El Ministerio de Salud Pública ordenó detener en toda Cuba la venta de Shaka y de otras 14 bebidas energizantes con alcohol, después de advertir los riesgos asociados a la combinación de vodka, cafeína y taurina. La medida dispone la retención de los productos, su posterior decomiso y destrucción, aunque permite a los propietarios reexportar las mercancías bajo autorización sanitaria.
La instrucción, fechada el 20 de octubre y firmada por la doctora Mayra Martí Pérez, jefa del Departamento de Higiene de los Alimentos y Nutrición, fue dirigida a los inspectores sanitarios estatales. Los controles deben efectuarse en establecimientos de venta y consumo, así como en almacenes de empresas importadoras, en coordinación con las autoridades de Comercio y los gobiernos locales. El procedimiento, según el documento, deberá aplicarse de manera uniforme en todas las provincias.
Una lista concreta, pero no necesariamente cerrada
El anexo de la disposición identifica 15 productos detectados en el comercio cubano: Shaka Mixer, Pardus, Havik, Eko Mix, Ener Drink Evolution, Duclos, Imperator, Rocafer, Royal Blue, Black Fide, Cachaca, 5 SHOT, Chacal, Vod-K y Tigris Alco. La propia relación advierte que pueden existir otras marcas con alcohol, por lo que el alcance real de la operación dependerá de la capacidad de los inspectores para reconocer productos no incluidos inicialmente.
Las mercancías retenidas quedarán de forma provisional bajo custodia de sus propietarios. Estos no podrán venderlas, consumirlas ni trasladarlas sin autorización sanitaria. En cada acta deberán consignarse el tipo de producto y las cantidades incautadas. Después, una comisión integrada por representantes de Salud Pública, Comercio Interior, Inspección Estatal y la Oficina Nacional de Administración Tributaria certificará el decomiso y la destrucción. Los inspectores deberán informar cada jueves sobre los productos retenidos y los negocios visitados.
La orden avanza a ritmos distintos
La existencia de una instrucción nacional no ha significado su cumplimiento inmediato. En varios puntos de La Habana, 14ymedio comprobó que Shaka continuaba a la venta. En la calle Amenidad, en El Cerro, una lata fue adquirida por 900 pesos. En la calle Ayestarán, dos establecimientos la ofrecían a 950 pesos, mientras que en cuatro negocios visitados en Regla y Guanabacoa, tres todavía comercializaban la bebida.
La diferencia de precios y comportamientos muestra el problema práctico que enfrenta la prohibición: los comerciantes tienen mercancía comprada y buscan recuperar el dinero invertido, mientras los inspectores deben convertir una orden administrativa en una retirada efectiva. En Regla, un vendedor conservaba cinco latas a 850 pesos y planeaba esconderlas debajo del mostrador. En La Cuevita aún había existencias abundantes a poco más de 600 pesos. Otros dependientes dijeron desconocer la nueva medida.
La aplicación sí comenzó a hacerse visible en Mayabeque. En San Nicolás de Bari se anunció la creación de grupos de inspectores para recorrer negocios privados y almacenes, con advertencias de multas, decomisos y posibles consecuencias penales después de transcurridas 24 horas desde la notificación. En Güines también se reportaron controles con participación de funcionarios municipales, inspectores y especialistas de Salud Pública.
El antecedente sanitario cambió el tono del caso
La decisión oficial llegó después de varias advertencias. En agosto, cinco jóvenes de entre 18 y 22 años fueron atendidos por intoxicación en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus. Una de las pacientes, tras consumir dos latas, llegó inconsciente y necesitó ventilación mecánica. El episodio convirtió una bebida popular entre jóvenes en un asunto de salud pública con consecuencias potencialmente graves.
En septiembre, 14ymedio también informó que Shaka, fabricada por la empresa española Venerable Capital S.L., no podía comercializarse en España por su composición. La bebida contiene un 18% de alcohol y vitaminas del grupo B. El Reglamento europeo 1925/2006 prohíbe añadir vitaminas a productos cuya graduación alcohólica supere el 1,2%. Un empleado de la empresa confirmó entonces que la firma producía y distribuía el producto, pero que no lo vendía en España y lo enviaba al exterior.
El contraste resulta significativo: mientras en Cuba la bebida circuló durante meses con amplia aceptación, en el mercado europeo su composición activó una restricción regulatoria específica. La diferencia no prueba por sí sola que todos los consumidores cubanos sufran daños, pero sí revela que el producto requería una evaluación previa rigurosa antes de su importación y distribución.
Más que retirar latas, el desafío es controlar la cadena
Las críticas surgidas en redes sociales apuntan a una falla anterior al decomiso. Javier Corzo Chaviano cuestionó que se retiraran productos ya pagados por los vendedores sin una advertencia previa: “Primero me tienes que decir que no se puede vender y, si lo incumplo, me lo decomisas”. Miguel A. Fernández centró la responsabilidad en los controles aduaneros y advirtió que algunos comerciantes podrían ocultar las latas para venderlas más caras.
Ese debate plantea una cuestión central: la eficacia de la medida no dependerá solamente de cuántos negocios sean inspeccionados, sino de cómo llegó el producto al país, qué controles permitieron su distribución y qué información recibieron importadores y comerciantes. Si la vigilancia se limita a retirar existencias del comercio minorista, puede desplazar la venta hacia circuitos informales sin resolver el origen del problema.
La prohibición también pone a prueba la coordinación entre las autoridades sanitarias, aduaneras, comerciales y tributarias. La exigencia de reportes semanales y la participación de varias instituciones sugieren un intento de centralizar la respuesta. Sin embargo, la permanencia de Shaka en numerosos puntos de venta, incluso después de emitida la orden, muestra que la distancia entre la decisión nacional y su ejecución local sigue siendo determinante.
Para los consumidores, el caso deja una advertencia concreta sobre los riesgos de mezclar alcohol con estimulantes. Para las autoridades, abre una discusión más amplia sobre la supervisión de productos importados, la transparencia de las alertas y la responsabilidad frente a mercancías que alcanzan popularidad antes de ser evaluadas. La retirada de Shaka puede contener el riesgo inmediato, pero solo un control más estricto de toda la cadena evitará que el mismo patrón se repita con otra marca.