El nuevo reportaje de Razones de Cuba intenta conectar dos expedientes que hasta ahora habían sido presentados por separado: la incursión armada ocurrida el 25 de febrero de 2026 en aguas de Villa Clara y el caso de Ardenys García Álvarez, detenido en 2024 tras intentar llegar a Cuba en una moto acuática con varias pistolas. Según la versión oficial, ambos episodios formarían parte de una estrategia concebida en Estados Unidos para organizar acciones armadas, provocar protestas y crear las condiciones para una intervención extranjera.
Una operación que terminó en cinco muertes
El primer dato decisivo es la dimensión de la incursión. Diez personas habrían salido desde Florida en dos embarcaciones, aunque la avería de una de ellas obligó al grupo a concentrarse en una sola lancha. La embarcación, presuntamente robada en Estados Unidos, fue localizada de madrugada por un guardafronteras a 3,7 millas al oeste de Bahía de Cádiz, en el municipio de Corralillo.
El balance fue letal: cuatro integrantes del grupo murieron durante el intercambio de disparos, un oficial cubano resultó herido y un quinto activista falleció posteriormente en un hospital de la Isla. Los supervivientes permanecen detenidos y enfrentan cargos de terrorismo, tenencia de armas y delitos contra la navegación marítima. La legislación cubana contempla para estos delitos penas que pueden llegar a 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte, aunque esta última no se aplica desde hace 23 años.
La cantidad de material incautado ayuda a explicar por qué las autoridades describen el episodio como una operación armada y no como una simple infiltración. El listado oficial incluye once armas largas, quince pistolas, cócteles molotov, artefactos explosivos improvisados, radios, teléfonos satelitales y una terminal de Starlink. Sin embargo, el reportaje no aporta elementos independientes que permitan reconstruir con precisión quién dio las órdenes, cómo se financió la operación o cuál era su capacidad real para alcanzar sus objetivos.
El objetivo atribuido: tomar instalaciones y armar una protesta
El segundo anclaje del caso es el supuesto plan operativo. La televisión oficial afirma que los participantes pretendían controlar unidades militares, entregar armas a la población y desencadenar un levantamiento contra el Gobierno. Duniel Hernández Santos, uno de los acusados, sitúa el objetivo en dos puntos concretos: la unidad de Guardafronteras de Varadero y una estación policial en Santa Marta, separadas por algo más de dos kilómetros.
La importancia de esta acusación no reside únicamente en los lugares mencionados, sino en la lógica política que las autoridades atribuyen al grupo. La misión no habría consistido en derrotar por sí solo al aparato estatal, sino en ocupar un espacio, generar una reacción popular y convertir esa protesta en el inicio de una crisis mayor. Leordán Enrique Cruz Gómez habría descrito una estrategia similar al hablar de “controlar un área” para que la población saliera a manifestarse.
Ese planteamiento revela la fragilidad y, al mismo tiempo, el potencial desestabilizador de la operación. Un grupo reducido difícilmente podría sostener el control de instalaciones estratégicas frente a las fuerzas cubanas, pero una acción armada acompañada de protestas sí podría producir un impacto propagandístico y provocar una respuesta represiva. La investigación pública disponible no permite determinar si existía un respaldo interno suficiente para que ese cálculo tuviera posibilidades reales de éxito.
Florida aparece como centro de reclutamiento y entrenamiento
El tercer punto de conexión es la estructura en Estados Unidos. Razones de Cuba señala a Leordán Cruz Gómez como reclutador de cubanos residentes en Florida y vincula a Maritza Lugo Fernández con la preparación del grupo. Según el testimonio atribuido a Cristian Ernesto Acosta Guevara, una finca facilitada por Lugo funcionó como lugar de reuniones, entrenamiento y planificación. Allí, afirma, vio a varios participantes con uniformes, cascos, chalecos antibalas y armas.
El programa también recupera declaraciones de Lugo y de Roberto Azcorra Consuegra en las que ambos reivindican su oposición a la dictadura cubana. La inclusión de esos fragmentos busca demostrar que existía una motivación política compartida, pero no prueba por sí sola la participación de cada persona en la incursión ni la existencia de una cadena de mando plenamente organizada.
La relación con García Álvarez amplía el alcance del expediente. El régimen sostiene que fue captado por Cruz Gómez y que su intento de entrada en 2024 formaba parte de un proyecto terrorista más amplio. No obstante, el propio reportaje recuerda que García Álvarez mencionó nombres tras su detención y que entonces no aparecieron los de Cruz Gómez ni Amijail Sánchez González. Esa ausencia no invalida necesariamente la acusación actual, pero introduce una pregunta relevante sobre el momento en que las autoridades consolidaron la conexión entre ambos casos.
Un proceso penal convertido en mensaje político
El cuarto anclaje es el uso público del caso. La emisión insiste en que varias personas y organizaciones incluidas por Cuba en su lista de terroristas pudieron organizarse y adquirir equipamiento en territorio estadounidense sin ser impedidas por las autoridades de ese país. La acusación trasciende así a los detenidos y se dirige contra Washington, presentado como tolerante o negligente ante planes violentos contra la Isla.
La respuesta institucional cubana también cumple una función interna. Al anunciar que el Ministerio del Interior mantiene la alerta máxima y que no permitirá intentos violentos de desestabilización, el Gobierno refuerza su narrativa de plaza sitiada y justifica una vigilancia reforzada sobre opositores, exiliados y redes de apoyo. La gravedad de los hechos puede ser real, pero la difusión de confesiones, imágenes de detenidos heridos y declaraciones seleccionadas en un reportaje de apenas catorce minutos impide confundir una versión oficial con una sentencia judicial independiente.
La causa permanece abierta y los supervivientes aún deben afrontar el proceso penal. El reportaje afirma que la información recopilada ya fue entregada a las autoridades estadounidenses, una señal de que el caso podría adquirir una dimensión bilateral. Hasta que se presenten pruebas verificables ante un tribunal y se esclarezca el grado de participación de cada acusado, la historia queda definida por dos elementos simultáneos: una incursión armada con consecuencias mortales y una batalla política por imponer la interpretación de sus objetivos, sus organizadores y sus responsabilidades.