La Ley 7/2023 obliga a los responsables de animales de compañía y de animales silvestres en cautividad a educarlos y manejarlos sin provocarles sufrimiento, maltrato, ansiedad o miedo. La norma, vigente en España desde septiembre de 2023, reúne en su artículo 24 obligaciones que también abarcan las condiciones de alojamiento, la prevención de riesgos y la atención veterinaria.
La exigencia sitúa el trato durante la educación entre las responsabilidades legales de los propietarios: no basta con mantener al animal alimentado o alojado, sino que los métodos empleados deben evitar estados de miedo y ansiedad. La disposición no detalla en el texto citado técnicas concretas, por lo que el criterio central es el efecto que el manejo puede causar en el animal.
Condiciones de vida y atención sanitaria
El artículo 24 establece que los animales deben vivir en condiciones dignas que permitan su bienestar, el ejercicio de sus derechos y un desarrollo saludable. Para aquellos que, por sus características y especie, permanezcan en jaulas, acuarios, terrarios u otros espacios similares, exige instalaciones adecuadas en tamaño, naturalización y enriquecimiento ambiental.
La obligación de adecuar el entorno reconoce que el alojamiento no se evalúa solo por la disponibilidad de espacio: también importa que el ambiente responda a las necesidades del animal. En esos casos, la norma combina una exigencia material —el tamaño— con otras relativas a la configuración y estimulación del lugar.
Los propietarios también deben proporcionar los cuidados sanitarios necesarios y cumplir las atenciones que establezca la normativa específica. Además, han de facilitar un reconocimiento veterinario con la periodicidad que se determine reglamentariamente. Cuando corresponda, ese control debe quedar documentado en el registro de identificación del animal.
Protección frente a riesgos previsibles
Entre las obligaciones figura asimismo no dejar a los animales solos en vehículos cerrados si están expuestos a condiciones térmicas u otras circunstancias que puedan poner en peligro su vida. La regla se centra en el riesgo concreto para el animal y refuerza el deber de vigilancia del responsable ante situaciones potencialmente peligrosas.
La norma se aprobó como Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales y se publicó en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2023. Su entrada en vigor se produjo en septiembre del mismo año. El marco se aplica en un país donde uno de cada tres hogares convive con al menos un animal de compañía.
Según los datos de los registros autonómicos citados en la información, hay más de trece millones de animales de compañía registrados e identificados. Esa escala amplía el alcance práctico de las obligaciones: la ley asigna a cada propietario deberes sobre el manejo cotidiano, el alojamiento y la salud, mientras que los requisitos de reconocimiento veterinario quedan vinculados a la periodicidad que se establezca reglamentariamente.