La regularización española abre un nuevo frente migratorio en la cumbre de la UEDinamarca, Polonia e Italia presionan para que las conclusiones del Consejo Europeo incluyan una advertencia contra medidas que puedan incentivar la inmigración irregular, en una alusión directa a la regularización aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tres países también quieren reforzar la coordinación de la Comisión Europea sobre las políticas nacionales, mientras la migración vuelve a dividir a los líderes reunidos en Bruselas.La iniciativa busca convertir el debate sobre la regularización española en una discusión más amplia sobre el margen de actuación de cada Estado miembro y el alcance de una política común. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, trató de rebajar la tensión al señalar que los cruces irregulares de las fronteras exteriores están en su nivel más bajo desde 2021, según las cifras citadas por él.Frederiksen cuestiona el efecto de la regularizaciónLa primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue la dirigente más crítica con España. Sostuvo que permitir la permanencia legal de personas que entraron irregularmente contradice una política migratoria que, según dijo, cuenta con amplio respaldo en Europa, y afirmó haber pedido a la Comisión que examine el asunto. Su intervención pone el foco en una preocupación compartida por los gobiernos más restrictivos: que una decisión nacional pueda ser interpretada como incentivo por quienes consideran migrar.Frederiksen también quiere que las conclusiones califiquen la migración irregular como delito y vinculen la inmigración con los índices de criminalidad. Son formulaciones políticamente sensibles, porque trasladan el debate desde el control de fronteras hacia la relación entre migración y seguridad. La información disponible no aporta datos que permitan valorar esa asociación; por ello, su inclusión en un texto común dependerá tanto de acuerdos políticos como de la precisión con que se redacten las conclusiones.Italia reclama vigilancia y prevenciónLa primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reclamó prevenir llegadas irregulares masivas, combatir la explotación de migrantes y aplicar el nuevo marco regulatorio europeo. También defendió mantener un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores y atender los riesgos de seguridad asociados a la inmigración irregular. Aunque las relaciones con Madrid parecían avanzar hacia una normalización tras el anuncio de negociaciones sobre controles en puertos y aeropuertos, sus declaraciones muestran que persisten diferencias de fondo.Dinamarca e Italia ya habían sido voces críticas con el Ejecutivo español durante la crisis migratoria de Ceuta. Polonia se suma ahora a la presión sobre la redacción de las conclusiones. La disputa no se limita, por tanto, a censurar una decisión concreta: enfrenta la defensa de competencias nacionales con la demanda de reglas comunes para evitar que políticas distintas produzcan efectos transfronterizos.Una coordinación difícil de traducir en consensoAntes de la cumbre oficial, varios gobiernos mantuvieron un encuentro informal para intercambiar propuestas sobre gestión migratoria. Entre los asuntos tratados figuraron la prevención de llegadas masivas e irregulares, la explotación de migrantes y la aplicación del nuevo marco europeo, incluida la posibilidad de abrir centros de deportación en terceros países. La relación de participantes difundida en la información enumera 18 países, aunque el texto la describe como un grupo de 17; esa discrepancia no altera el alcance político del encuentro, pero sí aconseja cautela al citar su tamaño.La presión tampoco se limitó a quienes participaron en esa reunión. El primer ministro checo, Andrej Babiš, criticó al Gobierno español a su llegada a Bruselas y afirmó que algunos políticos estarían dispuestos a sustituir a la población por inmigrantes para conservar el poder. Se trata de una acusación política, no de una conclusión respaldada por pruebas expuestas en la información disponible.El resultado de la cumbre dependerá de cuánto pueda acordarse sin presentar como posición unánime de la Unión lo que hoy son demandas de varios gobiernos. La cifra de cruces irregulares citada por Costa respalda el argumento de que el enfoque europeo está produciendo resultados, pero no resuelve la controversia sobre regularizaciones, responsabilidades nacionales ni retornos. La redacción final deberá conciliar esos planos si pretende fijar una orientación común sin convertir las conclusiones en una censura dirigida exclusivamente a España.

La regularización española abre un nuevo frente migratorio en la cumbre de la UEDinamarca, Polonia e Italia presionan para que las conclusiones del Consejo Europeo incluyan una advertencia contra medidas que puedan incentivar la inmigración irregular, en una alusión directa a la regularización aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tres países también quieren reforzar la coordinación de la Comisión Europea sobre las políticas nacionales, mientras la migración vuelve a dividir a los líderes reunidos en Bruselas.La iniciativa busca convertir el debate sobre la regularización española en una discusión más amplia sobre el margen de actuación de cada Estado miembro y el alcance de una política común. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, trató de rebajar la tensión al señalar que los cruces irregulares de las fronteras exteriores están en su nivel más bajo desde 2021, según las cifras citadas por él.Frederiksen cuestiona el efecto de la regularizaciónLa primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue la dirigente más crítica con España. Sostuvo que permitir la permanencia legal de personas que entraron irregularmente contradice una política migratoria que, según dijo, cuenta con amplio respaldo en Europa, y afirmó haber pedido a la Comisión que examine el asunto. Su intervención pone el foco en una preocupación compartida por los gobiernos más restrictivos: que una decisión nacional pueda ser interpretada como incentivo por quienes consideran migrar.Frederiksen también quiere que las conclusiones califiquen la migración irregular como delito y vinculen la inmigración con los índices de criminalidad. Son formulaciones políticamente sensibles, porque trasladan el debate desde el control de fronteras hacia la relación entre migración y seguridad. La información disponible no aporta datos que permitan valorar esa asociación; por ello, su inclusión en un texto común dependerá tanto de acuerdos políticos como de la precisión con que se redacten las conclusiones.Italia reclama vigilancia y prevenciónLa primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reclamó prevenir llegadas irregulares masivas, combatir la explotación de migrantes y aplicar el nuevo marco regulatorio europeo. También defendió mantener un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores y atender los riesgos de seguridad asociados a la inmigración irregular. Aunque las relaciones con Madrid parecían avanzar hacia una normalización tras el anuncio de negociaciones sobre controles en puertos y aeropuertos, sus declaraciones muestran que persisten diferencias de fondo.Dinamarca e Italia ya habían sido voces críticas con el Ejecutivo español durante la crisis migratoria de Ceuta. Polonia se suma ahora a la presión sobre la redacción de las conclusiones. La disputa no se limita, por tanto, a censurar una decisión concreta: enfrenta la defensa de competencias nacionales con la demanda de reglas comunes para evitar que políticas distintas produzcan efectos transfronterizos.Una coordinación difícil de traducir en consensoAntes de la cumbre oficial, varios gobiernos mantuvieron un encuentro informal para intercambiar propuestas sobre gestión migratoria. Entre los asuntos tratados figuraron la prevención de llegadas masivas e irregulares, la explotación de migrantes y la aplicación del nuevo marco europeo, incluida la posibilidad de abrir centros de deportación en terceros países. La relación de participantes difundida en la información enumera 18 países, aunque el texto la describe como un grupo de 17; esa discrepancia no altera el alcance político del encuentro, pero sí aconseja cautela al citar su tamaño.La presión tampoco se limitó a quienes participaron en esa reunión. El primer ministro checo, Andrej Babiš, criticó al Gobierno español a su llegada a Bruselas y afirmó que algunos políticos estarían dispuestos a sustituir a la población por inmigrantes para conservar el poder. Se trata de una acusación política, no de una conclusión respaldada por pruebas expuestas en la información disponible.El resultado de la cumbre dependerá de cuánto pueda acordarse sin presentar como posición unánime de la Unión lo que hoy son demandas de varios gobiernos. La cifra de cruces irregulares citada por Costa respalda el argumento de que el enfoque europeo está produciendo resultados, pero no resuelve la controversia sobre regularizaciones, responsabilidades nacionales ni retornos. La redacción final deberá conciliar esos planos si pretende fijar una orientación común sin convertir las conclusiones en una censura dirigida exclusivamente a España.

La regularización española abre un nuevo frente migratorio en la cumbre de la UE

Dinamarca, Polonia e Italia presionan para que las conclusiones del Consejo Europeo incluyan una advertencia contra medidas que puedan incentivar la inmigración irregular, en una alusión directa a la regularización aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tres países también quieren reforzar la coordinación de la Comisión Europea sobre las políticas nacionales, mientras la migración vuelve a dividir a los líderes reunidos en Bruselas.

La iniciativa busca convertir el debate sobre la regularización española en una discusión más amplia sobre el margen de actuación de cada Estado miembro y el alcance de una política común. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, trató de rebajar la tensión al señalar que los cruces irregulares de las fronteras exteriores están en su nivel más bajo desde 2021, según las cifras citadas por él.

La regularización española abre un nuevo frente migratorio en la cumbre de la UEDinamarca, Polonia e Italia presionan para que las conclusiones del Consejo Europeo incluyan una advertencia contra medidas que puedan incentivar la inmigración irregular, en una alusión directa a la regularización aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tres países también quieren reforzar la coordinación de la Comisión Europea sobre las políticas nacionales, mientras la migración vuelve a dividir a los líderes reunidos en Bruselas.La iniciativa busca convertir el debate sobre la regularización española en una discusión más amplia sobre el margen de actuación de cada Estado miembro y el alcance de una política común. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, trató de rebajar la tensión al señalar que los cruces irregulares de las fronteras exteriores están en su nivel más bajo desde 2021, según las cifras citadas por él.Frederiksen cuestiona el efecto de la regularizaciónLa primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue la dirigente más crítica con España. Sostuvo que permitir la permanencia legal de personas que entraron irregularmente contradice una política migratoria que, según dijo, cuenta con amplio respaldo en Europa, y afirmó haber pedido a la Comisión que examine el asunto. Su intervención pone el foco en una preocupación compartida por los gobiernos más restrictivos: que una decisión nacional pueda ser interpretada como incentivo por quienes consideran migrar.Frederiksen también quiere que las conclusiones califiquen la migración irregular como delito y vinculen la inmigración con los índices de criminalidad. Son formulaciones políticamente sensibles, porque trasladan el debate desde el control de fronteras hacia la relación entre migración y seguridad. La información disponible no aporta datos que permitan valorar esa asociación; por ello, su inclusión en un texto común dependerá tanto de acuerdos políticos como de la precisión con que se redacten las conclusiones.Italia reclama vigilancia y prevenciónLa primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reclamó prevenir llegadas irregulares masivas, combatir la explotación de migrantes y aplicar el nuevo marco regulatorio europeo. También defendió mantener un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores y atender los riesgos de seguridad asociados a la inmigración irregular. Aunque las relaciones con Madrid parecían avanzar hacia una normalización tras el anuncio de negociaciones sobre controles en puertos y aeropuertos, sus declaraciones muestran que persisten diferencias de fondo.Dinamarca e Italia ya habían sido voces críticas con el Ejecutivo español durante la crisis migratoria de Ceuta. Polonia se suma ahora a la presión sobre la redacción de las conclusiones. La disputa no se limita, por tanto, a censurar una decisión concreta: enfrenta la defensa de competencias nacionales con la demanda de reglas comunes para evitar que políticas distintas produzcan efectos transfronterizos.Una coordinación difícil de traducir en consensoAntes de la cumbre oficial, varios gobiernos mantuvieron un encuentro informal para intercambiar propuestas sobre gestión migratoria. Entre los asuntos tratados figuraron la prevención de llegadas masivas e irregulares, la explotación de migrantes y la aplicación del nuevo marco europeo, incluida la posibilidad de abrir centros de deportación en terceros países. La relación de participantes difundida en la información enumera 18 países, aunque el texto la describe como un grupo de 17; esa discrepancia no altera el alcance político del encuentro, pero sí aconseja cautela al citar su tamaño.La presión tampoco se limitó a quienes participaron en esa reunión. El primer ministro checo, Andrej Babiš, criticó al Gobierno español a su llegada a Bruselas y afirmó que algunos políticos estarían dispuestos a sustituir a la población por inmigrantes para conservar el poder. Se trata de una acusación política, no de una conclusión respaldada por pruebas expuestas en la información disponible.El resultado de la cumbre dependerá de cuánto pueda acordarse sin presentar como posición unánime de la Unión lo que hoy son demandas de varios gobiernos. La cifra de cruces irregulares citada por Costa respalda el argumento de que el enfoque europeo está produciendo resultados, pero no resuelve la controversia sobre regularizaciones, responsabilidades nacionales ni retornos. La redacción final deberá conciliar esos planos si pretende fijar una orientación común sin convertir las conclusiones en una censura dirigida exclusivamente a España.

Frederiksen cuestiona el efecto de la regularización

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue la dirigente más crítica con España. Sostuvo que permitir la permanencia legal de personas que entraron irregularmente contradice una política migratoria que, según dijo, cuenta con amplio respaldo en Europa, y afirmó haber pedido a la Comisión que examine el asunto. Su intervención pone el foco en una preocupación compartida por los gobiernos más restrictivos: que una decisión nacional pueda ser interpretada como incentivo por quienes consideran migrar.

Frederiksen también quiere que las conclusiones califiquen la migración irregular como delito y vinculen la inmigración con los índices de criminalidad. Son formulaciones políticamente sensibles, porque trasladan el debate desde el control de fronteras hacia la relación entre migración y seguridad. La información disponible no aporta datos que permitan valorar esa asociación; por ello, su inclusión en un texto común dependerá tanto de acuerdos políticos como de la precisión con que se redacten las conclusiones.

Italia reclama vigilancia y prevención

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reclamó prevenir llegadas irregulares masivas, combatir la explotación de migrantes y aplicar el nuevo marco regulatorio europeo. También defendió mantener un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores y atender los riesgos de seguridad asociados a la inmigración irregular. Aunque las relaciones con Madrid parecían avanzar hacia una normalización tras el anuncio de negociaciones sobre controles en puertos y aeropuertos, sus declaraciones muestran que persisten diferencias de fondo.

Dinamarca e Italia ya habían sido voces críticas con el Ejecutivo español durante la crisis migratoria de Ceuta. Polonia se suma ahora a la presión sobre la redacción de las conclusiones. La disputa no se limita, por tanto, a censurar una decisión concreta: enfrenta la defensa de competencias nacionales con la demanda de reglas comunes para evitar que políticas distintas produzcan efectos transfronterizos.

Una coordinación difícil de traducir en consenso

Antes de la cumbre oficial, varios gobiernos mantuvieron un encuentro informal para intercambiar propuestas sobre gestión migratoria. Entre los asuntos tratados figuraron la prevención de llegadas masivas e irregulares, la explotación de migrantes y la aplicación del nuevo marco europeo, incluida la posibilidad de abrir centros de deportación en terceros países. La relación de participantes difundida en la información enumera 18 países, aunque el texto la describe como un grupo de 17; esa discrepancia no altera el alcance político del encuentro, pero sí aconseja cautela al citar su tamaño.

La presión tampoco se limitó a quienes participaron en esa reunión. El primer ministro checo, Andrej Babiš, criticó al Gobierno español a su llegada a Bruselas y afirmó que algunos políticos estarían dispuestos a sustituir a la población por inmigrantes para conservar el poder. Se trata de una acusación política, no de una conclusión respaldada por pruebas expuestas en la información disponible.

El resultado de la cumbre dependerá de cuánto pueda acordarse sin presentar como posición unánime de la Unión lo que hoy son demandas de varios gobiernos. La cifra de cruces irregulares citada por Costa respalda el argumento de que el enfoque europeo está produciendo resultados, pero no resuelve la controversia sobre regularizaciones, responsabilidades nacionales ni retornos. La redacción final deberá conciliar esos planos si pretende fijar una orientación común sin convertir las conclusiones en una censura dirigida exclusivamente a España.