La amputación de la mano de un estudiante de 15 años tras la explosión de una granada aturdidora frente a su instituto de Lens ha convertido las protestas estudiantiles francesas en un nuevo examen sobre el uso de armas llamadas no letales. El adolescente fue trasladado al hospital el 5 de octubre, pero los médicos no pudieron salvarle la mano. Su madre presentó una denuncia y la investigación deberá determinar cómo se empleó el artefacto y si la respuesta policial fue proporcional a la situación.
El caso no aparece aislado. Tres días antes, un joven de 16 años perdió un ojo durante el bloqueo de un centro de secundaria en Tours. En Argenteuil, otro estudiante de la misma edad sufrió una pérdida parcial de visión tras recibir el impacto de un proyectil de goma LBD. Un alumno de 14 años resultó herido en la mandíbula por un lanzagranadas Cougar, utilizado habitualmente por las fuerzas antidisturbios para dispersar a los manifestantes.
La protesta escolar y el salto de la violencia
Las movilizaciones se han extendido por distintos centros educativos en rechazo a los recortes del Gobierno y en demanda de más financiación y personal. Sin embargo, la gravedad de las lesiones ha desplazado el foco: la discusión ya no se limita a las reivindicaciones de los estudiantes, sino que se centra en los medios empleados para contenerlos. El 17 de octubre, un joven de 17 años perdió la mano derecha por la explosión de una granada en Saint-Étienne; otros dos, de la misma edad, perdieron la visión de un ojo en Mulhouse y Dijon.
La sucesión de heridos ha producido también mensajes contradictorios desde el Ejecutivo. Después de la amputación en Lens, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció la suspensión de este tipo de armamento en el movimiento estudiantil. Más tarde autorizó su utilización en las protestas del 17 de octubre. Esa rectificación no solo alimentó la controversia política: hizo visible la ausencia de un criterio estable sobre cuándo una herramienta de dispersión deja de ser aceptable por el riesgo que impone a quienes participan en la concentración.
Por qué el armamento concentra las críticas
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Consejo de Europa reclaman desde 2019 la suspensión de los proyectiles LBD-40 y de las granadas GLI-F4. Estas últimas han sido sustituidas por las GM2L, pero la discusión persiste porque ambas familias combinan varios efectos: gases lacrimógenos, una detonación intensa, destello y dispersión de fragmentos. Anja Bienert, del Programa de Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, sostiene que los LBD-40 presentan problemas de precisión y que la formación y supervisión de los agentes no bastan para reducir el riesgo de impactos graves.
La objeción a las granadas es todavía más profunda. El gas pretende obligar a la multitud a alejarse, mientras que el estallido puede aturdir, desorientar o incapacitar a las personas. En determinadas circunstancias, explica Bienert, el mismo dispositivo dificulta la huida que supuestamente debería facilitar. La cuestión no es solo si un agente puede utilizar legalmente el arma, sino si el diseño del arma hace imposible controlar de manera razonable sus consecuencias en un espacio lleno de personas.
Una transformación que viene de lejos
Las lesiones actuales recuperan episodios que ya forman parte de la memoria reciente francesa. Durante las protestas de los chalecos amarillos, en 2018 y 2019, 32 manifestantes perdieron un ojo, según datos presentados en la Asamblea Nacional, y seis perdieron una mano de acuerdo con un estudio del sociólogo Matthijs Gardenier, de la Universidad de Montpellier Paul-Valéry. Jérôme Rodrigues fue uno de ellos: recibió un impacto en el rostro mientras sostenía un bocadillo y un teléfono en una protesta en París, en enero de 2019, y perdió el ojo derecho. El juicio contra el agente que disparó está previsto para junio de 2027.
Para el abogado Arié Alimi, de la Liga de Derechos Humanos, el mantenimiento del orden ha cambiado de objetivo. Según su interpretación, antes se intentaba mantener la distancia entre policías y manifestantes para evitar el contacto y reducir la violencia; desde hace aproximadamente quince años, las unidades intervienen con mayor proximidad y recurren con más frecuencia a herramientas capaces de causar lesiones permanentes. También señala la incorporación de unidades que no fueron concebidas específicamente para gestionar multitudes, como la Brigada Anticriminalidad o las Fuerzas de Seguridad e Intervención.
Ese proceso tiene raíces históricas. Alimi vincula la violencia policial contemporánea con la actuación de unidades creadas en los barrios populares durante las décadas de 1950 y 1960 y recuerda que algunas granadas utilizadas por las fuerzas de seguridad proceden de una tradición militar. La muerte de Rémi Fraisse, un ecologista de 21 años fallecido en 2014 por una granada OF-F1 durante una protesta contra una presa, llevó a prohibir ese modelo, que contenía explosivo. El antecedente muestra que la regulación suele llegar después de una tragedia, no antes de ella.
La prueba decisiva será la respuesta del Estado
El Gobierno ha anunciado un despliegue excepcional para la manifestación del 24 de octubre, con la participación de unidades como la RAID, la BRI, el GIGN y blindados Centaure. La decisión revela que las autoridades perciben las protestas como un problema de seguridad de alta intensidad, pero también puede profundizar la lógica de enfrentamiento que las organizaciones de derechos humanos cuestionan. Más efectivos y más capacidad operativa no resuelven por sí mismos el problema de la proporcionalidad.
La salida planteada por Alimi combina tres medidas: protocolos obligatorios de desescalada, prohibición de las armas que provocan mutilaciones y políticas económicas capaces de reducir la tensión social que alimenta las movilizaciones. La investigación de Lens deberá establecer responsabilidades concretas, pero el debate que ha abierto es más amplio. Cuando una herramienta destinada a dispersar termina provocando amputaciones y pérdidas de visión en menores, la pregunta deja de ser únicamente cómo se empleó. También alcanza a la decisión previa de mantenerla disponible.