A menos de 48 horas del desenlace de las elecciones presidenciales en Brasil, la campaña ha entrado en una fase de máxima confrontación entre el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador conservador Flávio Bolsonaro. El debate electoral estuvo marcado por los ataques personales, la disputa en torno a los aranceles estadounidenses y dos asuntos de fuerte impacto social: la situación del sector agrícola y el endurecimiento de las penas por delitos sexuales y crimen organizado.
Lula acusó a su rival de actuar como un aliado subordinado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que se refirió como alguien que «lama las botas» del mandatario estadounidense. El presidente brasileño vinculó además a Bolsonaro con la decisión adoptada meses atrás por Trump de imponer un arancel del 25 % a las importaciones procedentes de Brasil. La acusación ha sido rechazada categóricamente por el senador en reiteradas ocasiones, sin que el intercambio entre ambos candidatos aportara nuevos elementos que demostraran una intervención directa de Bolsonaro en la medida comercial.
El arancel como arma de campaña
La disputa sobre los aranceles concentra una parte relevante de la batalla electoral porque conecta la política exterior con el empleo, las exportaciones y la capacidad del Gobierno para proteger a los sectores productivos. Lula trató de restar importancia al posible daño económico de la medida estadounidense y sostuvo que Brasil puede compensar la pérdida de ventas buscando otros compradores. En ese contexto, afirmó que durante su mandato se han abierto «cientos de nuevos destinos comerciales», un argumento destinado a presentar la diversificación de mercados como respuesta a la presión de Washington.
La posición del presidente implica que el impacto del gravamen no debe medirse únicamente por el acceso al mercado estadounidense, sino también por la capacidad brasileña de redirigir sus exportaciones. Sin embargo, la existencia de nuevos destinos comerciales no elimina automáticamente los costes de transición: encontrar compradores, adaptar cadenas logísticas y mantener precios competitivos puede exigir tiempo y recursos. La discusión quedó planteada en términos políticos, con Lula defendiendo la autonomía económica del país y Bolsonaro intentando asociar al Gobierno con una gestión perjudicial para los productores.
El campo y los tipos de interés, en el centro del choque
Flávio Bolsonaro centró buena parte de su respuesta en su relación con el campo y las zonas agrícolas, un electorado decisivo por el peso de la agroindustria en la economía brasileña y por su influencia política en varias regiones. El senador acusó a Lula de «masacrar» al sector mediante unos tipos de interés elevados, que encarecen la financiación de las explotaciones, dificultan la inversión y pueden reducir el margen de los productores.
Bolsonaro también recuperó una declaración reciente que atribuye a su adversario, según la cual los agricultores deberían «arrodillarse» ante Lula por las inversiones realizadas por su Gobierno. «¿Por qué humilla a las personas, por qué trata tan mal al sector agrícola?», preguntó el candidato conservador durante el debate. La denuncia busca desplazar la discusión desde los resultados macroeconómicos hacia la relación política y simbólica entre el Ejecutivo y un sector que reclama crédito accesible, previsibilidad y menor presión financiera.
El intercambio revela dos lecturas enfrentadas de la política económica. Lula reivindica las inversiones públicas y la apertura de mercados como activos de su gestión, mientras Bolsonaro subraya el coste financiero de las decisiones económicas para agricultores y empresas rurales. Ninguno de los dos enfoques resuelve por sí solo el conflicto entre estimular la actividad mediante el gasto y contener la inflación y el coste del crédito, pero ambos candidatos lo han convertido en un eje de movilización electoral.
Una propuesta penal que eleva la tensión
Durante el debate, Bolsonaro formuló además una de sus promesas más contundentes al pedir que se elimine la edad mínima de responsabilidad penal para los violadores. El aspirante sostuvo que «lo ideal» sería que no existieran límites de edad para que quien cometa una violación «pague» por sus crímenes. La propuesta introduce un cambio radical en el tratamiento de los adolescentes acusados de delitos sexuales y fue presentada como parte de una política de tolerancia cero frente a la violencia.
El senador detalló que pretende reducir a los 14 años la edad de responsabilidad penal para que los adolescentes acusados respondan «como adultos» por estos hechos. También defendió la castración química como castigo. Estas medidas sitúan la seguridad y la protección de las víctimas en el centro del discurso conservador, pero al mismo tiempo abren un debate jurídico y de derechos fundamentales sobre la proporcionalidad de las penas, la reinserción de los menores y las garantías que deben regir cualquier proceso penal.
La iniciativa, tal como fue expuesta en campaña, combina una modificación de la edad de imputabilidad con una sanción de carácter irreversible o de efectos prolongados. Su viabilidad dependería de cambios legislativos y de su compatibilidad con el marco constitucional brasileño. El debate electoral, sin embargo, se concentró más en el mensaje de firmeza que en los procedimientos necesarios para aplicar una reforma de ese alcance.
La disputa por el crimen organizado
Bolsonaro prometió igualmente una «mano dura» contra el crimen organizado y acusó a Lula de situarse del lado de las principales facciones criminales del país. El senador quiere que esos grupos sean calificados como organizaciones «narcoterroristas», una denominación que pretende reforzar la respuesta estatal y ampliar la gravedad política y penal atribuida a sus actividades.
Lula no solo enfrenta los ataques sobre seguridad, sino también el intento de su rival de presentar la elección como una decisión entre continuidad y ruptura. En las últimas horas de campaña, la confrontación ha dejado en segundo plano la explicación detallada de las políticas públicas y ha favorecido mensajes capaces de movilizar emociones: soberanía frente a Estados Unidos, defensa del campo, castigo a los delitos sexuales y combate frontal contra las organizaciones criminales.
El resultado dependerá de la capacidad de cada candidato para convertir esas acusaciones y promesas en apoyo efectivo en las urnas. La recta final muestra una disputa estrecha en el discurso y profundamente polarizada, en la que las relaciones internacionales, el coste de la financiación agrícola y la seguridad pública funcionan como asuntos conectados por una misma pregunta electoral: quién ofrece mayor control sobre la economía y sobre el Estado frente a las amenazas externas e internas.