La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González pasó su primera noche en prisión preventiva en la cárcel de Riobamba, en la provincia andina de Chimborazo, después de ser detenida en una investigación por un presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña electoral de 2023. La decisión introduce un nuevo elemento de tensión en la disputa política entre el correísmo y el Gobierno del presidente Daniel Noboa, mientras la Fiscalía intenta reconstruir el origen y el destino de fondos que habrían llegado a la estructura electoral de Revolución Ciudadana (RC).
González fue arrestada en su domicilio de Canuto, una localidad rural de la provincia costera de Manabí donde se crió. Un día después, un juez dictó la prisión preventiva y ordenó su traslado a Riobamba. La medida no equivale a una condena, pero sí implica que permanecerá privada de libertad mientras avanzan las diligencias del proceso denominado “Laberinto”. La Fiscalía deberá sostener ante la justicia la existencia de elementos suficientes para justificar la investigación y, posteriormente, determinar si presenta una acusación formal.
Una detención con pocos detalles públicos
El ingreso de González a la prisión estuvo rodeado de reserva. Ricardo Patiño, una de las principales figuras históricas del correísmo y excanciller durante el Gobierno de Rafael Correa, afirmó a EFE que el movimiento no ha podido comunicarse con ella. Según su relato, militantes que esperaban en las inmediaciones del centro penitenciario observaron vehículos con vidrios polarizados, pero no lograron verla.
La falta de información directa ha alimentado la incertidumbre dentro de Revolución Ciudadana. El expresidente Rafael Correa, por su parte, publicó en la red social X que González es “un ejemplo de entereza, serenidad y valentía”. La reacción refleja el cierre de filas del correísmo en torno a una dirigente que se ha convertido en una de las principales figuras opositoras a Noboa, pero también mantiene abierto el debate sobre la forma en que deben comunicarse las actuaciones judiciales en casos políticamente sensibles.
Del expediente “Caja Chica” al caso “Laberinto”
La investigación actual se conecta con otra causa conocida como “Caja Chica”, en la que la Fiscalía ya examinaba los recursos recibidos por RC para financiar la campaña presidencial de 2023. A comienzos de año, la vivienda de González fue allanada dentro de esas pesquisas. Sin embargo, su detención se produjo ahora en el marco de “Laberinto”, un proceso que busca seguir nuevas líneas derivadas de la investigación inicial.
El impulso más reciente de las indagaciones se produjo tras el testimonio del exasambleísta Santiago Díaz. Expulsado de RC después de ser acusado de violar a una menor, delito por el que fue condenado a 29 años y cuatro meses de prisión, Díaz declaró que habría trasladado dinero en efectivo desde Venezuela por disposición de Correa para financiar la campaña. El expresidente negó esa afirmación. La información disponible no indica que el testimonio haya estado acompañado de pruebas concluyentes, un aspecto que será relevante para valorar la solidez de la acusación y la eventual responsabilidad de los investigados.
El dinero bajo investigación
La Fiscalía intenta establecer si la campaña correísta recibió de manera irregular recursos vinculados con Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil actualmente encarcelado. Alvarez ha recibido condenas de primera instancia en dos casos, uno de ellos relacionado con la presunta comercialización ilícita de combustibles en estaciones de servicio que posee junto con su familia. Al tratarse de decisiones de primera instancia, su situación judicial todavía puede estar sujeta a las etapas y recursos previstos por la legislación ecuatoriana.
José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, señaló que el Ministerio Público rastrea el origen y el destino de aproximadamente medio millón de dólares. Esa cifra constituye uno de los datos centrales de la causa, aunque por sí sola no demuestra la comisión de un delito. Para que la hipótesis fiscal avance, será necesario vincular los movimientos financieros con aportantes concretos, responsables de campaña, cuentas, contratos o mecanismos de ocultamiento, además de establecer si existió conocimiento y participación de los dirigentes señalados.
Una disputa judicial con consecuencias políticas
El caso trasciende la situación personal de González porque afecta a la principal fuerza política del correísmo. A petición de la Fiscalía, Revolución Ciudadana fue suspendida y quedó impedida de participar en las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre. La exclusión de la organización modifica el escenario electoral y limita la capacidad del movimiento para convertir su respaldo político en candidaturas institucionales.
El correísmo sostiene que las medidas forman parte de una persecución política, mientras el Gobierno rechaza esa acusación y defiende la independencia de las actuaciones judiciales. La controversia plantea una doble exigencia para las instituciones: investigar con rigor cualquier posible irregularidad en el financiamiento electoral y, al mismo tiempo, garantizar que las decisiones no sean percibidas como instrumentos de exclusión política. La prisión preventiva, por su naturaleza excepcional, deberá justificarse con riesgos procesales concretos y no únicamente con la gravedad mediática del caso.
González perdió frente a Noboa las elecciones presidenciales de 2023 y 2025, por lo que su detención afecta a una dirigente con experiencia electoral reciente y amplia visibilidad pública. El proceso puede debilitar temporalmente la estructura correísta, pero también puede reforzar su discurso de victimización si la Fiscalía no expone de forma transparente la cadena financiera investigada. La evolución del expediente, la calidad de las pruebas y el respeto a las garantías procesales serán determinantes para definir si el caso termina consolidando una acusación penal o profundizando una nueva crisis de confianza entre la oposición, el Gobierno y la justicia ecuatoriana.