La muerte de una investigadora reaviva las dudas sobre los laboratorios antiplaga rusos

La muerte de una investigadora reaviva las dudas sobre los laboratorios antiplaga rusos

Casi dos semanas después de la muerte de Darya Shipilova, investigadora de 28 años del Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, las autoridades rusas no han identificado públicamente el patógeno que le causó neumonía. Aunque descartaron que se tratara de peste neumónica, la falta de una explicación mantiene la inquietud internacional sobre la seguridad de estos laboratorios y el alcance de la investigación que realizan.

El caso provocó críticas de Estados Unidos y otros gobiernos, y volvió a poner bajo escrutinio una red científica heredada de la Unión Soviética. Las autoridades rusas sostienen que la muerte no se debió a una infracción de los protocolos ni a una falla de bioseguridad. Sin datos públicos sobre el agente infeccioso ni una evaluación independiente del incidente, esas afirmaciones aún no han despejado las dudas.

La muerte de una investigadora reaviva las dudas sobre los laboratorios antiplaga rusos

Una red sanitaria con un pasado reservado

El instituto de Irkutsk no fue una instalación militar, pero integró el llamado Sistema Antipeste soviético: cientos de centros dedicados a vigilar brotes, estudiar enfermedades endémicas, controlar roedores y desarrollar vacunas. Según expertos, algunas instalaciones también suministraron muestras de patógenos a laboratorios militares vinculados con programas de armas biológicas. Esa conexión histórica ayuda a explicar la desconfianza actual, aunque por sí sola no demuestra que el centro de Irkutsk tuviera una función militar.

La red surgió a comienzos del siglo XX para contener la peste, una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis y transmitida principalmente por animales y pulgas. En sus primeras décadas, los equipos recorrían zonas rurales para localizar focos, destruir madrigueras y quemar reservas de alimento de los roedores. El trabajo se hacía con protección limitada y podía exponer a los investigadores a la infección. Entre las décadas de 1920 y 1950, el sistema pasó gradualmente de intentar erradicar la enfermedad a prevenir brotes y mantener laboratorios permanentes.

La organización del sistema estuvo marcada por el secreto. Moisey Iosifovich Levi, antiguo investigador, escribió que se instruía a los trabajadores para no hablar de detalles de su labor, con el fin de evitar vínculos visibles con los programas militares. Algunos edificios parecían viviendas comunes; solo al entrar se descubrían refrigeradores con muestras, esterilizadores y mesas de trabajo. Esa discreción protegía la compartimentación estatal, pero también dificultó que observadores externos conocieran los estándares y las condiciones de seguridad.

Modernización desigual y acceso limitado

La disolución de la Unión Soviética no cerró la mayoría de estos centros. Sin embargo, muchos continuaron durante años con instalaciones y prácticas antiguas. A comienzos de la década de 2000, la investigadora Sonia Ben Ouagrham-Gormley y sus colegas visitaron más de cien centros de la antigua URSS y describieron registros en papel, muestras guardadas en refrigeradores de apertura frecuente y controles externos mínimos. En una de las instalaciones, recordó, había cultivos de peste sobre una mesa junto a una ventana abierta durante el verano.

La situación no fue uniforme. En las últimas décadas, algunos laboratorios de antiguos estados soviéticos fueron renovados con apoyo internacional y adoptaron equipos modernos y niveles de contención que exigen protección completa y espacios sellados. Esas mejoras han permitido visitas de investigadores extranjeros. Rusia, en cambio, ha mantenido cerradas sus instalaciones del Sistema Antipeste a investigadores internacionales y funcionarios de otros gobiernos, por lo que resulta difícil comprobar si su modernización siguió el mismo ritmo.

Ben Ouagrham-Gormley considera posible que los centros rusos hayan conservado procedimientos soviéticos que reducían ciertos riesgos incluso con equipos limitados, pero plantea que podrían no haber recibido mejoras sustanciales. En el caso de Irkutsk, el antiguo director Igor Valerianovich Domaradsky ya había advertido que el instituto quedó rezagado en la adquisición de tecnología y equipamiento. Su testimonio apunta a una dificultad persistente: cuando la renovación depende de recursos escasos, los centros periféricos pueden acumular carencias aunque la red siga operativa.

La muerte de Shipilova no permite, sin conocer el patógeno ni los resultados de una investigación transparente, concluir que hubo una falla de bioseguridad. Pero la ausencia de información verificable limita la posibilidad de distinguir entre un accidente, una infección adquirida fuera del trabajo u otra causa. Por eso, la respuesta de las autoridades tendrá relevancia más allá de Irkutsk: en una red con antecedentes de secretismo y acceso internacional restringido, explicar qué ocurrió es parte esencial de demostrar que sus controles actuales son adecuados.