La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que una iniciativa impulsada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos podría restringir de manera significativa el acceso público a información gubernamental. El proyecto, que todavía tendría que ser aprobado por el Congreso, otorgaría nuevas facultades al secretario de Defensa para impedir la divulgación de documentos que actualmente deben hacerse públicos conforme a las normas de acceso a la información.
La preocupación central de la organización no se refiere únicamente a la clasificación formal de secretos militares. El punto decisivo es que la propuesta permitiría etiquetar como “información controlada no clasificada”, conocida por sus siglas en inglés como CUI, una amplia variedad de contenidos que no tienen la categoría de información clasificada. Al quedar bajo esa designación, esos documentos podrían ser excluidos de solicitudes de acceso público.
El cambio que está en juego
Según la SIP, el proyecto permitiría al titular de la Secretaría de Defensa designar unilateralmente información de interés público como CUI. La medida ampliaría el margen de decisión política dentro del propio Departamento de Defensa, porque la publicación de determinados documentos dejaría de depender exclusivamente de las reglas ordinarias de transparencia y pasaría a estar condicionada por una clasificación administrativa interna.
La diferencia entre información clasificada e información controlada no clasificada resulta fundamental. La primera está vinculada a secretos cuya divulgación puede afectar la seguridad nacional y se encuentra sometida a procedimientos específicos. La segunda no necesariamente contiene secretos de ese nivel, pero puede recibir restricciones sobre su manejo, distribución o publicación. Para la SIP, el riesgo aparece cuando una categoría concebida para proteger datos sensibles se convierte en una herramienta general para evitar la exposición de asuntos que sí tienen relevancia pública.
La organización sostiene que, si el cambio entra en vigor, cualquier información que el Gobierno no quiera divulgar podría ser designada como CUI. Esa formulación expresa el temor a que la nueva autoridad no opere solamente sobre documentos vinculados a operaciones militares, sino también sobre contratos, decisiones administrativas, evaluaciones internas u otros registros cuya consulta puede ser relevante para periodistas, investigadores y ciudadanos.
Por qué la SIP vincula la medida con la libertad de prensa
La advertencia fue incluida en el informe de la SIP sobre libertad de prensa, una conexión que refleja el papel que cumplen las leyes de acceso a la información en el trabajo periodístico. Las investigaciones sobre uso de fondos públicos, contratación, desempeño institucional o posibles irregularidades suelen comenzar con documentos oficiales. Cuando el acceso se vuelve más discrecional, aumenta la dependencia de filtraciones, declaraciones anónimas o comunicaciones cuidadosamente seleccionadas por las autoridades.
El problema no consiste solo en que un documento concreto deje de estar disponible. También puede modificarse el equilibrio entre el Gobierno y quienes intentan fiscalizarlo. Las solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información, conocida como FOIA, funcionan como un mecanismo para obligar a las instituciones a justificar las reservas y entregar los registros que no estén protegidos por una excepción legal. Una designación amplia y unilateral podría trasladar la discusión desde el contenido real del documento hacia la etiqueta administrativa que la autoridad le haya impuesto.
Una disputa sobre los límites de la autoridad
El alcance de la propuesta dependerá de la forma en que el Congreso examine la nueva facultad y de los criterios que eventualmente acompañen su aplicación. La cuestión no es solo si ciertos datos deben protegerse, sino quién decide qué información queda fuera del escrutinio público, con qué parámetros y bajo qué posibilidades de impugnación.
En cualquier sistema de transparencia existen motivos legítimos para limitar la divulgación de información relacionada con capacidades militares, operaciones en curso, datos personales o vulnerabilidades de seguridad. Sin embargo, esas excepciones pierden eficacia institucional cuando son demasiado amplias o ambiguas. Una categoría difícil de revisar puede permitir que asuntos distintos reciban el mismo tratamiento, aunque el riesgo para la seguridad nacional no sea comparable.
La SIP no afirma que toda la información del Departamento de Defensa deba publicarse sin restricciones. Su objeción apunta a la posibilidad de que el nuevo mecanismo convierta la reserva en una decisión dependiente de la voluntad del funcionario de turno. Esa diferencia es relevante: proteger información sensible mediante reglas verificables no equivale a conceder una potestad general para decidir qué puede conocer la sociedad.
El efecto que podría extenderse más allá del Pentágono
La disputa también tiene una dimensión institucional. El Departamento de Defensa administra una parte considerable del presupuesto federal y participa en decisiones con efectos internos e internacionales. Por eso, las reglas que se adopten para sus documentos pueden influir en la manera en que otras agencias entiendan el equilibrio entre seguridad y rendición de cuentas.
Si el Congreso aprueba la iniciativa sin límites precisos, el precedente podría favorecer una expansión gradual de las zonas de reserva administrativa. El riesgo no sería únicamente la pérdida de documentos individuales, sino la creación de una cultura burocrática en la que publicar se perciba como una excepción y ocultar como la opción más segura para la autoridad.
La decisión final pondrá a prueba la capacidad de las instituciones estadounidenses para mantener controles sobre el secreto oficial. La transparencia no elimina la necesidad de proteger información militar, pero sí exige que cada restricción pueda explicarse, revisarse y relacionarse con un daño concreto. En esa frontera se encuentra el debate planteado por la SIP: si la categoría CUI se utiliza para proteger datos específicos o para ampliar, de hecho, el poder del Gobierno de mantener en reserva información que la ciudadanía tiene derecho a examinar.