Unos 30.000 trabajadores y estudiantes, según la policía, marcharon este viernes por Bruselas contra los recortes del Gobierno federal belga, mientras el sindicato socialista FGTB elevó la cifra a 50.000 y advirtió de una huelga general durante la semana del 23 de noviembre si el Ejecutivo mantiene sus principales medidas. La movilización, la cuarta protesta nacional del año, se produjo en plena negociación de un ajuste presupuestario de unos 10.000 millones de euros y convirtió la calle en un factor decisivo para el primer ministro, Bart De Wever.
La manifestación partió poco después de las 11:00 de la estación Central y avanzó hasta la estación del Midi. La concentración comenzó antes de las 10:00, con una afluencia que sindicatos y participantes interpretaron como una señal de rechazo al programa económico de la coalición gobernante. La jornada estuvo acompañada por huelgas en el transporte: alrededor de 140 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Bruselas y para el lunes está prevista otra convocatoria que afectará al ferrocarril y a los servicios públicos.
Un ultimátum sindical en plena negociación
La FGTB reclama que el Gobierno no modifique la indexación automática de los salarios, no incremente el IVA y no introduzca el cómputo anual de la jornada laboral, una fórmula que, a juicio de los sindicatos, podría ampliar la flexibilidad exigida a los trabajadores sin una compensación equivalente. La central defiende, junto con el sindicato cristiano CSC, una alternativa presupuestaria de unos 21.000 millones de euros basada en una mayor contribución de las rentas del capital y de las grandes fortunas, además de una reducción del gasto considerado ineficaz.
“No es en el bolsillo de los trabajadores ni de los beneficiarios sociales donde hay que buscar, sino en el de los más ricos”, declaró Myriam Delmée, presidenta del SETCa, la organización de empleados, técnicos y cuadros integrada en la FGTB. La dirigente vinculó los ajustes a un supuesto “dictado europeo” y aseguró que ya existe una huelga programada para finales de noviembre. “O cede, o endureceremos las acciones”, afirmó.
La FGTB cuenta con un mandato para convocar el paro general si el Ejecutivo traspasa sus “líneas rojas” durante las conversaciones presupuestarias. La CSC, que se sumó a la marcha después de visitar las sedes de los cinco partidos de la coalición “Arizona”, mantiene una posición más cautelosa y prefiere esperar al resultado de las negociaciones. Esa diferencia no elimina la presión sobre el Gobierno, pero sí introduce una incertidumbre sobre la amplitud y la coordinación de una eventual huelga.
El calendario institucional estrecha el margen de maniobra
El Ejecutivo de De Wever necesita reunir unos 10.000 millones de euros adicionales para las cuentas federales y debe distribuir las medidas en el llamado cónclave presupuestario, una negociación a puerta cerrada entre los dirigentes de la coalición. En ella participan la Nueva Alianza Flamenca, el Movimiento Reformador, Los Comprometidos, Vooruit y los Demócratas Cristianos y Flamencos, partidos que mantienen diferencias sobre el reparto territorial y social de los sacrificios.
El calendario añade presión. La Comisión Europea espera recibir el plan presupuestario belga antes del 15 de octubre y el primer ministro debe pronunciar la próxima semana su discurso anual sobre el estado de la unión ante el Parlamento federal. Cualquier concesión a los sindicatos podría complicar el objetivo de consolidación fiscal; mantener intactas las propuestas, en cambio, aumenta el riesgo de nuevas huelgas y de una paralización de servicios esenciales.
La protesta no se limitó a la política federal. Docentes y alumnos se incorporaron para denunciar los recortes educativos de la Federación Valonia-Bruselas, gobernada por el Movimiento Reformador y Los Comprometidos. La profesora Sylvia Zangeta afirmó que el sector lleva meses movilizado y señaló como problemas el aumento de dos horas de trabajo sin incremento salarial, la reducción de fondos para comidas gratuitas y el recorte de derechos de pensión.
Una contestación social que se extiende
La movilización se suma a una oleada de protestas que ya incluyó una huelga de tres días en noviembre del año pasado. La sucesión de convocatorias revela que el conflicto no depende únicamente de una medida concreta, sino de la percepción sindical de que el ajuste se está construyendo sobre salarios, pensiones y servicios públicos. El Gobierno aún dispone de espacio para negociar, pero cada nuevo anuncio puede ser evaluado por las centrales como una prueba de su disposición a trasladar el coste de la consolidación a los hogares.
La jornada terminó con episodios de violencia separados de la marcha principal. Cientos de jóvenes se enfrentaron a la policía cerca de la estación Central, y los agentes utilizaron un cañón de agua y gas lacrimógeno. Varias bicicletas de alquiler fueron incendiadas en una plaza próxima. La policía de Bruselas indicó que las tensiones comenzaron hacia las 10:30 y que intervino de forma selectiva contra los alborotadores.
El desafío inmediato para De Wever consiste en cerrar las cuentas sin fracturar una coalición heterogénea y, al mismo tiempo, evitar que la protesta sindical se transforme en una crisis política más amplia. La amenaza de huelga no es todavía una paralización efectiva, pero fija una fecha límite para las negociaciones y obliga al Ejecutivo a demostrar que su plan puede cumplir con las exigencias presupuestarias europeas sin convertir el ajuste en un conflicto social sostenido.