La crisis alimentaria venezolana continúa afectando a millones de hogares, pese a las variaciones registradas en algunos indicadores durante los últimos años. Encuestas de condiciones de vida, estudios sobre inseguridad alimentaria y reportes difundidos recientemente coinciden en señalar que una parte importante de la población todavía enfrenta dificultades para garantizar tres comidas diarias y depende de las remesas enviadas desde el exterior.
La situación comenzó a deteriorarse de forma sostenida alrededor de 2010, en paralelo con la contracción de la actividad económica, la pérdida de empleos y el deterioro de los ingresos. El hambre, sin embargo, no se limita a sus efectos sobre el peso o la salud física. Especialistas y organizaciones sociales han advertido que la falta prolongada de alimentos también afecta la dignidad, la salud mental y las relaciones familiares, especialmente cuando padres y cuidadores no pueden cubrir las necesidades básicas de los menores.
Una década marcada por la pérdida de ingresos
La destrucción de empresas, la reducción de los emprendimientos y la paralización de sectores productivos limitaron las oportunidades laborales. Al mismo tiempo, la inflación elevó el precio de los alimentos básicos a niveles que muchas familias dejaron de poder afrontar. El texto de referencia señala que algunos productos llegaron a costar varias veces más que en otros países de la región. Como ejemplo, menciona que un paquete de espaguetis de 500 gramos alcanzó los 15 dólares entre 2017 y 2018.
La escasez agravó el problema, sobre todo entre 2015 y 2020. Durante ese periodo, cientos de miles de personas formaron largas filas, en ocasiones desde la noche anterior, para adquirir cualquier producto disponible. La incertidumbre sobre lo que habría en los establecimientos convirtió la compra de alimentos en una actividad cotidiana marcada por la espera y la improvisación.
Ante la caída de los ingresos internos, las remesas adquirieron un papel central. Distintos grupos de economistas han estimado que los venezolanos residentes en otros países envían entre 5.000 y 6.000 millones de dólares al año a sus familiares. A ese flujo de dinero se suma el envío directo de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Esta ayuda permite a numerosos hogares cubrir necesidades inmediatas, pero también evidencia la pérdida de capacidad de la economía nacional para sostener a su población.
Las cifras de la ENCOVI
Los datos disponibles muestran la profundidad del deterioro. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, conocida como ENCOVI, registró en 2016 que más del 74% de los encuestados había perdido involuntariamente un promedio de 8,7 kilogramos. La reducción estuvo vinculada tanto con la cantidad como con la calidad de los alimentos consumidos.
En 2017, el 64% de los participantes declaró haber perdido más de 11 kilogramos en promedio. Ese año también se observó una disminución considerable del consumo de proteínas y una mayor dependencia de harinas y otros carbohidratos, como maíz, yuca y trigo. El cambio no solo reflejó la escasez, sino también la pérdida del poder adquisitivo: cuando los ingresos no alcanzan, los hogares tienden a sustituir alimentos nutritivos por productos más baratos y saciantes.
Durante el periodo 2019-2020, la pobreza por ingresos alcanzó al 96% de los hogares, según los estudios citados. Cerca del 80% se encontraba en pobreza extrema, una condición que impedía adquirir regularmente la canasta básica. En ese contexto, apenas el 3% de los hogares no presentaba inseguridad alimentaria, de acuerdo con las cifras difundidas.
El impacto en niños y regiones vulnerables
Los menores de edad se encuentran entre los grupos más expuestos. Las mismas investigaciones estimaron que el 21% de los niños menores de cinco años estaba en riesgo de desnutrición y que el 8% presentaba subalimentación aguda. Estas condiciones pueden traducirse en bajo peso, baja talla y consecuencias duraderas para el desarrollo físico y cognitivo, especialmente cuando la insuficiencia alimentaria se prolonga durante los primeros años de vida.
Las dificultades no se distribuyen de manera uniforme. Aunque la inseguridad alimentaria tiene alcance nacional, los hogares de algunas regiones afrontan mayores obstáculos por la falta de empleo, el aislamiento geográfico, el costo del transporte y el acceso irregular a mercados y servicios públicos. En muchas familias, la rutina se ha reducido a dos comidas diarias, una sola o ninguna en determinados días.
Debate político y perspectivas económicas
El Gobierno venezolano ha defendido en foros internacionales una mejora relativa de los indicadores de hambre extrema. Sin embargo, organizaciones y sectores opositores sostienen que cualquier descenso no representa un cambio estructural, porque permanecen las causas que originaron la crisis: bajos ingresos, inflación, escasa inversión y debilitamiento de la producción.
Un reporte publicado por el diario El Nacional el 22 de octubre, basado en datos de Consultores 21, indicó que el 56% de los hogares no tenía certeza de contar con alimentos para la cena o para el día siguiente. La cifra apunta a una inseguridad persistente, incluso en familias que reciben asistencia ocasional o remesas.
La evolución de la crisis alimentaria dependerá de factores económicos y políticos. La reactivación productiva, la recuperación del empleo y la estabilidad de los precios son condiciones necesarias, pero los especialistas también destacan la importancia de fortalecer la transparencia institucional, las políticas de protección social y los programas de nutrición infantil. Sin medidas sostenidas, la mejora de algunos indicadores puede coexistir con una inseguridad alimentaria extendida y con daños sociales difíciles de revertir.