El esquema que permite a elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) levantar infracciones de tránsito continuará en la Ciudad de México y operará en 15 de sus 16 alcaldías. La decisión prolonga una estrategia que nació como piloto rumbo al Mundial de Futbol de 2026 y que, tras una evaluación con autoridades locales, dejó de tener como horizonte inmediato su fecha de vencimiento original.
El respaldo de los gobiernos locales definió la continuidad
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que el programa fue revisado en la más reciente sesión de cabildos. Según explicó, se recabó la opinión de todos los alcaldes y alcaldesas y, de manera unánime, manifestaron su intención de mantenerlo. Ese respaldo constituye el principal fundamento político para prolongar la medida: la decisión no se limitó a la evaluación interna de la SSC, sino que incorporó a las autoridades de las demarcaciones donde se aplica.
Los alcaldes consideraron que el esquema ha contribuido a liberar espacio público. La valoración conecta las infracciones con un objetivo más amplio que sancionar incumplimientos: ordenar el uso de calles y espacios compartidos. Sin embargo, la información disponible no detalla indicadores, número de multas ni mediciones comparativas que permitan establecer cuánto ha cambiado la ocupación del espacio público o la conducta vial. La unanimidad expresa respaldo institucional, pero por sí sola no cuantifica los resultados.
Quince alcaldías, con una excepción
La expansión reciente a Tláhuac y Venustiano Carranza elevó a 15 el número de alcaldías incorporadas. Gustavo A. Madero es la única que permanece fuera del programa. Así, la medida abarca la mayor parte de la capital, aunque su aplicación no es universal. Esa diferencia hace relevante la coordinación entre los gobiernos locales y la autoridad central: una cobertura extensa depende de que cada demarcación sostenga los mecanismos operativos necesarios.
La estrategia fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de junio, con una lista inicial de 570 elementos autorizados para infraccionar. Ese registro se ha actualizado desde entonces, por lo que la cifra corresponde al listado difundido al inicio y no necesariamente al total vigente. La autorización de personal y la delimitación de sus funciones son piezas centrales para que un esquema extendido mantenga reglas claras y previsibles para conductores y agentes.
La coordinación será clave tras el plazo del piloto
Aunque el piloto tenía como límite el 31 de diciembre de 2026, la evaluación con las alcaldías llevó a determinar que continuará. Cada demarcación cuenta con un enlace para comunicarse con personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, responsable de coordinar las acciones relacionadas con la aplicación de sanciones. Ese canal busca articular el trabajo de los policías auxiliares y bancarios con el área especializada en tránsito.
La continuidad, por tanto, no solo amplía el alcance geográfico de las infracciones: convierte una experiencia temporal en una herramienta permanente, al menos sin una nueva fecha de cierre anunciada. El reto será sostener la coordinación y hacer verificables los resultados que justifican la medida. Por ahora, la SSC mantiene como propósito el ordenamiento vial y la recuperación de espacios públicos, mientras la exclusión de Gustavo A. Madero marca el límite territorial de una estrategia que ya funciona en casi toda la ciudad.