La afirmación de José Antonio Marina sobre la diferencia entre el derecho a opinar y la respetabilidad de una opinión volvió a circular en las redes sociales y recuperó una vigencia que excede la figura del filósofo español. “El derecho a opinar es respetable, pero no todas las opiniones lo son”, sostuvo. La frase, pronunciada originalmente hace algunos años y retomada recientemente, condensa una discusión central de la vida pública contemporánea: cómo proteger la libertad de expresión sin convertir la mera emisión de una idea en una garantía de validez, mérito o consideración.
El contexto en el que reaparece el planteo resulta decisivo. Las plataformas digitales ampliaron de manera extraordinaria la posibilidad de hablar, pero también modificaron los tiempos, los incentivos y las reglas informales de la conversación. Un mensaje breve puede alcanzar en minutos a miles de personas; una afirmación falsa puede circular con la misma apariencia visual que una investigación documentada; y una reacción emocional suele obtener más visibilidad que una explicación cuidadosa. En ese entorno, el debate ya no se organiza únicamente alrededor de argumentos, sino también alrededor de la velocidad, la adhesión grupal y la capacidad de provocar.
De la libertad de expresión a la confusión entre igualdad y equivalencia
Marina, reconocido por sus trabajos sobre inteligencia, ética, creatividad y educación, ubica el problema en una confusión que se volvió habitual: creer que respetar a una persona implica conceder idéntico valor a todo lo que afirma. En sus clases de posgrado, según relató, pregunta a sus alumnos si todas las opiniones son respetables. La respuesta inicial suele ser afirmativa. Su repregunta introduce la distinción esencial: lo que debe protegerse es el derecho de cada individuo a exponer su pensamiento sin una “Inquisición”, no la obligación de aceptar como razonable cualquier contenido.
La diferencia no es meramente semántica. En una sociedad democrática, el Estado no debería castigar una opinión solo porque resulte impopular, crítica o incómoda. Sin embargo, la libertad de expresión nunca significó que todas las afirmaciones deban recibir el mismo reconocimiento social, académico o institucional. Una hipótesis respaldada por pruebas no ocupa el mismo lugar que un rumor; una crítica fundada no equivale a un prejuicio; y una denuncia basada en datos no puede ser evaluada con los mismos criterios que una acusación sin evidencia.
La discusión también obliga a separar derechos, responsabilidades y consecuencias. Una persona puede tener derecho a expresar una idea racista o injusta, pero ese derecho no impide que la sociedad cuestione su contenido, que una institución rechace otorgarle autoridad o que una plataforma aplique reglas frente a una incitación concreta al daño. La ausencia de censura previa no elimina la posibilidad de crítica posterior. De hecho, la crítica pública es uno de los mecanismos mediante los cuales una comunidad establece qué argumentos considera confiables y qué conductas entiende como incompatibles con la convivencia.
El ecosistema digital premia la afirmación antes que la demostración
La preocupación de Marina adquiere mayor alcance cuando se observa la lógica de circulación de contenidos en internet. La mayoría de las plataformas mide la atención mediante clics, comentarios, reproducciones y tiempo de permanencia. Ese modelo no necesita que una afirmación sea verdadera para hacerla visible: alcanza con que sea novedosa, indignante o capaz de reforzar la identidad de un grupo. La consecuencia es un desplazamiento silencioso del criterio de autoridad. En lugar de preguntar quién aporta pruebas y cómo construye su razonamiento, muchos usuarios terminan preguntando quién expresa mejor sus propias convicciones.
Los casos de desinformación sanitaria muestran con claridad ese mecanismo. Durante la pandemia, recomendaciones médicas sin respaldo convivieron en las redes con documentos de organismos científicos y experiencias personales presentadas como prueba general. El problema no consistía en que los ciudadanos formularan preguntas o expresaran temor, sino en que una anécdota individual podía adquirir el mismo peso que un estudio sometido a revisión. Cuando ambas intervenciones aparecían en formatos similares, la plataforma producía una apariencia de equivalencia que la evidencia no justificaba.
Algo parecido sucede con las discusiones electorales. Una acusación sobre fraude, corrupción o manipulación puede difundirse antes de que exista una investigación capaz de confirmarla o descartarla. Aunque después sea desmentida, la primera impresión permanece y puede influir en la confianza de los ciudadanos. La corrección posterior suele circular menos que la afirmación original porque no produce la misma emoción. El resultado no es solo un problema de exactitud: se deteriora la capacidad colectiva de decidir a partir de información contrastable.
En ese ambiente, pedir razones deja de ser una exigencia académica y se convierte en una defensa práctica de la autonomía ciudadana. Quien no puede distinguir entre una evidencia y una impresión queda expuesto a campañas de manipulación, publicidad encubierta y discursos que transforman el miedo en adhesión política. La calidad de la conversación pública, por tanto, tiene efectos concretos sobre la salud, el voto, la educación y la convivencia cotidiana.
La escuela y la universidad, bajo presión
El debate alcanza de manera directa al sistema educativo. Si los estudiantes aprenden que toda opinión merece el mismo respeto con independencia de su fundamento, la tarea de investigar, comparar fuentes y revisar una hipótesis pierde sentido. La enseñanza no debería consistir en imponer una conclusión única, pero tampoco en presentar todas las conclusiones como igualmente defendibles. El pensamiento crítico exige apertura a la discusión y, al mismo tiempo, criterios para evaluar la calidad de lo que se discute.
La experiencia relatada por Marina en sus clases revela una dificultad pedagógica profunda. Muchos jóvenes llegan a la universidad con una idea de tolerancia asociada a no cuestionar al otro. Esa actitud puede evitar conflictos inmediatos, pero también puede producir una conversación superficial, en la que cada participante protege su identidad antes de examinar los argumentos. Un aula democrática necesita permitir que se formulen opiniones equivocadas, siempre que puedan ser sometidas a preguntas, pruebas y revisión.
La solución no pasa por reemplazar el pluralismo por una autoridad incuestionable. Profesores, periodistas y expertos también pueden equivocarse, ocultar prejuicios o interpretar de manera deficiente los datos. Precisamente por eso los argumentos deben poder ser examinados sin depender exclusivamente del prestigio de quien los formula. Marina señala como elementos relevantes la motivación, la lógica, la coherencia y la ausencia de prejuicios. Esos criterios no ofrecen una fórmula mecánica, pero sí un punto de partida para distinguir una discrepancia razonable de una afirmación construida sobre la hostilidad o la falsedad.
En la práctica educativa, esto implica enseñar a verificar la procedencia de una información, identificar generalizaciones, reconocer falacias y diferenciar correlación de causalidad. También implica recuperar una disposición menos frecuente: admitir que una conclusión propia puede necesitar correcciones. Sin esa capacidad, la discusión deja de ser una búsqueda compartida y se transforma en una competencia para conservar la última palabra.
El riesgo de utilizar la crítica a las opiniones como censura
La tesis de Marina también puede ser malinterpretada. Afirmar que no todas las opiniones son respetables no debería servir para que gobiernos, empresas o mayorías sociales silencien a quienes cuestionan el orden establecido. Muchas ideas que hoy se consideran razonables fueron calificadas en su momento de absurdas o peligrosas. La historia de la ciencia y de los derechos civiles demuestra que el consenso puede estar equivocado y que las minorías necesitan un espacio efectivo para desafiarlo.
Por eso la evaluación de una opinión debe concentrarse en sus razones y consecuencias, no en la popularidad de quien la expresa. Una crítica incómoda puede ser sólida; una idea mayoritaria puede estar sostenida por prejuicios. El criterio no puede ser “qué piensa la mayoría”, sino qué pruebas existen, qué inferencias se realizan y qué daños puede producir el discurso cuando convierte a un grupo en objeto de persecución o deshumanización.
También hay una diferencia entre una opinión defectuosa y una conducta ilícita. La primera puede combatirse mediante argumentos, educación y debate; la segunda puede requerir la intervención de las instituciones cuando incluye amenazas, acoso organizado o incitación a la violencia. Mezclar ambas categorías favorece tanto la impunidad de los discursos dañinos como la censura de expresiones legítimas. Una democracia madura necesita reglas claras y proporcionales, aplicadas con transparencia y posibilidad de revisión.
Una conversación pública menos instantánea
El impacto más duradero del planteo de Marina podría situarse en la cultura de la deliberación. Las sociedades no recuperarán una conversación rigurosa solo pidiendo a los usuarios que sean más responsables. También deben revisarse los incentivos que organizan la circulación de contenidos, la forma en que los medios titulan, el modo en que las instituciones comunican sus decisiones y la preparación de los ciudadanos para interpretar información compleja.
El periodismo tiene allí una responsabilidad específica. No basta con presentar “las dos versiones” de un conflicto si una está respaldada por documentación y la otra se apoya en una afirmación sin pruebas. La falsa simetría puede ofrecer una imagen equilibrada, pero desorienta al público. Informar con rigor supone explicar qué se sabe, qué no se sabe, qué evidencia respalda cada posición y qué intereses pueden influir en la disputa.
Para los ciudadanos, la consecuencia es menos cómoda: opinar seguirá siendo un derecho, pero exigir que una opinión sea tomada en serio implica aceptar el examen de sus fundamentos. La discusión pública no necesita unanimidad, sino mejores procedimientos para disentir. En un tiempo de mensajes breves y certezas instantáneas, la lección de Marina conserva su fuerza porque devuelve la atención a una regla elemental: la dignidad de quien habla merece protección, mientras que las ideas deben ganarse su credibilidad mediante razones.