Mientras Javier Milei recibía en Washington el premio “Global Champion of Free Enterprise”, concedido por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, más de medio millón de personas marchaban por Buenos Aires en defensa de la universidad pública, según las primeras estimaciones. La movilización avanzó desde la Avenida de Mayo hasta el Congreso y tuvo réplicas en Córdoba, Rosario, Mendoza y otras grandes ciudades argentinas.
La coincidencia temporal condensó una disputa que excede el financiamiento educativo. En Washington, el Gobierno buscaba reforzar su perfil internacional como promotor de la libertad empresarial y la reducción del Estado. En las calles argentinas, docentes, estudiantes, trabajadores estatales, camioneros, jubilados y organizaciones de personas con discapacidad reclamaban que ese mismo Estado cumpla una ley aprobada por el Congreso y validada posteriormente por la Justicia.
Una ley vigente que permanece suspendida
La Marcha Federal Universitaria fue convocada por las 64 universidades nacionales, los gremios docentes y no docentes y el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de las instituciones públicas. La amplitud de la convocatoria confirmó que el conflicto dejó de ser exclusivamente académico: se transformó en un punto de convergencia para sectores afectados por los recortes presupuestarios y por la pérdida de ingresos frente a la inflación.
El reclamo central es la aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Sancionada en agosto de 2025, la norma busca recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y revisar los gastos de funcionamiento de las universidades.
El Gobierno primero intentó frenar la norma mediante un veto total, firmado por Milei el 10 de septiembre. Sin embargo, Diputados reunió el 17 de septiembre la mayoría de dos tercios requerida por la Constitución, y el Senado hizo lo propio el 2 de octubre. El veto quedó así sin efecto.
La respuesta oficial fue promulgar la ley mediante el Decreto 759, pero suspender al mismo tiempo su aplicación hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. El resultado práctico fue mantener congeladas las medidas, aunque formalmente la ley continuara vigente. Para sus críticos, se trata de una forma indirecta de veto: el Ejecutivo acepta la existencia de la norma, pero impide que produzca efectos.
Los tribunales ordenan pagar y el conflicto se prolonga
La controversia pasó entonces al ámbito judicial. A pedido del Consejo Interuniversitario Nacional, el juez federal Martín Cormick dictó en diciembre una medida cautelar que ordenaba al Gobierno pagar los aumentos y actualizar las becas. La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión en marzo y la Corte Suprema hizo lo mismo en junio.
Pese a esos fallos, el Ejecutivo mantuvo su negativa. Su argumento es que la ley generaría un gasto sin financiamiento cercano a los 2,5 billones de pesos, equivalentes a unos 1.600 millones de dólares o al 0,3 % del producto interno bruto. El Gobierno incluso intentó recusar a los jueces de la Corte con el argumento de que su condición de profesores universitarios podía afectar su imparcialidad.
El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional la cláusula que suspendía la aplicación del decreto y estableció una multa de 100.000 pesos por cada día de demora para el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La sanción, de aproximadamente 65 dólares diarios, tiene un valor más simbólico que disuasorio frente al tamaño del conflicto. La falta de cumplimiento mantiene abierta una tensión entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el sistema judicial.
El costo social de la parálisis
Según los gremios docentes, la aplicación de la ley permitiría un ajuste salarial de alrededor del 35 % para el personal universitario, además de fortalecer las becas y actualizar los gastos operativos. No se trata de una expansión ilimitada del presupuesto, sino de una recomposición parcial después de un período en el que la inflación redujo los ingresos y deterioró la capacidad de funcionamiento de las instituciones.
La demora tiene efectos acumulativos. La pérdida salarial dificulta la retención de docentes e investigadores, mientras que el deterioro de las becas puede empujar a estudiantes de bajos ingresos a abandonar sus carreras o combinar sus estudios con trabajos precarios. Al mismo tiempo, la falta de actualización de los gastos corrientes limita actividades básicas de enseñanza, investigación y mantenimiento.
El conflicto también alimenta la percepción de que existe un proyecto para reducir el peso de la universidad pública en favor de la educación privada. Esa orientación no se expresa únicamente en una partida presupuestaria: modifica las condiciones de acceso, la distribución de oportunidades y el papel de las instituciones públicas como mecanismo de movilidad social.
Una prueba para el Estado de derecho
La dimensión institucional es tan relevante como la presupuestaria. El Gobierno no ha anunciado una ruptura abierta con el orden constitucional. Su estrategia consiste, según sus críticos, en utilizar los instrumentos legales de manera que una ley aprobada pierda eficacia: primero el veto, luego la promulgación acompañada de una suspensión, después la impugnación de los jueces y finalmente la resistencia a cumplir decisiones judiciales.
Cada medida puede presentarse como una controversia jurídica o fiscal aislada. La acumulación, sin embargo, plantea una pregunta más profunda: qué ocurre cuando el Ejecutivo reconoce formalmente las reglas, pero busca postergar o neutralizar sus efectos. El precedente puede ser utilizado por futuros gobiernos de cualquier signo para convertir las obligaciones legales en decisiones condicionadas por la conveniencia política o presupuestaria del momento.
La universidad como escenario de una batalla generacional
El movimiento universitario se consolidó como el principal espacio de oposición social a Milei, aunque todavía no parece capaz de modificar por sí solo el rumbo del Gobierno. Su fuerza reside en reunir reclamos diversos y hacer visible el malestar de sectores que no siempre comparten una identidad partidaria. Su límite está en la debilidad de una alternativa política progresista capaz de convertir esa movilización en una propuesta electoral creíble.
La disputa revela además una fractura entre jóvenes. La universidad pública representa para una parte de ellos una tradición comunitaria y una relación activa con el Estado. En otra parte de la juventud crece la identificación con las universidades privadas, el trabajo informal o la experiencia de quienes no estudian y perciben las instituciones como obstáculos antes que como herramientas de protección. En ese espacio, la retórica de Milei encuentra apoyo para un individualismo que desconfía de la política y asocia toda defensa del Estado con el kirchnerismo.
Por eso, la batalla universitaria de cara a 2027 no se limita a decidir cuánto dinero reciben las instituciones públicas. También definirá qué lugar ocupan el Estado, la educación superior y las reglas constitucionales en la Argentina que el Gobierno busca construir.