El crecimiento acelerado de las favelas en Brasil ha vuelto a situar la planificación urbana en el centro del debate nacional. Mientras el país se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, miles de familias continúan viviendo en asentamientos marcados por la precariedad de las viviendas, la falta de saneamiento y un acceso irregular a servicios básicos. La expansión de estos barrios refleja tanto el déficit histórico de vivienda asequible como las dificultades del Estado para anticipar y ordenar el crecimiento de sus ciudades.
Según los datos presentados en un reportaje de France 24, la superficie ocupada por estos asentamientos pasó de unas 53.700 hectáreas en 1985 a aproximadamente 460.000 en la actualidad. La diferencia representa una expansión de más de ocho veces en términos de superficie, una evolución que ilustra la dimensión del fenómeno y que también obliga a examinar la forma en que se han medido y delimitado las áreas ocupadas a lo largo del tiempo. En cualquier caso, la tendencia descrita apunta a un crecimiento sostenido y muy superior a la capacidad de respuesta de muchas administraciones locales.
Una transformación visible en las grandes áreas metropolitanas
La expansión es especialmente evidente en las regiones metropolitanas de São Paulo, Río de Janeiro, Manaos y Belém. En estos núcleos urbanos, los asentamientos informales se extienden sobre laderas, periferias y zonas con escasa conexión al transporte público. El resultado es una transformación profunda del paisaje urbano: espacios inicialmente considerados provisionales terminan consolidándose como barrios permanentes, aunque con niveles de infraestructura muy inferiores a los del resto de la ciudad.
El fenómeno no responde a una sola causa. El encarecimiento del suelo urbano, la concentración de empleos y servicios en las grandes ciudades, la desigualdad de ingresos y los desplazamientos internos han empujado a numerosos hogares hacia zonas donde la vivienda resulta más accesible. En ausencia de una oferta formal suficiente, la ocupación irregular se convierte para muchas familias en la única alternativa para permanecer cerca de sus lugares de trabajo, de las escuelas o de las redes familiares.
La localización periférica agrava las desventajas. Cuando los nuevos barrios aparecen lejos de las áreas centrales, sus habitantes suelen afrontar mayores tiempos de desplazamiento y un acceso más costoso a hospitales, centros educativos y empleos formales. La distancia no es únicamente geográfica: también puede traducirse en menor presencia institucional, dificultades para obtener títulos de propiedad y una integración incompleta en los sistemas municipales de servicios.
Saneamiento e infraestructura, el coste de la informalidad
La carencia de redes de alcantarillado y de suministro regular de agua figura entre los problemas más graves. En muchos asentamientos, la instalación de servicios se produce después de la ocupación y de manera fragmentaria. Esta secuencia encarece las obras, dificulta la planificación de trazados y deja a sectores enteros expuestos a inundaciones, contaminación del agua y enfermedades asociadas a la falta de saneamiento.
La precariedad también afecta a la movilidad y a la seguridad. Calles estrechas o sin pavimentar complican la circulación de ambulancias, vehículos de bomberos y transporte público. En zonas construidas sobre pendientes o junto a cursos de agua, la ocupación puede aumentar la exposición a desprendimientos y crecidas. La ausencia de una política de suelo coordinada hace que la respuesta pública se concentre con frecuencia en emergencias, en lugar de prevenir los riesgos desde el inicio.
Regularizar estos barrios no consiste únicamente en reconocer la existencia de las viviendas. Requiere definir la titularidad del suelo, abrir vías de acceso, instalar redes de agua y alcantarillado, mejorar el drenaje y garantizar que las intervenciones no expulsen a los residentes por el aumento del valor inmobiliario. La urbanización puede elevar la calidad de vida, pero también generar procesos de desplazamiento si no va acompañada de mecanismos de protección para las familias de menores ingresos.
El cambio climático amplía los riesgos
Las condiciones climáticas añaden una presión creciente. En ciudades como Manaos y Belém, las lluvias intensas y la presencia de zonas bajas pueden sobrecargar los sistemas de drenaje. En Río de Janeiro y São Paulo, la ocupación de laderas y la impermeabilización del suelo incrementan el riesgo de inundaciones y deslizamientos. Estos impactos no afectan de la misma manera a toda la población: los hogares asentados en áreas vulnerables suelen disponer de menos recursos para reforzar sus viviendas o trasladarse temporalmente.
La adaptación climática exige combinar obras públicas con políticas sociales. Mejorar los drenajes, recuperar áreas de absorción y reforzar las alertas tempranas puede reducir la exposición, pero no resuelve por sí solo la inseguridad habitacional. Allí donde el riesgo sea extremo, las autoridades deberán evaluar reubicaciones planificadas, con compensaciones y alternativas cercanas a las redes laborales y comunitarias. Sin esas garantías, los desalojos pueden trasladar el problema a otra periferia sin modificar sus causas.
Un desafío para la agenda presidencial
La proximidad de la segunda vuelta presidencial convierte la crisis urbana en una prueba para las propuestas de los candidatos. Las respuestas de corto plazo, como la ampliación puntual de servicios o la entrega de ayudas, pueden aliviar situaciones urgentes, pero difícilmente frenarán la expansión de los asentamientos. El problema requiere coordinación entre el Gobierno federal, los estados y los municipios, además de financiación estable y una política de vivienda conectada con el transporte y el empleo.
La magnitud de las cifras también plantea un reto de gobernanza. Para intervenir con eficacia, las autoridades necesitan registros actualizados sobre población, riesgos, infraestructura y tenencia del suelo. Sin información homogénea, resulta difícil establecer prioridades, medir resultados o evitar que las inversiones se concentren únicamente en las zonas más visibles. La planificación debe incorporar a las comunidades, cuyos residentes conocen los obstáculos cotidianos y pueden contribuir a definir soluciones viables.
El crecimiento de las favelas no representa solo una cuestión de urbanismo. Expone una fractura persistente entre el dinamismo económico de las grandes ciudades y la capacidad de sus instituciones para ofrecer vivienda digna y servicios básicos. La evolución registrada desde 1985 muestra que la informalidad dejó de ser un fenómeno marginal. Para Brasil, el desafío consiste ahora en integrar estos territorios sin ignorar sus riesgos, proteger a sus habitantes y construir ciudades capaces de crecer con mayor previsión y equidad.