La intensificación de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha colocado la política migratoria del presidente Donald Trump en el centro de la disputa electoral de noviembre, en la que estará en juego el control de ambas cámaras del Congreso. En las últimas semanas, varios incidentes con armas de fuego, persecuciones y detenciones equivocadas han provocado alarma entre las comunidades hispanas y han reabierto el debate sobre los límites de la estrategia de deportaciones masivas.
La jornada del 20 de septiembre concentró tres episodios especialmente graves. En Austin, Texas, el venezolano Wilber Garcés, de 28 años, recibió un disparo durante una intervención de agentes federales. En Michigan, un guatemalteco identificado como Coronado murió cuando su vehículo se estrelló contra un árbol mientras huía de un control. Y en Illinois, un ciudadano estadounidense fue detenido y golpeado después de que los agentes lo confundieran con un sospechoso de apariencia similar.
Una cadena de incidentes que aumenta la presión pública
El caso de Coronado ha generado una disputa entre la versión oficial y la de los testigos y activistas. El hombre, de 36 años, llevaba meses trabajando en la construcción para enviar dinero a su esposa y a sus tres hijos en Guatemala. Según la activista comunitaria Karla Barberi, vivía con extrema austeridad y trabajaba incluso los domingos ante el temor de perder su empleo y ser expulsado del país.
Un testigo aseguró que agentes del ICE lo perseguían cuando su automóvil chocó contra un árbol y comenzó a arder. La agencia niega haber mantenido una persecución directa. Sostiene que intentó detenerlo para confirmar su identidad y que el conductor huyó a gran velocidad, tras lo cual los funcionarios interrumpieron de inmediato la operación. Las circunstancias exactas del accidente aún no han sido esclarecidas públicamente.
En Austin, Garcés fue abordado cuando salía de un restaurante. Su abogado afirma que intentó colaborar, pero terminó siendo perseguido y recibió un disparo que todavía tiene alojado en la espalda. Aunque debía ser operado, fue dado de alta cuatro horas después y trasladado a un centro de detención, según su equipo legal. El Gobierno lo acusa de agresión, resistencia a la autoridad e interferencia en el trabajo de funcionarios federales.
Otro episodio ocurrió en Brooklyn, donde un agente federal abrió fuego contra un ciudadano dominicano que viajaba en automóvil con su hijo de cinco años. Una bala le alcanzó en el cuello, detrás de la oreja, y fue trasladado a un hospital antes de quedar bajo custodia. El incidente se produjo en Nueva York, gobernada por Zohran Mamdani, uno de los principales defensores de los derechos de los inmigrantes.
Mamdani condenó la actuación y afirmó que mantuvo conversaciones telefónicas con Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para intentar negociar la liberación del detenido. Según el alcalde, las gestiones no prosperaron y el hombre fue trasladado rápidamente en un vehículo sin distintivos. “Lo que ocurrió hoy es un atropello”, declaró.
El Gobierno niega un repliegue antes de las elecciones
La sucesión de operativos contrasta con informaciones difundidas por The Daily Wire, según las cuales algunos agentes habrían recibido instrucciones para concentrarse en inmigrantes con antecedentes penales y suspender temporalmente las detenciones de otros indocumentados, incluidos quienes se encuentran en procesos de deportación. Una fuente citada por el medio vinculó esa supuesta directriz a la proximidad de los comicios y a la intención de reducir la tensión pública.
El Departamento de Seguridad Nacional negó categóricamente esa versión y sostuvo que mantendrá una política de máxima firmeza. Un portavoz afirmó que toda persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos será arrestada y deportada. La discrepancia entre ambas versiones refleja una tensión política central: mientras la Casa Blanca busca mostrar control sobre su principal promesa electoral, sus críticos denuncian que los operativos están provocando errores, abusos y un clima de miedo.
La administración ya afronta cuestionamientos por otros casos. Cary López, ciudadana nacida en Los Ángeles y embarazada de nueve meses, denunció que fue detenida en junio de 2025, que le retorcieron un brazo y la empujaron con el vientre contra una camioneta. También aseguró que permaneció unas ocho horas esposada de pies y manos, con una cadena colocada bajo el abdomen, y que posteriormente sufrió un parto prematuro. Su denuncia forma parte de un conjunto más amplio de reclamaciones contra las prácticas de los agentes.
El malestar puede trasladarse a las urnas
Los sondeos reflejan que la estrategia migratoria comienza a tener un coste político. Una encuesta de Associated Press señala que el 61% de los estadounidenses desaprueba la gestión del Gobierno en esta materia. Otro estudio de Politico indica que el 50% considera que la campaña de deportaciones masivas ha ido demasiado lejos, una opinión que comparte aproximadamente una cuarta parte de los votantes republicanos.
El deterioro de la percepción pública se produce pese a que Trump llegó al poder con el compromiso de reforzar la seguridad fronteriza y expulsar a inmigrantes con antecedentes penales. La promesa de limitar la persecución a ese grupo no se ha correspondido, según sus críticos, con la práctica de los operativos, que han afectado también a personas sin historial delictivo y, en algunos casos, a ciudadanos estadounidenses.
La muerte en enero de Alex Pretti y Renée Good, dos estadounidenses tiroteados por agentes del ICE mientras protestaban en Minnesota, marcó un punto de inflexión. Aunque Kristi Noem fue destituida en marzo al frente del Departamento de Seguridad Nacional y sustituida por Mullin, el 48% de los encuestados considera que el cambio no ha modificado sustancialmente la política migratoria.
El profesor de Derecho César García Hernández sostiene que no existen señales claras de un viraje antes de las elecciones ni durante el resto del mandato. A su juicio, el Congreso ha aprobado fondos millonarios para ampliar el armamento y las capacidades operativas del ICE, mientras la retórica oficial continúa presentando a los migrantes como una amenaza nacional.
La Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante de Los Ángeles prevé que el Gobierno mantendrá la presión para influir en el debate electoral y disuadir a parte de la población indocumentada de acudir a centros de votación o participar en actividades comunitarias. Al mismo tiempo, sus representantes esperan un voto de castigo, especialmente entre los latinos que respaldaron a Trump en 2024. La incógnita es si la indignación por los abusos denunciados será suficiente para modificar el equilibrio político en noviembre.