencionada en la información disponible, podría además afectar el recorrido del caso. Ninguno de esos elementos garantiza por sí solo una reconstrucción completa. La transparencia dependerá de qué documentos se hagan públicos, de cómo se contrasten y de si las conclusiones distinguen responsabilidades políticas, militares y de inteligencia.
El coste duradero de disputar los hechos
La controversia tiene una dimensión social inmediata: las víctimas y sus familias siguen ante la necesidad de saber cómo un ataque que mató a 1.200 personas y dejó 251 secuestradas pudo sorprender a Israel. Si los principales responsables convierten cada revelación en una acusación electoral, crece el riesgo de que la investigación se perciba como una disputa de poder y no como una búsqueda común de explicaciones. Esa erosión puede debilitar la confianza tanto en el Gobierno como en los servicios de seguridad, instituciones cuya eficacia depende, en parte, de que sus advertencias sean escuchadas y su actuación pueda someterse a escrutinio.
A largo plazo, la lección no será simplemente quién llamó a quién durante la madrugada del ataque. También estará en los procedimientos para integrar alertas, escalar desacuerdos y dejar constancia de decisiones políticas ante escenarios de riesgo. La acusación de Bar sobre una oportunidad perdida para atacar a Hamas y la respuesta de Netanyahu sobre la falta de una llamada directa apuntan a fallos distintos, pero ambas trasladan la discusión desde la predicción hacia la toma de decisiones. Si el proceso judicial no se acompaña de una investigación capaz de examinar esa cadena completa, Israel podría obtener un veredicto sobre difamación sin alcanzar un acuerdo público sobre cómo evitar que una crisis institucional vuelva a entorpecer la seguridad.