La decisión de Donald Trump de suspender temporalmente la aplicación de las sanciones contra Rusia aprobadas por el Congreso de Estados Unidos ha provocado reacciones enfrentadas entre Moscú y Kiev. Mientras el Kremlin la presenta como una oportunidad histórica para recuperar la cooperación económica bilateral, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostiene que Washington está debilitando una de las principales herramientas de presión disponibles para intentar detener la guerra.
Moscú interpreta el giro como una oportunidad estratégica
Kiril Dmítriev, emisario del Kremlin, calificó de “momento histórico” la suspensión de la llamada Ley Lindsey Graham, bautizada así en honor al fallecido senador republicano. En un mensaje difundido este sábado, afirmó que la Administración Trump había optado por sustituir “las sanciones y la confrontación” por la cooperación económica y la responsabilidad compartida sobre la estabilidad mundial.
Según Dmítriev, una aplicación plena de la ley podría haber paralizado prácticamente la cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos, con efectos negativos tanto para las dos economías como para los mercados internacionales. Su argumento refleja la prioridad de Moscú: preservar los canales comerciales y financieros que todavía puedan mantenerse abiertos, especialmente en un contexto de presión energética y de creciente tensión en torno al conflicto ucraniano.
El representante ruso también sostuvo que la cooperación económica contribuiría a generar confianza y a crear condiciones para una paz duradera. Sin embargo, esa interpretación parte de una premisa que Kiev rechaza: que la apertura económica puede favorecer la estabilidad mientras continúan los ataques rusos contra Ucrania. Para el Gobierno ucraniano, la relación entre comercio y paz funciona en sentido contrario cuando los ingresos derivados de esas operaciones pueden sostener la capacidad militar rusa.
Qué incluye la suspensión ordenada por Trump
Trump justificó la medida, adoptada mediante una orden ejecutiva, por razones de “interés nacional” estadounidense. La suspensión alcanza las sanciones dirigidas contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, así como determinadas restricciones financieras y comerciales. También contempla los aranceles previstos para productos rusos y para bienes procedentes de algunos países que compran hidrocarburos a Rusia.
Las exenciones permanecerán vigentes hasta que el propio presidente o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial de Estados Unidos, decidan adoptar nuevas medidas. La fórmula deja abierta la posibilidad de que las sanciones sean reactivadas, pero mientras tanto reduce la presión inmediata sobre sectores y actores relacionados con la economía rusa.
La orden se produjo después del acuerdo alcanzado por Trump y Vladímir Putin el 9 de octubre para facilitar el suministro de diésel ruso a los mercados internacionales. La iniciativa pretende contribuir a contener los precios de la energía y de los combustibles, aunque sus críticos consideran que el beneficio económico inmediato puede tener un coste político y estratégico mayor.
La respuesta de Kiev: una recompensa para el agresor
Zelenski cuestionó la suspensión en un momento especialmente delicado para Ucrania. El presidente afirmó que Rusia ha intensificado sus ataques contra instalaciones energéticas justo antes del invierno y que la paralización de las sanciones elimina presión cuando más necesaria resulta. A su juicio, aliviar las restricciones y facilitar ingresos procedentes de la venta de hidrocarburos puede animar al Kremlin a prolongar la ofensiva.
“Rusia intenta provocar un apagón en Ucrania”, sostuvo Zelenski, quien advirtió de que millones de ciudadanos podrían quedarse sin electricidad ni calefacción. El viernes, según recordó, las fuerzas rusas atacaron más de 15 instalaciones críticas de generación y transmisión eléctrica en distintas regiones ucranianas. La cifra ilustra el riesgo inmediato que Kiev atribuye a la campaña contra la infraestructura energética: no se trata únicamente de daños materiales, sino de una presión sobre la población civil ante la llegada del frío.
El mandatario ucraniano insistió en que la Ley Lindsey Graham todavía podría ser útil, pero solo si se aplica efectivamente. También pidió que en Estados Unidos se observe la situación sobre el terreno y que el debate sobre los precios energéticos no separe las decisiones comerciales de sus consecuencias militares.
Una batalla política dentro de Estados Unidos
El acuerdo sobre el diésel ruso no solo ha sido rechazado por Ucrania y la Unión Europea. Legisladores estadounidenses de ambos partidos han cuestionado sus posibles efectos, su compatibilidad con la legislación nacional y la posibilidad de que termine financiando la guerra rusa contra Ucrania.
En ese contexto, Gregory W. Meeks, congresista demócrata y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, presentó un proyecto de ley bipartidista para bloquear el acuerdo de compra e importación de diésel ruso. La iniciativa muestra que la controversia no se limita a la política exterior: también afecta al equilibrio entre las competencias del Ejecutivo, la autoridad del Congreso y la definición de lo que Washington considera interés nacional.
El choque entre Trump y sus críticos plantea una cuestión central. La reducción de las sanciones puede ofrecer un alivio puntual a los mercados y evitar presiones adicionales sobre los precios de la energía, pero también puede disminuir el coste económico de continuar la guerra para Moscú. Esa disyuntiva explica la distancia entre la lectura rusa, centrada en la cooperación, y la ucraniana, que interpreta la apertura como una concesión.
El efecto sobre la negociación y el invierno
La suspensión no equivale por sí sola a un acuerdo de paz ni elimina todas las restricciones existentes, pero modifica el entorno en el que se desarrollan las conversaciones y las operaciones militares. Para Ucrania, una presión menor reduce los incentivos rusos para negociar. Para Moscú, en cambio, la decisión puede ser una señal de que la Casa Blanca prioriza los intereses económicos y energéticos sobre una estrategia sostenida de aislamiento.
El impacto más inmediato se medirá en dos frentes: la capacidad de Rusia para mantener sus ingresos energéticos y la resistencia del sistema eléctrico ucraniano durante el invierno. Si el flujo comercial se normaliza mientras prosiguen los ataques, Kiev podría quedar ante una doble presión: daños crecientes en sus infraestructuras y menor disposición internacional a utilizar las sanciones como instrumento coercitivo.
La duración de las exenciones será, por ello, un dato decisivo. Trump conserva la facultad de modificar la orden, pero cada semana de suspensión puede alterar las expectativas de los mercados, de los aliados europeos y de los gobiernos implicados en el conflicto. La disputa ya no gira únicamente en torno a una ley de sanciones, sino a la dirección que tomará la política estadounidense: si utilizará el comercio como vía de estabilización o como una concesión que, según Zelenski, ofrece a Putin más motivos para prolongar la guerra.