Al menos 31 personas fueron detenidas tras los disturbios registrados al final de la quinta Marcha Federal Universitaria, celebrada este jueves en Buenos Aires y replicada en otras ciudades argentinas. La protesta reclamaba que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada, que las organizaciones convocantes describieron como multitudinaria, terminó marcada por enfrentamientos, el uso policial de gases lacrimógenos y camiones hidrantes, y acusaciones enfrentadas sobre quién provocó la escalada.
Dos operativos y 31 arrestos
La Policía de la Ciudad detuvo a seis personas una vez concluida la marcha. Según La Nación, el primer arrestado fue un adolescente de 14 años, acusado de lanzar piedras contra un vehículo policial. Después fueron detenidos otros cinco manifestantes; todos, salvo un joven de 17 años, quedaron imputados por atentado y resistencia a la autoridad. Por separado, las autoridades nacionales arrestaron a otras 25 personas en los accesos a la estación ferroviaria de Constitución, en el sur de la capital, según el Ministerio de Seguridad.
La cartera informó de ocho agentes heridos: cuatro de Gendarmería, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval. La administración porteña calculó en 90 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 53.000 euros, los daños causados durante los incidentes, según Clarín. Son cifras oficiales difundidas después de los hechos; por sí solas no precisan la secuencia de los enfrentamientos ni permiten atribuir responsabilidades individuales.
La disputa por el desarrollo de la protesta
El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional repudiaron la intervención policial. En un comunicado conjunto sostuvieron que la concentración se desarrollaba pacíficamente hasta la actuación de los antidisturbios y denunciaron que la represión obligó a suspender el acto central antes de su finalización. También compararon lo ocurrido con cuatro movilizaciones anteriores, incluida la de mayo, que, según afirmaron, transcurrieron sin episodios de violencia.
Las organizaciones aseguraron que en Buenos Aires participaron «decenas de miles» de personas y cifraron en más de un millón la asistencia en todo el país. Se trata de estimaciones de los convocantes, no de un recuento independiente presentado en la información disponible. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió en redes sociales la actuación del Estado en términos de orden público y afirmó que quienes agredan a agentes, dañen bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia.
El ministerio anunció que prepara una denuncia penal contra personas involucradas en los disturbios. Entre las figuras que atribuye a los hechos menciona resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Esas imputaciones anunciadas no equivalen a condenas: la determinación de responsabilidades corresponde a la Justicia, que deberá examinar las pruebas y las circunstancias de cada caso.
La financiación, origen del reclamo
La marcha se convocó para exigir la aplicación de una ley aprobada por el Congreso y, según las organizaciones, validada en distintas instancias judiciales. Los convocantes sostienen que el Poder Ejecutivo lleva casi un año sin cumplirla y que la controversia no responde a falta de recursos, sino a una decisión política. El texto de la convocatoria promete mantener las movilizaciones hasta que la norma se haga efectiva.
Ese reclamo convierte la protesta en algo más amplio que una disputa puntual sobre el operativo policial: enfrenta la exigencia de financiar el sistema universitario con la posición del Gobierno sobre la ejecución de una ley. La información difundida no detalla los montos presupuestarios en discusión ni el alcance concreto de las resoluciones judiciales citadas por los convocantes, por lo que no permite medir por sí sola el impacto financiero de un eventual cumplimiento.
Una jornada con consecuencias institucionales
La actuación policial también alcanzó a los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, que se encontraban cerca del edificio anexo de la Cámara de Diputados. Los proyectiles de las fuerzas de seguridad llegaron a esa zona y Moreau recibió atención médica. El episodio amplía el alcance de las críticas: además de la respuesta a los manifestantes, plantea preguntas sobre el despliegue de medios antidisturbios en las inmediaciones del Congreso y sobre las medidas adoptadas para reducir riesgos para terceros.
La tensión entre la versión oficial y la de los organizadores deja dos cuestiones abiertas: cómo se originaron los choques y si el uso de la fuerza fue proporcionado. Las detenciones, las lesiones de agentes, los daños materiales y la atención médica a una diputada reclaman una investigación que distinga responsabilidades y reconstruya el orden temporal de los hechos. A la vez, el conflicto por la financiación universitaria sigue sin resolverse; mientras continúe la disputa sobre la aplicación de la ley, es probable que la calle permanezca como espacio de presión política.