Serbia afronta este domingo unas elecciones decisivas con una novedad que altera el equilibrio político habitual: el movimiento estudiantil, movilizado desde hace casi dos años, concurre por primera vez con una candidatura propia para disputar el poder al Partido Progresista Serbio (SNS) y a su líder, Aleksandar Vučić. Dejan Šoškić, economista, profesor de la Universidad de Belgrado y antiguo gobernador del Banco Nacional de Serbia, figura entre los 250 candidatos de la Lista de los Estudiantes.
La candidatura no se presenta como un partido tradicional, sino como el instrumento electoral de una protesta social que reclama recuperar el funcionamiento de las instituciones. De sus integrantes, alrededor de 140 son licenciados sin experiencia política previa. Para Šoškić, esa composición expresa el intento de trasladar a las urnas una movilización nacida en las calles y convertir el descontento acumulado en una alternativa de gobierno.
Una elección que, según la oposición, llega con las reglas alteradas
Šoškić sostiene que la cuestión central no es únicamente quién obtendrá más escaños, sino si Serbia conserva condiciones mínimas para hablar de elecciones libres. Denuncia que el poder controla los principales medios de comunicación, incluidos los digitales, y ejerce una influencia decisiva sobre la judicatura, la fiscalía y los tribunales. A su juicio, el deterioro institucional se traduce en amenazas, sobornos y presiones sobre los votantes.
El economista afirma que los empleados públicos pueden ser obligados a acudir a actos del partido gobernante bajo riesgo de perder su puesto, mientras que en el sector privado las empresas dependerían de su relación con los contratos públicos. Estas acusaciones dibujan un sistema en el que la competencia electoral no se limita al debate de programas: también se libra mediante redes de dependencia laboral y económica. El Gobierno serbio no comparte esta caracterización y defiende la legitimidad de su mandato.
El origen de la protesta está en una tragedia que sigue sin respuesta
La indignación alcanzó un punto de inflexión tras el derrumbe de la marquesina de la estación de Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas. Šoškić vincula la tragedia con una cadena de decisiones públicas cuya transparencia cuestiona: un proyecto estimado inicialmente en unos 330 millones de euros, con financiación europea, habría terminado costando alrededor de 1.200 millones después de recurrir a una fuente de financiación menos transparente.
Casi dos años después, denuncia, nadie ha sido procesado ni condenado. La ausencia de consecuencias judiciales ha dado a las protestas un significado más amplio que la exigencia de responsabilidades por un accidente. Para sus participantes, el caso se ha convertido en una prueba de si las instituciones pueden investigar al poder cuando existen indicios de negligencia, corrupción o incumplimiento de las normas.
La dimensión de las movilizaciones explica la confianza electoral de la candidatura. Šoškić calcula que más de 500.000 personas participaron en la protesta del 15 de marzo, una cifra que considera la mayor concentración de la historia reciente del país. La comparación con las manifestaciones de Slobodan Milošević, a las que también asistió, refuerza su argumento: incluso con restricciones al transporte hacia Belgrado, la convocatoria estudiantil habría superado ampliamente a los actos organizados por el Gobierno.
La batalla no se libra solo en las urnas
El candidato describe la campaña como profundamente desigual. Acusa a Vučić de haber ocupado parte de un parque céntrico de Belgrado y de mantenerlo vallado con personas condenadas que, según su versión, actúan por encima de la ley. También denuncia campañas de difamación contra los candidatos y arrestos o agresiones contra participantes en las protestas, mientras insiste en que el movimiento estudiantil ha mantenido un carácter pacífico.
La respuesta oficial atribuye la movilización a una supuesta intervención extranjera. Šoškić rechaza esa explicación y la compara con el recurso de los regímenes autoritarios a la amenaza exterior para deslegitimar el descontento interno. El movimiento, afirma, no pretende una revolución, sino una democracia ordinaria: que nadie esté por encima de la ley, que los tribunales sean independientes y que las instituciones no respondan a un solo partido.
Ese contraste revela la disputa de fondo. El Gobierno presenta la estabilidad y la soberanía como defensas frente a injerencias externas; los estudiantes presentan la restauración institucional como la condición previa para que Serbia pueda decidir libremente su rumbo. En ambos relatos, la elección funciona como un plebiscito sobre la autoridad de Vučić, aunque las condiciones de la competición sean precisamente uno de los principales motivos de controversia.
La primera reforma sería hacer que el Estado vuelva a funcionar
Si la Lista de los Estudiantes alcanzara el poder, su prioridad sería desbloquear las instituciones y sustituir a quienes, según la candidatura, las mantienen sometidas a intereses partidistas. También reclama aplicar leyes ya aprobadas, como la que obliga a demostrar el origen legítimo de los activos. La norma apenas se ha utilizado porque su aplicación podría afectar a la estructura política y económica consolidada durante años.
La presión sobre los medios añade otra capa al conflicto. Šoškić considera que N1 y Nova S, dos de los últimos espacios relativamente independientes, han sido adquiridos por un precio irreal y posiblemente mediante una financiación indirectamente vinculada al poder. Incluso menciona rumores sobre un eventual corte de internet para frenar las redes sociales, una posibilidad que, de producirse, convertiría la disputa electoral en una crisis abierta de libertades públicas.
Europa, Rusia y Kosovo quedan después de la crisis interna
La candidatura evita situar su identidad política principalmente en la relación con Rusia, la Unión Europea o Kosovo. Su objetivo declarado es reconstruir la república, la Constitución, la democracia y los derechos civiles. Šoškić defiende que Serbia respete el derecho internacional y los tratados firmados, y sostiene que el fortalecimiento institucional acercaría al país a los requisitos comunitarios. La adhesión a la Unión Europea, añade, debería someterse finalmente a un referéndum.
En cuanto a Kosovo, la posición se apoya en la Constitución serbia y en la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que Belgrado interpreta como reconocimiento de su soberanía. Sin embargo, el énfasis de la Lista de los Estudiantes está en la legalidad, la paz y la no violencia, no en una escalada nacionalista.
El resultado determinará más que la composición del próximo Parlamento. Si la oposición estudiantil vence, deberá transformar una coalición de protesta en una administración capaz de gobernar y depurar instituciones sin generar un nuevo bloqueo. Si pierde, el movimiento tendrá que decidir cómo mantener la presión sin abandonar su promesa de buscar el cambio por las urnas. Šoškić asegura que la protesta ya ha ganado la mayoría social. La votación deberá demostrar si esa mayoría puede convertirse también en poder político.