La ejecución de Nidal Malik Hasan, prevista para el 3 de diciembre, podría convertirse en la primera realizada por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial y, si prospera el plan del Pentágono, en la primera retransmitida públicamente en Estados Unidos en nueve décadas. La controversia no se limita al método: también pone a prueba los límites legales de difundir una ejecución militar y la autoridad del presidente para decidir si se muestra.
Hasan, exmayor del Ejército, fue condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 en un tiroteo ocurrido en 2009 en la base de Fort Hood, Texas. Donald Trump autorizó la ejecución. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la transmisión como una demostración de que esos actos tienen consecuencias, mientras el presidente dijo que se reservaría la decisión final sobre emitirla.
La vía judicial depende, sobre todo, del condenado
Especialistas consultados por Associated Press consideran limitadas las posibilidades de que terceros impidan la difusión. El principal obstáculo sería la legitimación: según el profesor de derecho militar Brenner Fissell, no está claro quién, aparte del propio Hasan, podría acudir a los tribunales para frenar que se transmita su ejecución. Hasta ahora, el condenado no ha anunciado que impugnará su sentencia.
Robert Dunham, director del Death Penalty Policy Project, sostiene que Hasan podría presentar una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal. Un litigio de ese tipo podría aplazar la ejecución durante años y desplazar el debate: la legalidad del método dependería entonces de quién ocupe la Secretaría de Defensa cuando el caso quede resuelto y de que la pena capital siga vigente.
La normativa militar prohíbe que menores de 18 años presencien una ejecución, pero no contempla expresamente una emisión en directo para espectadores a distancia. Algunos juristas ven posible argumentar que difundirla vulneraría el espíritu de esa regla; la dificultad es demostrar que mirar una transmisión equivale jurídicamente a estar presente. Eugene R. Fidell, especialista de Yale en derecho militar, considera muy improbable que una demanda de padres basada en la exposición de sus hijos prospere.
Una práctica sin reglas claras para la audiencia mundial
La última ejecución pública en Estados Unidos tuvo lugar en 1936. La última ejecución militar, en cambio, fue la del soldado John Bennett, ahorcado en 1961. Esos antecedentes subrayan que el plan anunciado no solo reabre el debate sobre la pena capital: añade una dimensión de difusión masiva que las normas del Ejército no parecen haber previsto. El Pentágono aún no ha detallado cómo seleccionaría a los tiradores, qué protocolos aplicaría ni si invitaría a familiares de las víctimas, como suele ocurrir en algunos casos civiles.
Las objeciones también cruzan las divisiones políticas. El republicano Thom Tillis calificó la retransmisión de repugnante y la comparó con prácticas de regímenes autoritarios. El demócrata Jack Reed advirtió que podría dar visibilidad al atacante y servir a la propaganda de reclutamiento terrorista. El vicepresidente J. D. Vance dijo que no sabía si la emisión llegaría a realizarse y que no la vería.
El costo público de convertir el castigo en espectáculo
La Iglesia católica y Naciones Unidas plantearon reparos más amplios. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Paul Coakley, pidió reconsiderar lo que describió como una promoción de la cultura de la muerte. El papa León XIV calificó de inadmisible la pena capital, mientras que la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, sostuvo que una ejecución pública constituye trato cruel, inhumano o degradante y que retransmitirla equivaldría a una ejecución pública.
Trump ha defendido que mostrar el fusilamiento podría disuadir a otros, pero esa posibilidad no resuelve las preguntas sobre legalidad ni sobre el efecto de difundir la violencia estatal. La decisión enfrenta dos objetivos distintos: castigar un crimen masivo y evitar que la ejecución se convierta en una exhibición de alcance mundial. Aunque Hasan parece ser el litigante con más posibilidades de cuestionarla, la falta de reglas específicas deja abierta una disputa que también compromete la imagen institucional del Ejército y del Gobierno.