El hallazgo del tercer fallecido en la Laguna del Inca cerró este jueves la fase más visible de un operativo que durante varios días estuvo condicionado por el hielo, la nieve acumulada y el riesgo de nuevos desprendimientos. La víctima fue localizada alrededor de una hora después de que se reanudaran las labores de búsqueda y retirada por buzos de la Armada Nacional, antes de ser trasladada al Servicio Médico Legal de San Felipe. Sus padres se encontraban en el lugar, aunque su identidad todavía no había sido comunicada.
El desenlace confirma la dimensión de una avalancha que el sábado 17 de octubre arrastró a un grupo de montañistas hacia las aguas de la laguna, en el sector cordillerano de Portillo, comuna de Los Andes. Tres personas murieron, dos hombres y una mujer, y otras cuatro resultaron heridas. Dos de los fallecidos fueron identificados como Magdalena Acuña Jiménez, de 56 años, y Rodrigo Peña Troncoso, de 36, ambos integrantes del Andino Club Pamir. El tercer cuerpo correspondía al excursionista cuya búsqueda se prolongó hasta este jueves.
Una tragedia construida por la acumulación de riesgos
El accidente no ocurrió en un escenario meteorológico ordinario. Un sistema frontal había dejado intensas nevadas en la cordillera, acumulando una cantidad de nieve que modificó las condiciones habituales del terreno. En zonas de alta montaña, esa acumulación no es un dato aislado: puede crear capas inestables, sobrecargar pendientes y transformar una ruta conocida en un espacio de peligro en cuestión de horas.
El grupo se dirigía hacia el cerro Los Tres Hermanos por un sector que, según las autoridades locales, no estaba habilitado. El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, indicó que existían carteles que advertían sobre la prohibición de ingreso debido al riesgo de avalanchas. También señaló que la temporada del Hotel Portillo había concluido el 12 de octubre y que el área ya no se encontraba abierta para esquiadores. Esa combinación de cierre operativo, señalización y condiciones meteorológicas plantea una pregunta central: hasta dónde alcanza la responsabilidad individual cuando una zona presenta restricciones explícitas y, al mismo tiempo, sigue siendo accesible físicamente.
La respuesta no puede reducirse a calificar el episodio como una simple imprudencia. La decisión de ingresar a un área cerrada puede haber sido determinante, pero la prevención de accidentes en la montaña depende también de la claridad de las advertencias, de la vigilancia efectiva, de la información meteorológica disponible y de la capacidad de respuesta de las instituciones. Cuando esos elementos fallan o son insuficientes, la libertad de los excursionistas se cruza con un sistema de seguridad que quizá no tiene herramientas para impedir el acceso ni para advertir con precisión sobre el cambio de las condiciones.
El rescate reveló una segunda frontera de peligro
La recuperación del último cuerpo mostró que la emergencia no terminó cuando cesó el desplazamiento de nieve. El domingo, los equipos debieron interrumpir la búsqueda porque la Laguna del Inca presentaba condiciones que comprometían a los propios rescatistas. El agua estaba congelada, había placas de hielo que impedían la navegación y el terreno subacuático no podía ser explorado sin conocer previamente su profundidad y los obstáculos existentes.
El delegado presidencial provincial Ricardo Figueroa explicó que la embarcación de la Armada tuvo dificultades para avanzar y que los buzos debieron romper el hielo para abrir paso a uno de los robots. El operativo de este jueves incorporó a 20 marinos, efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, personal del Ejército y Bomberos, además de dos embarcaciones y tres robots. La dimensión de esos recursos permite medir el costo material y humano de una búsqueda en un entorno donde cada maniobra puede generar un nuevo accidente.
La demora también ilustra una característica poco comprendida de los rescates de alta montaña: la urgencia no siempre permite actuar de inmediato. En tierra firme, suspender una operación puede parecer una pérdida de tiempo; bajo el hielo, con nieve inestable y visibilidad cambiante, puede ser la decisión que evita ampliar el número de víctimas. La prioridad de los equipos no consiste únicamente en encontrar a una persona desaparecida, sino en hacerlo sin exponer a buzos, pilotos, operadores y voluntarios a riesgos que no puedan controlar.
El impacto sobre el turismo de montaña
Portillo ocupa un lugar relevante en la actividad de nieve chilena y en el circuito turístico asociado a la cordillera central. La tragedia puede afectar esa imagen incluso si ocurrió fuera de un área habilitada y después del cierre de la temporada. Para el visitante promedio, la distinción entre una pista administrada, un sendero autorizado y una zona restringida no siempre resulta evidente, especialmente cuando el paisaje es continuo y las barreras físicas son limitadas.
El caso puede impulsar a centros de montaña y municipios a revisar cómo comunican sus cierres. Un cartel aislado tiene un efecto limitado si no indica con claridad el peligro específico, la extensión de la zona prohibida y las sanciones aplicables. La información debería actualizarse después de cada sistema frontal y reflejar que una ruta segura durante una semana puede volverse intransitable después de una nevada intensa. También sería razonable mejorar la coordinación entre administradores turísticos, autoridades locales, organismos de emergencia y clubes de montañismo.
La experiencia internacional muestra que el control del riesgo no depende solo de prohibiciones. En áreas alpinas de Europa y Norteamérica, los sistemas de alerta suelen combinar boletines de avalanchas, cierres dinámicos, mapas de peligro, balizas, controles de acceso y formación específica para quienes ingresan fuera de las zonas urbanizadas. Ninguna de esas medidas elimina el riesgo, pero reduce la posibilidad de que una persona interprete una advertencia general como una recomendación opcional.
En Chile, una mejora de ese tipo tendría efectos económicos además de preventivos. Una gestión más rigurosa puede proteger la reputación de los destinos de nieve, reducir la presión sobre los equipos de rescate y ofrecer mayor certeza a operadores, aseguradoras y visitantes. La seguridad no debería presentarse como un obstáculo para el turismo, sino como una condición básica de su continuidad.
La responsabilidad pública después de la conmoción
Las declaraciones del alcalde, que atribuyeron el hecho a una negligencia humana, expresan una preocupación legítima, pero no deberían cerrar el debate. Una investigación completa tendría que reconstruir la secuencia de decisiones: qué información meteorológica conocía el grupo, cuándo se decretó el cierre, cómo estaban instaladas las señalizaciones, si existían controles de acceso y qué protocolos se activaron tras la avalancha. También sería necesario determinar si el recorrido elegido era conocido por clubes o guías y si había antecedentes de ingreso habitual por esa zona.
Ese análisis debe evitar dos errores. El primero es responsabilizar exclusivamente a las víctimas sin examinar las condiciones institucionales que permitieron el acceso. El segundo consiste en suponer que una mayor presencia policial resolvería por sí sola el problema. La vigilancia puede disuadir, pero no reemplaza la educación de montaña, los sistemas de alerta ni la planificación territorial. Además, en áreas extensas y de difícil acceso, un control permanente resulta costoso y probablemente inviable.
La tragedia también pone a prueba la relación entre clubes de montañismo y autoridades. Las organizaciones deportivas pueden contribuir con protocolos de salida, registro de itinerarios, evaluación de condiciones y capacitación sobre nieve inestable. A cambio, necesitan canales oficiales de información que sean rápidos, comprensibles y técnicamente confiables. El conocimiento acumulado por los montañistas puede ser un recurso preventivo, siempre que exista una estructura formal para compartirlo.
Una lección para la gestión del riesgo climático
Las nevadas intensas y los cambios bruscos de temperatura agregan incertidumbre a los territorios cordilleranos. El problema no se limita a que haya más nieve, sino a que las condiciones pueden variar con rapidez y producir capas inestables, deshielos parciales o superficies congeladas difíciles de evaluar. En ese contexto, los protocolos diseñados para temporadas previsibles pueden quedar desactualizados.
La experiencia de Laguna del Inca debería traducirse en una revisión de los mapas de riesgo, los umbrales de cierre y los mecanismos de coordinación regional. También puede servir para mejorar la capacitación de excursionistas ocasionales, que a menudo cuentan con equipamiento deportivo pero no con conocimientos para interpretar una pendiente, una cornisa o una ruta sobre hielo. Tener experiencia física o haber recorrido previamente un sendero no equivale a comprender el riesgo de una montaña después de un temporal.
El hallazgo del tercer cuerpo permite concluir una búsqueda, pero no una discusión que apenas comienza. La avalancha dejó una pérdida irreparable para tres familias y una exigencia concreta para las instituciones: convertir un operativo excepcional en políticas permanentes de prevención. El objetivo no debería ser impedir toda actividad en la cordillera, sino establecer con mayor precisión cuándo, dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse. En una zona donde el atractivo turístico depende precisamente de la naturaleza, reconocer sus límites es parte esencial de la responsabilidad pública y privada.