El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió investigar y procesar a los participantes del documental NAZA, una producción que reconstruye la matanza de civiles en Gaza a partir de los testimonios de 24 militares y oficiales de inteligencia israelíes. La denuncia política convierte una investigación periodística sobre los métodos empleados durante la guerra en un asunto de seguridad nacional, pero también intensifica el debate sobre la responsabilidad de los mandos, la protección de las fuentes y los límites de la crítica pública en tiempos de conflicto.
La respuesta oficial: seguridad nacional frente a una acusación de difamación
En un comunicado difundido por su oficina, Netanyahu calificó la película de “falsa”, “engañosa” y “sesgada”. Según su argumento, el documental difama al Estado de Israel y a las Fuerzas de Defensa de Israel en el exterior, además de dañar los intereses diplomáticos del país. El primer ministro sostuvo que sus participantes podrían haber cometido delitos graves al divulgar información de alto secreto y provocar una brecha vinculada con una unidad de inteligencia especialmente sensible.
La solicitud fue dirigida al jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir; al director del Shin Bet, David Zini, y a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara. La intervención simultánea de las máximas autoridades militares, de seguridad interna y de la fiscalía muestra que el Gobierno no pretende tratar el documental únicamente como una controversia mediática. Busca encuadrarlo dentro de una posible investigación penal y de contrainteligencia, una decisión que podría desplazar el foco desde las denuncias sobre las operaciones en Gaza hacia la conducta de quienes las revelaron.
Veinticuatro testimonios y una pregunta sobre las órdenes de ataque
El núcleo de NAZA está compuesto por los relatos anónimos de 24 militares y funcionarios de inteligencia. Las fuentes describen un cambio producido después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023: Israel habría pasado de autorizar la muerte de decenas de civiles como “daño colateral” a aceptar, en determinados ataques contra altos cargos de Hamás, cifras que podían alcanzar los cientos.
La relevancia de esta afirmación no depende solo de la cantidad de testimonios, sino de la cadena de decisiones que sugiere. Si los relatos son precisos, el debate no se limitaría a establecer si hubo errores operativos aislados, sino a determinar qué niveles de mando aprobaron los riesgos, con qué información contaban y cómo se evaluó la presencia de civiles. La diferencia es sustancial: una política deliberada de aceptación de bajas civiles plantea responsabilidades jurídicas y políticas distintas de las que corresponderían a incidentes no previstos.
“NAZA”, el lenguaje técnico que convierte a los civiles en una cifra
El título del documental procede del acrónimo utilizado por la inteligencia israelí para estimar cuántos civiles podrían morir en una operación. Una expresión como “20 NAZA” representaría, según la investigación, una previsión cuantificada de víctimas no combatientes. Ese código concentra una de las cuestiones más delicadas del conflicto: la transformación del daño humano en una variable operativa que puede incorporarse a la autorización de un ataque.
El documental también describe el bombardeo de viviendas palestinas cuando el padre de una familia, identificado como presunto miembro de Hamás, regresaba a dormir. A ello añade el uso de modelos de inteligencia artificial que, mediante patrones de llamadas telefónicas y con un margen de error del 15 %, estimarían la probabilidad de que una persona fuera miliciana y contribuirían a elaborar listas de objetivos. La tecnología puede acelerar el análisis, pero no elimina la responsabilidad humana: un sistema probabilístico no sustituye la verificación individual ni resuelve por sí mismo la obligación de distinguir entre combatientes y civiles.
La disputa por la credibilidad y el control de la información
Los testimonios recogidos en NAZA incluyen además acusaciones de bombardeos sobre zonas sometidas a órdenes de evacuación, aun cuando los mandos sabían que todavía quedaba población civil. El Ejército israelí rechaza que sus normas permitan atacar deliberadamente a no combatientes y afirma que los oficiales deben adoptar medidas para reducir los daños. También sostiene que las decisiones finales y la evaluación del riesgo corresponden a mandos responsables de cada operación.
La posición militar establece una base concreta para contrastar las denuncias: órdenes, registros de objetivos, evaluaciones de daños y decisiones tomadas antes y después de cada ataque. Sin embargo, la clasificación de esos documentos limita la posibilidad de una verificación independiente y deja a la opinión pública ante versiones enfrentadas. La investigación del diario The Guardian, productor del documental junto con el periodista israelí Yuval Abraham, afirma haber consultado durante tres años a más de cien fuentes familiarizadas con los sistemas militares, incluidos altos mandos, y haber contrastado los relatos con documentos filtrados y operaciones específicas.
La exigencia de Netanyahu puede tener dos efectos simultáneos. Puede proteger información cuya divulgación ponga realmente en riesgo a agentes o capacidades de inteligencia, pero también puede disuadir a posibles denunciantes y reducir el espacio para examinar decisiones tomadas durante la guerra. La cuestión central ya no es solo si NAZA ofrece una representación parcial del conflicto, como sostiene el Gobierno, sino si las autoridades permitirán que sus afirmaciones sean comprobadas mediante procedimientos independientes. Sin ese contraste, tanto la acusación de crímenes como la defensa institucional quedarán atrapadas en una disputa de narrativas, mientras la responsabilidad por la muerte de civiles continúa sin una respuesta verificable.